El nuevo gobierno capitalino enfrenta una compleja situación en el campo de la vivienda popular. De un lado está la magnitud creciente de las necesidades, la complejidad del sistema de actores sociales que en él se mueven y su cultura priísta llena de rasgos oscuros o reprobables y la situación de pobreza extrema de la mayoría de los demandantes; del otro, los límites estrechos y locales de su acción, la escasez de recursos, la herencia de una administración deforme, ineficiente y plagada de corrupción, y un muy corto tiempo para actuar.

La coyuntura de cambio de gobierno introduce otros ingredientes: el afán del PRI y el PAN de enfrentar al gobierno con sus bases, ``demostrar'' su presunta ineficacia y crear ``ingobernabilidad'', con la mira hacia las elecciones del 2000; la esperanza desbordada de los pobres que creen llegada la hora de que se les resuelvan de un día para otro sus reales necesidades; aquellos líderes populares que se creen con derecho a heredar los antiguos privilegios; y los especuladores de siempre que esperan que ``a río revuelto, haya ganancia de pescadores''.

Es urgente que se formule la política alternativa de vivienda que se aplicará durante los próximos tres años y, esperamos, más allá del año 2000. Ella tendrá que ser innovadora, integrada y multidireccional, coordinada en todas las esferas e instancias involucradas, basada en análisis rigurosos del problema real y, sobre todo, con un amplio sentido social, de transformación urbana. El componente sociopolítico debe reemplazar equilibradamente a todo aquello inoperante de las viejas y desgastadas prácticas tecnoburocráticas incompatibles con las nuevas condiciones.

La legislación sobre vivienda en renta, sobre condominio y tenencia de la tierra debería ser modificada en un instrumento legal único, apegado a la realidad urbana y social, y que sirva a la transformación estructural de la ciudad y a la búsqueda de la justicia social y la equidad distributiva. Ella debería a la vez garantizar la protección de la reserva natural de la ciudad, la regulación del crecimiento urbano, la orientación adecuada de la localización de las acciones de vivienda, la garantía real del cumplimiento del derecho a la vivienda y el encuentro de fórmulas de conciliación que eviten el actual conflicto entre legalidad y realidad y el uso de la violencia como única salida.

Los programas estatales tendrían que dirigirse fundamentalmente hacia los sectores de bajos ingresos y aplicar la solidaridad colectiva a través de los subsidios diferenciales. La participación ciudadana en ellos, puede y debe ser integral, incluyendo el diseño y aplicación de las políticas y su evaluación; no puede ser reducida a la fórmula desgastada e injusta del uso de los ciudadanos como mano de obra barata o no pagada. Las instituciones públicas no pueden seguir siendo simples instrumentos subordinados de las empresas privadas.

Son necesarias acciones democratizadoras que suponen un cambio sustancial de actitudes y prácticas de todos los actores, empezando por quienes se dicen instrumentos de la revolución democrática y copartícipes del nuevo gobierno: desmantelamiento del corporativismo, del signo político que sea; supresión de la función de gestoría realizada como negocio económico y político por los líderes; erradicación rápida de la corrupción de los funcionarios, las empresas y los intermediarios.

Asimismo, la relación directa gobierno-ciudadano, sin afectar el derecho y la importancia de la organización social; prevención de las necesidades para evitar la formación de conflictos, y eliminación de la violencia, mediante la negociación abierta, transparente, pública.

El objetivo integrador de esta política alternativa debe ser convertir a la vivienda popular promovida por el sector público en un eficaz instrumento de la reestructuración urbana: preservando a toda costa el patrimonio natural y cultural de la capital; orientándola hacia el uso más racional de las áreas urbanizadas y dotadas de infraestructura básica, social y cultural; buscando la desconcentración ordenada de la actividad económica y el empleo hacia las áreas urbanas integradas del anillo externo y, al mismo tiempo, promoviendo la retención y recuperación de población residente en las áreas centrales.

Estos serían algunos aspectos de lo que demanda la ciudadanía, lo que sugiere la investigación y lo que conviene a la democracia real con un objetivo de justicia social.