Aunque con retraso, un abrazo a Jaime Avilés

El gobierno cree que está en vías de resolver el conflicto en Chiapas. En sus cálculos, éste se resolverá --por lo que se refiere a los controvertidos acuerdos de San Andrés-- en la próxima sesión ordinaria del Congreso de la Unión (15 de marzo a 15 de junio), cuando PRI y PAN hagan suya la propuesta de reformas constitucionales que el gobierno de Zedillo está dispuesto a reconocer sobre los dichos Acuerdos.

La afirmación anterior se funda en la siguiente hipótesis: En paralelo con la estrategia de contrainsurgencia (cercos militares a las zonas zapatistas y grupos paramilitares para dividir y aterrorizar a los posibles simpatizantes del EZLN), el gobierno de Zedillo ha seguido una política de postergación del cumplimiento y de la traducción legal de los acuerdos de San Andrés, para cumplir --esto sí, y puntualmente-- con su papel de garante de los grandes capitales (principalmente extranjeros) interesados en el territorio chiapaneco y zonas aledañas.

La estrategia de contrainsurgencia ya ha sido demostrada con datos y testimonios suficientes, y por ahora no es necesario insistir en ella. La estrategia complementaria, en cambio, requiere de nuevas líneas de interpretación, a la luz de algunos hechos significativos desde finales de 1996.

Ante la cercanía de las elecciones de 1997, el gobierno habría de rechazar la propuesta de la Comisión Nacional de Concordia y Pacificación (Cocopa) sobre la traducción jurídica de los acuerdos de San Andrés. La idea del gobierno fue, sin duda, impedir que el EZLN ocupara un lugar estelar en el periodo preelectoral y evitar que la cuestión indígena fuera a distraer tanto al Congreso de la Unión como a los electores, en momentos en que al gobierno federal le interesaba convertir a los partidos políticos y a las elecciones (es decir, lo institucional) en foco de atención de la opinión pública nacional y extranjera. La manera de hacer realidad esta estrategia fue cuestionar todo y montarse en el burro de la inflexibilidad, avalada por juristas de muy dudosa consistencia de principios.

Ante los resultados electorales del 6 de julio del año pasado, con los que el gobierno de Zedillo perdió no sólo el control del Distrito Federal sino el de la Cámara de Diputados, se diseñó una estrategia múltiple con la que se intentó anular a la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), incluso con un atentado contra Samuel Ruiz (su presidente), y minimizar a la Cocopa que, por ser de nueva integración en su mayor parte --a partir de la toma de posesión de los nuevos senadores--, comenzaría a actuar después de las vacaciones de diciembre, pese a los sucesos de Acteal. Estos, quizá, no estaban planeados en la magnitud que tuvieron, pero Zedillo aprovechó la situación --y la indignación nacional y mundial-- para sustituir a su secretario de Gobernación y, de paso, recuperar la interlocución de la Secretaría de Gobernación (mediante nuevo secretario) con los partidos y, por tanto, encontrar acercamiento con el PAN.

El nuevo secretario de Gobernación continuó con la lógica de minimizar a la Cocopa (incluso tratándola con ostensible descortesía), mientras Zedillo lograba acuerdos con el presidente del PAN en Los Pinos. La idea era, sin duda, evitar que los panistas de la Cocopa pudieran influir en la bancada respectiva del Congreso de la Unión. (Con la minimización de la Cocopa se obstruía también la posible influencia de sus miembros priístas, principalmente de los ``galileos'', en la ya de por sí dividida bancada del PRI). En otros términos, con una Cocopa minimizada, la disciplina partidaria en el Congreso correría a cargo de los dirigentes partidarios (del PRI, of course, y del PAN), previo convencimiento de que los acuerdos de San Andrés no deberían de ser convertidos en ley por lo que respecta a autonomías, nuevas entidades de derecho público y usufructo de recursos naturales.

De esta forma, Zedillo ha logrado que PRI y PAN, una vez más, se subordinen al Ejecutivo, en este caso a su política para Chiapas, y dejar que sea en el Congreso de la Unión donde se discuta su propuesta y, según los cálculos, ésta se apruebe con la mayoría calificada que formarían los priístas y los panistas juntos. A cambio --¿por qué no pensarlo, si ya han habido otras concertacesiones?--, se le reconocerá al PAN su posible triunfo en Yucatán (24 de mayo) y se llevarán a cabo algunos arreglos en Puebla. Zedillo, por supuesto, dirá que él es respetuoso del Poder Legislativo y que lo que resulte en éste de los acuerdos de San Andrés no es su responsabilidad.