Quizá hoy se sepa al cabo qué hizo la Cocopa con las 20 cuartillas y una canción desesperada que le entregó el gobierno federal, con el EZLN como destinatario final. Hablemos de formalidades. Uno no abre, ciertamente, ni se entera del contenido de una carta que se comprometió a entregar a otro intermediario para que éste, a su vez, la hiciera llegar a una cuarta persona. Eso sería, cuando menos, falta de educación y transgresión de las reglas de la urbanidad.

Pero si despersonalizamos el incidente y observamos que el remitente es oficial, que los dos intermediarios no son simples correveidiles (tienen un papel tan bien definido como se puede, dadas las circunstancias), que el EZLN ha obtenido el tratamiento de grupo inconforme en armas, que el horno no está para bollos y que una paz justa en Chiapas es de extrema urgencia, entonces hay que acelerar los procedimientos. Y parece no haber mucha prisa, salvo en quienes padecen la guerra sucia, quizá porque se cuenta equivocadamente con una retrospectiva de 500 años de agitada paciencia.

Evidentemente, la Cocopa es parte interesada como instancia coadyuvante y más porque el documento, a juzgar por el título, propone algo. ¿Qué propone? Cualquier cosa que enmiende sustancialmente los acuerdos de San Andrés, significaría una retractación respecto de asuntos ya negociados y recogidos en una iniciativa de ley elaborada por la propia Cocopa y sería, por tanto, en desmedro de su autoridad. ¿Acaso recibió el sobre cerrado y lacrado? No, porque entonces no se habría hecho público que se trata de cuatro propuestas con muchos incisos en alrededor de 20 cuartillas.

La Cocopa, a diferencia de cualquier otro modesto mensajero, está obligada a coadyuvar, a conocer a fondo el documento, a analizarlo, a formarse una opinión sobre lo que en él se propone y a contrastarlo con su iniciativa de ley. Supongamos que la Cocopa ya ha hecho todo eso con las 20 cuartillas, o que está haciéndolo. Si a su juicio las propuestas enmendadas no concuerdan en esencia con lo que se negoció y firmó en San Andrés, debiera regresarlas al remitente acompañadas de serios razonamientos legales y políticos que justifiquen plenamente su proceder. Pero si las enmiendas son de orden menor (precisiones jurídicas que perfeccionen la idea de lo convenido, signos ortográficos, etcétera), entonces no habría que preocuparse tanto por el carácter necesariamente furtivo del procedimiento, y las formalidades mismas podrían ser más flexibles.

Mientras no sean públicamente conocidos, lo cierto es que se teme que los cuatro puntos en 20 cuartillas dejen muy desmejorada la iniciativa preparada por la Cocopa desde el 29 de noviembre de l996, es decir, hace más de un año. ¿Por qué? Sencillamente porque se trata de propuestas muy fuera de las normas de negociación establecidas por mutuo consentimiento, y que por ello obligan a pensar en su índole derogatoria, de retractación. Desde luego, la responsabilidad de ello no es de las instancias de coadyuvancia e intermediación, sino del gobierno federal. No obstante, dichas instancias deben proceder en este delicado negocio con un enérgico deslinde, de manera que no resulten averiadas en cuanto a una autoridad moral que presumiblemente va a seguir necesitándose. Porque, ¿qué va a pasar si Marcos rechaza el documento?

Por lo demás, en vez de ardides duplicadores de documentos y de enmiendas tardías y sospechosas, el presidente Zedillo, en un laudable acto de autoridad como jefe del Ejecutivo, debiera enviar cuanto antes a los legisladores la iniciativa de ley de la Cocopa, y nada más que ésta. Tal vez reconocer la autonomía de los indígenas sea algo duro de roer, y tal vez los demasiados incisos pretendan desinflarla o de plano negarla; sin embargo, esa autonomía no es un salto al abismo. Si hay un salto, es a la historia, y al lado de los mejores gobernantes, lo que, andando el tiempo, haría olvidar su origen y similitudes salinistas. En cuanto a la autonomía propiamente dicha, no puede entenderse a lo simple como algo que lloverá sobre las colectividades indígenas al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Es un proceso complejo, prolongado y múltiple, como ha sido en otras partes, que se irá ajustando, quizá hasta jurídicamente, con la participación de los indígenas y del resto de esa sociedad nacional con la que aquéllos se han igualado hace tiempo en cuanto a explotación, hambre y miseria.