La comisión creada por la Cámara de Diputados para esclarecer los hechos de 1968 tiene programado entrevistarse hoy con el ex presidente Luis Echeverría Alvarez, quien en ese tiempo se desempeñaba como secretario de Gobernación.

El encuentro mencionado, sin precedentes en la historia moderna del país, puede ser crucial para conocer los motivos por los cuales el poder público decidió encarar las protestas estudiantiles de hace 30 años con una política ferozmente represiva que culminó con la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, así como para develar la manera en que operó el equipo del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz para instrumentar la violencia de Estado con la que el Ejecutivo respondió a los reclamos de democracia del movimiento estudiantil.

Como jefe del gabinete diazordacista y responsable de la política interior, Echeverría Alvarez ocupó un lugar central en la formulación y en la aplicación de aquella política represiva. Pero debe quedar claro que la comisión legislativa mencionada que lo visitará hoy en su domicilio no tiene por objetivo atribuirle responsabilidades penales, sino simplemente lograr que el ex mandatario diga todo lo que sabe sobre la forma precisa en que ocurrieron las cosas dentro del gobierno.

Este objetivo no es baladí: a tres décadas de aquellos hechos trágicos que marcaron de manera indeleble el rumbo político del país, son muchos los aspectos oscuros y muchos los datos que la opinión pública desconoce acerca del accionar institucional.

Cabe señalar, entre algunas de esas incógnitas, los papeles desempeñados en la represión por el Ejército y por la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), perteneciente a la Secretaría de Gobernación y ubicada, por ello, bajo la responsabilidad de Luis Echeverría; la forma en que se sometió al Poder Judicial para hacerlo instrumento de la persecución política; la posición de factores externos, como la embajada de Estados Unidos y los gobiernos de Europa del Este, y la forma en que las protestas y su violenta erradicación incidieron en el proceso de sucesión que colocó al propio Echeverría en la Presidencia de la República.

En los treinta años transcurridos desde el 68, estos y otros temas han dado lugar a múltiples especulaciones de diverso signo, pero hasta ahora la sociedad no dispone de información puntual y precisa sobre ellos.

Conoce, únicamente, múltiples testimonios sobre la intensidad de la violencia gubernamental contra los estudiantes y sobre la magnitud de la persecución política que se abatió contra ellos y contra los dirigentes sociales y políticos que apoyaron sus demandas.

El despejar esas y otras incógnitas constituye una tarea fundamental de cara a la sociedad, una deuda histórica que debe ser saldada y una aportación necesaria a la aún incipiente normalización democrática en la que está empeñado el país.

Sólo cabe esperar que, en su encuentro de hoy con los legisladores, el ex mandatario llegue hasta el fondo en la importantísima parte que le corresponde de ese deber de esclarecimiento.