Zedillo: nadie por encima de la ley; la impunidad se combatirá con todo

Rosa Elvira Vargas, enviada; Manuel Munguía y Luz María Rivera, corresponsales, Boca del Río, Ver., 4 de febrero Ť En las leyes se encuentra el fundamento de todo lo que une a los mexicanos y son, además, la medida justa y el marco idóneo para resolver las controversias y dar cauces a la convivencia pacífica, aseguró el presidente Ernesto Zedillo, durante su vigésima gira de trabajo por Veracruz.

En la apertura de la Octava Jornada Notarial Iberoamericana, el titular del Ejecutivo planteó que todos, sin excepción, deben contribuir a edificar en México un auténtico país de leyes que permita cumplir las metas legítimas de los grupos sociales, económicos y políticos. Ofreció que su gobierno seguirá tomando las medidas a su alcance para, en el marco de la legalidad, fortalecer el estado de derecho y combatir decididamente toda forma de criminalidad e impunidad.

Con una audiencia de más de 800 notarios provenientes de 25 países, Zedillo insistió que en México se busca una cultura de apego a la ley, en la que nadie esté por encima del derecho. Asimismo, resaltó la necesidad de una constante y cuidadosa revisión de los instrumentos jurídicos, sobre todo en el marco de una economía de mercado, y la intensidad, diversidad y amplitud de los intercambios entre individuos y naciones.

Más tarde, en la zona portuaria de Veracruz, el Presidente asistió a una reunión para medir el avance del desarrollo de este puerto. Ahí, dijo que lo logrado en materia de transformación y movimiento de cargas demuestra que cuando el cambio se hace necesario, ``conviene más impulsarlo decididamente desde el principio que oponerse a él''.

Ahí, anunció que la próxima semana se publicará la convocatoria para licitar la tercera línea troncal más importante del país, que incluye la ruta México-Veracruz-Coatzacoalcos, con opción de compra de otras líneas cortas de ferrocarril en la península de Yucatán, y recalcó que el desarrollo portuario del país requiere una perspectiva integral que incluya la conexión con las diversas formas de transporte para contar con un sistema multimodal.

La estancia de hoy en Veracruz incluyó también una escala en Poza Rica, la única de las grandes ciudades del estado con gobierno priísta, y a diferencia de la gira presidencial del 6 de enero, cuando algunos de los que buscan la candiadatura del PRI a la gubernatura se dejaron ver en todos los actos, en esta ocasión brillaron por su ausencia. Sin embargo, no faltó quien recordara que el asesor jurídico de la Presidencia, Germán Fernández Aguirre, presente en la comitiva, también es veracruzano, y de inmediato le radicaron posibilidades para la nominación.

Asignación de recursos

Ernesto Zedillo firmó en Poza Rica el Convenio de Desarrollo Social para este año, al cual se destinarán mil 504 millones de pesos, de los cuales cerca de 832 millones se asignarán al Fondo de Infraestructura Social Municipal del nuevo Ramo 33 del presupuesto federal.

Destacó que la distribución de ese presupuesto entre los municipios ``corresponde a condiciones de marginación y pobreza en cada uno'' y, para el caso de los 210 ayuntamientos veracruzanos, se sumarán además 497.5 millones para el fondo de fortalecimiento municipal, ``distribuidos conforme a su población total, para que eso les permita avanzar en muy importantes tareas, como la seguridad pública y su saneamiento financiero''.

Y aunque aquí no se firmó un documento específico para la nueva etapa del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), Zedillo anunció que, este año, ese instrumento de apoyo a grupos marginados pasará de 70 mil 246 familias a 245 mil, y de 80 a los 210 municipios del estado.

Poza Rica, ciudad de vieja alcurnia petrolera, organizó para la visita presidencial un ruidoso acto en el que trabajadores de Pemex hicieron retumbar las porras que tanto usan y tan bien les salen, pero que al término del acto no lograron acallar el reclamo por energía eléctrica y otros servicios que lanzaron los colonos, instalados en la parte superior del auditorio municipal, al que fueron llevados por sus lideresas.

Por la mañana, en el puerto de Veracruz, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Carlos Ruiz Sacristán, informó que en los últimos tres años se han invertido en esta terminal portuaria 721 millones de pesos, de los cuales 63 por ciento corresponde a capital privado y el resto a la Administración Portuaria Integral. El propio Zedillo había resaltado que hace seis años los volúmenes de carga manejados en este puerto se habían estancado y los rezagos en la incorporación de tecnología, equipos y sistemas eran ``francamente graves''.

Hoy, apuntó, Veracruz está en posibilidad de atender la demanda esperada en los próximos diez años, pues en 1997 este puerto alcanzó la cifra más alta de manejo de carga en toda su historia, casi diez millones de toneladas, y tiene capacidad instalada para quince millones.

El titular de la SCT informó también que este año la Administración Portuaria Integral invertirá 140 millones de pesos en obras de ampliación de las áreas de almacenamiento y en la construcción de la escollera norte y un nuevo muelle para cementos y graneles, entre otras obras. Además, en el segundo trimestre del año se licitará la construcción de una nueva terminal de usos múltiples, que tentativamente se ubicaría en Alvarado.

La iniciativa privada, por medio de Anselmo Estandía, director de Terminal de Cargas Especializadas, agradeció las oportunidades de inversión que han tenido en este puerto, mientras que Guillermo Torres Flores, de la Corporación Integral de Comercio Exterior, señaló que ``ahora en Veracruz nos encontramos a un trabajador distinto totalmente al de 1991 (cuando se decretó la requisa de las instalaciones portuarias); un obrero dedicado a su trabajo, que no espera dádivas, actitudes corruptivas (sic), y que aunque pertenece a sindicatos, sabe que su organización está para defender sus intereses legítimos''.

Mientras esto ocurría, en el zócalo una veintena de ex trabajadores portuarios despedidos a raíz de la requisa que realizó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se instalaron con mantas y pancartas para reclamar liquidaciones justas por sus, en algunos casos, veinte años de trabajo. Los finiquitos han sido tan bajos, argumentan, que incluso algunos han optado por salidas drásticas como el suicidio.