La Jornada 3 de febrero de 1998

``Poner rostros'' a culpables del 68, buscarán diputados hoy ante Echeverría

Ciro Pérez Silva Ť La investigación sobre la matanza del 2 de octubre puede concluir hoy mismo, si así lo decide el ex presidente Luis Echeverría Alvarez, cuando se reúna por primera vez con la Comisión Investigadora del 68, sostuvo el presidente en turno de la misma, el panista Gustavo Espinosa Plata.

Menos optimismas, los diputados del PRD, Pablo Gómez Alvarez y Armando López Romero, coincidieron en señalar que de este encuentro ``no esperamos nada especial''. López Romero adelantó que para la entrevista con el ex presidente se preparó un cuestionario ``de entre 10 y 15 preguntas'', que tienen la intención de ``poner rostros y establecer responsabilidades'' sobre los hechos que tuvieron lugar no sólo el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, sino en todo el movimiento.

López Romero adelantó también que se reunirán con el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, para exigir que se abran los expedientes oficiales y que, de negarse a esto, tomarán las medidas legislativas necesarias para lograr la disponibilidad de toda la información, incluso aquella que está catalogada como de ``seguridad nacional''.

Comentó que en el Archivo General de la Nación un grupo de trabajo de la comisión comenzó la clasificación de más de 2 mil cajas que contienen parte de la documentación sobre el 68, ``pero hace unos días nos llamaron de Gobernación para decirnos que si queríamos seguir revisando los documentos, teníamos que contar con la anuencia del subsecretario de Gobierno, Jesús Salazar Toledano''.

Las preguntas preparadas por los integrantes de la comisión serían: ¿quién ordenó la intervención del Ejército? ¿quién ordenó la intervención del Batallón Olimpia? ¿quién ordenó borrar toda la información? ¿por qué el gobierno estuvo reticente al diálogo? ¿por qué habiéndose realizado la primera reunión la mañana del 2 de octubre, entre los representantes del Comité Nacional de Huelga y los representantes del gobierno, la respuesta de éste fue la matanza en la tarde del mismo día?, entre otras.

Otras inquietudes, como vincular el movimiento estudiantil con la guerra fría o el hecho de que el gobierno mexicano haya asegurado que el movimiento fue promovido y preparado desde Cuba y que, a pesar de ello, no haya retirado a su embajador o siquiera enviado una nota diplomática de protesta, serán también parte de los cuestionamientos que formularán los legisladores.

Con esta entrevista, informaron López Romero y Espinosa Plata, se inicia una serie de encuentros con ex funcionarios que tomaron parte en los hechos para recoger sus testimonios y en donde se incluyen entrevistas con jefes militares. En paralelo se llevarán a cabo conversaciones con dirigentes del movimiento estudiantil y testigos presenciales, que pretenden dar a conocer en marzo.

Hasta ayer se mantenía la propuesta, hecha expresamente por el ex presidente Echeverría, de que la prensa pueda acceder al encuentro, ``pero como observadores de palo'', sin embargo, entre los legisladores que integran la comisión existe la convicción de que no sería adecuado que se ``filtraran'' las respuestas del ex funcionario.

No habría inconveniente en abrir los archivos: Armando Domínguez

José Antonio Román Ť La Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada de investigar la matanza de 1968 en Tlatelolco no ha solicitado hasta ahora la apertura de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, afirmó el director del Archivo General de la Nación, el general de brigada Armando Domínguez Mendoza.

Consideró que la Defensa Nacional no tendría ningún inconveniente en abrir los archivos, aunque subrayó que esta responsabilidad sólo le corresponde al titular de la Sedena, Enrique Cervantes Aguirre.

Entrevistado brevemente al término de la exposición documental Nuestra frontera norte, el militar aclaró que la Sedena tiene su propio archivo, pero ``creo que hay la mejor disposición'' de abrir los archivos que se tengan sobre el tema.

Reacio a abordar el tema, Domínguez Mendoza insistió además que el plazo de 30 años del que se habla como fecha límite para abrir cualquier tipo de archivo es una ``costumbre'', porque no hay ninguna ley que lo establezca obligatoriamente.