La sesión del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) del 30 de enero de 1998 ha sido muestra de un proceso de ciudadanización que continúa, con algunos tropiezos, pero mantiene una dirección firme hacia la consolidación de su autonomía. Se decidió que los convenios administrativos que celebran los gobiernos de las entidades de la República para el uso del padrón electoral en todos sus detalles técnicos, sean conocidos por los consejeros antes de ser firmados; todos los partidos fueron sancionados por ``faltas administrativas'', algunos debido a deficiencias en los informes respecto del financiamiento público que otorga el IFE, otros porque usaron recursos para fines que no fueron los adecuados, pero en todos los casos quedó claro que la decisión se tomó con base en un análisis objetivo de los datos ofrecidos por los partidos. Este hecho es de gran trascendencia dado que uno de los problemas más graves para el desarrollo de la democracia en México es la falta de equidad en los recursos a disposición de los partidos, de ahí que una fiscalización cuidadosa sea indispensable.

Finalmente se aceptó la renuncia del secretario general del IFE, Felipe Solís Acero, quien fue fundador de esa institución en 1991 y ha desarrollado una impecable carrera de servicio, de eso no hay lugar a duda. Pero por sus vínculos con administraciones pasadas, así como por las tensiones que se crearon durante el proceso electoral de 1997, se había planteado desde hace tiempo la necesidad de un cambio en la estructura ejecutiva del IFE.

Todavía quedan en el país muchas regiones, a veces entidades completas como es el caso de Chiapas, donde será necesario revisar a fondo los procedimientos administrativos, la capacitación de los funcionarios electorales, inclusive la estructura electoral. La tarea del IFE para el año 2000 no es sólo de administración eficiente, será también una tarea de educación y promoción de una nueva cultura política que deberá enfrentarse a estructuras de poder antiguas que se oponen a los cambios.

Hay que recordar la historia para entender el porqué de las diferencias de opinión y apreciar la importancia de las decisiones que se están tomando. De 1946 hasta 1996, nada menos que cincuenta años, la autoridad electoral estuvo bajo el control directo del Presidente de la República, dado que el secretario de Gobernación fue el presidente, primero de la Comisión Federal Electoral, y de 1991 en adelante, del Consejo General del IFE. La prolongada subordinación de los órganos electorales a los poderes ejecutivos, tanto del Presidente como de los gobernadores, propició un manejo poco escrupuloso de los procesos electorales que impidió el ejercicio del sufragio por parte de los ciudadanos y frenó el desarrollo de los partidos políticos.

De ahí que la reestructuración de los órganos electorales que se logró como resultado de la reforma electoral de 1996, fue un gran triunfo para todas las fuerzas democráticas del país. No es gratuita la legitimidad que adquirió el nuevo IFE en el proceso electoral de 1997. Sin embargo, sin disminuir los méritos alcanzados a lo largo de ese proceso, es necesario reconocer que la ciudadanización no se ha llevado a sus últimas consecuencias, además, como toda institución el IFE es perfectible.

Al ser aprobada la ley electoral en 1996 quedaron varios problemas pendientes de resolver, porque ya no había tiempo para hacer cambios administrativos, pero el compromiso fue proseguir los cambios después, modificando la estructura interna de la institución: dar todo el poder a un Consejo General integrado por personas ajenas a las direcciones de los partidos, pero también a las estructuras gubernamentales y dar al Consejo General todo el poder para tomar decisiones sobre la administración interna del IFE, lo cual incluye evidentemente a todos los funcionarios ejecutivos.

Estas consideraciones también sirven para entender la dificultad para encontrar un candidato para ocupar el cargo de secretario general que sea aceptado por consenso, dado que en buena medida tendrá en sus manos la organización de la elección del año 2000. Este hecho demuestra las virtudes del proceso de ciudadanización: es mejor esperar a resolver las diferencias por consenso que imponer soluciones de fuerza.