El informe dado a conocer ayer por el jefe del gobierno urbano, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, sobre el estado en que recibió la administración de la ciudad es una amarga, dolorosa e irritante confirmación de una situación que casi toda la sociedad capitalina sabía, pero de la cual no tenía datos fehacientes: el hecho de que el Departamento del Distrito Federal había sido utilizado no como un instrumento de gobierno al servicio de los habitantes de la ciudad, sino como fuente de enriquecimiento ilícito y otorgamiento de apoyos gubernamentales al partido oficial por parte de equipos de funcionarios y servidores públicos cuyas características, según el actual gobernante, recuerdan ``al crimen organizado''.

La más indignante de las múltiples irregularidades reveladas por Cárdenas Solórzano es, sin duda, la deuda de corto plazo por mil millones de pesos contraída por la anterior administración, y de la cual ésta no informó al grupo de enlace del nuevo gobierno. Tal endeudamiento, efectuado por Oscar Espinosa Villarreal y sus colaboradores con cargo al presupuesto citadino de 1998, coloca a la ciudad en números rojos, afectará severamente los programas de trabajo de las nuevas autoridades y perjudicará, a fin de cuentas, al conjunto de los capitalinos.

Los actos de mal gobierno reseñados ayer por Cárdenas -manejo patrimonial y partidista de los bienes públicos, falsificación sistemática de documentos, en algunas áreas desvío y dispendio de recursos, falta de concordancia en las cuentas, alteración o ausencia de registros, desaparición de equipos y, al menos en el caso de la Secretaría de Gobierno, evidencia de sustracción de archivos de las oficinas públicas, entre otros- explican, en buena medida, la acumulación agobiante de conflictos de toda suerte en la ciudad de México.

Con gobiernos tan corruptos, ineficientes, indolentes y dispendiosos como los que durante muchas décadas impuso el poder presidencial a los habitantes de la capital, sólo el civismo y el estrecho tejido social de éstos puede explicar que la urbe no se encuentre en una situación incluso peor que la que padece.

De cualquier forma, es gravísimo el daño causado por los ex gobernantes urbanos a esta capital y a la credibilidad de las instituciones nacionales en general. La viabilidad misma de la ciudad, la gobernabilidad del país y la consolidación de la incipiente normalidad democrática requieren que se investigue a fondo el cúmulo de desmanes dado a conocer por Cárdenas Solórzano, se establezcan los probables delitos y se sancione conforme a derecho a los responsables.

Por el contrario, acceder a la sugerencia del líder priísta del Distrito Federal, Manuel Aguilera, en el sentido de que las autoridades y la sociedad se hagan de la vista gorda ante el desaseo y la inmoralidad que campearon en el pasado inmediato de la administración urbana -que no otra cosa indica su expresión de ``elevar las miras menos hacia atrás y más hacia adelante''- implicaría que todos, gobernantes y gobernados, se convirtieran en cómplices y encubridores de la corrupción y del abuso de poder.