Protesta la diócesis de Tijuana por el cateo a una casa de hermanos maristas

Jorge Alberto Cornejo, corresponsal, Tijuana, BC, 2 de febrero Ť En los dos últimos meses las autoridades federales antidrogas en Baja California han realizado un total de 90 cateos en propiedades presuntamente vinculadas con el narcotráfico, y en específico con la organización de los hermanos Arellano Félix.

El operativo más reciente se llevó a cabo el pasado fin de semana cuando se inspeccionaron 18 domicilios, entre ellos la casa de una comunidad religiosa de los hermanos maristas ubicada en la colonia Las Palmas de la delegación municipal de La Mesa.

Allí, los agentes federales esperaban encontrar droga y armas, pero a cambio se encontraron con una docena de frailes asustados, uno de los cuales tuvo que ser hospitalizado tras la introducción de varios hombres armados a su dormitorio, lo que le produjo una deficiencia cardiaca.

El religioso Diego Gutiérrez Jiménez se mantenía internado el pasado fin de semana en el hospital privado Del Prado en la habitación 107-B, en donde se le atendía además de algunos golpes que habría recibido durante el operativo, reveló una fuente del nosocomio.

Vecinos de los religiosos informaron a este diario que la madrugada del sábado varios hombres armados arribaron al lugar ``tumbando puertas'', estuvieron allí unos minutos y luego se retiraron.

Respecto al incidente, el vicario de la diócesis de Tijuana, Sergio de la Cerda, emitió un comunicado en donde se expresa agraviado por la actitud de la PGR al ``quebrantar los derechos fundamentales como ciudadanos y miembros de una responsable comunidad religiosa''.

De la Cerda, quien se reunió hoy con el delegado de la PGR en la entidad, el general militar con licencia José Luis Chávez García, señaló que no es la primera vez que las autoridades policiacas realizan este tipo de actos injustos que han afectado a familias de la comunidad, por lo que no es posible tolerarlos más.

El prelado exigió en una carta al gobernador del estado, el panista Héctor Terán Terán, y al alcalde José Guadalupe Osuna Millán, que se realicen las investigaciones pertinentes sobre los hechos del pasado sábado, y se den a conocer los resultados a la opinión pública.

Por su parte, en conferencia de prensa, este lunes el delegado de la PGR, Chávez García, señaló que en todos los cateos que se efectuaron el pasado fin de semana se actuó con apego a la ley en cumplimiento a órdenes de cateo obsequiadas por el juez federal séptimo de distrito, Juan José Ortega.

El funcionario indicó que se tenía información respecto a la presencia de estupefacientes y armas en distintas propiedades ubicadas en Tijuana, Mexicali y Ensenada, y por eso se efectuaron las inspecciones.

El funcionario reconoció que al momento de efectuar el cateo en la casa de los hermanos maristas se desconocía que ellos la habitaban y que sí se ingresó por la fuerza al violar la chapa de la puerta principal del inmueble.

Chávez García informó que en otros de los domicilios cateados el sábado, se aseguraron cuatro metralletas AR-15, un rifle y tres pistolas que le fueron encontradas al agente de la Policía Judicial del Estado Saúl Montes de Oca, quien quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

Asimismo, dijo, se confiscaron diversos documentos y fotogra-fías, además de una credencial de un comercio por membresía a nombre de Pablo Carrillo Fonseca.

De acuerdo con el funcionario, los ca- teos fueron ordenados por los ministerios públicos de la delegación con base en denuncias ciudadanas sobre movimientos sospechosos relacionados con la venta de estupefacientes.

En este sentido, se informó que semanalmente la delegación estatal de la PGR recibe entre 150 y 200 denuncias anónimas alertando sobre posibles centros de venta de estupefacientes.