La salida de Jesús Miyazawa Alvarez de la Dirección de la Policía Judicial de Morelos, y su presentación ante el Ministerio Público Federal por la posible vinculación de decenas de elementos de esa corporación con organizaciones criminales, ilustra el grado de descomposición que afecta a la Procuraduría de Justicia y a los cuerpos policiales de esa entidad, un fenómeno que ha venido afectando a Morelos desde hace varios años, y que ha sido señalado de manera persistente por organismos de promoción de los derechos humanos, luchadores sociales, partidos políticos y medios de información.

Ciertamente, esta situación es anterior a la llegada de Jorge Carrillo Olea al gobierno de la entidad, pero ha de admitirse que en la administración presente, en materia de policía y delincuencia, las cosas en Morelos han empeorado a ojos vistas. El nombramiento mismo de Miyazawa Alvarez, por ejemplo, suscitó en su momento protestas y advertencias sobre la inconveniencia de encomendar la tarea de combatir la delincuencia a un funcionario que fue señalado por muchas voces como represor y violador de los derechos humanos durante su paso por la Policía Judicial del Distrito Federal. Por su parte, el procurador estatal, Carlos Peredo Merlo, no ha quedado exento de graves imputaciones durante el lapso que lleva en el cargo.

Por lo que hace a la generalidad de las corporaciones policiales morelenses, el descrédito de sus efectivos entre la población ha abonado el fortalecimiento de tendencias indeseables y peligrosas, como los frecuentes linchamientos de presuntos delincuentes en diversas comunidades, cuyos habitantes saben que entregar a sus agresores a la policía es, en la mayoría de los casos, el preludio para que los delincuentes cobren impunidad.

Por otra parte, el involucramiento de agentes policiacos de Morelos con bandas de secuestradores ha sido desde hace mucho tiempo, en la entidad referida y en otras, un secreto a voces.

Ciertamente, el clima de inseguridad que impera en el estado tiene causas profundas en lo social, en lo económico y en lo político, pero la corrupción y la ineficiencia de las policías estatales, sumadas al accionar claramente delictivo de no pocos de sus integrantes, ha llevado ese fenómeno a niveles exasperantes y angustiosos.

Por desgracia, ha tenido que ocurrir un hecho tan espeluznante como el episodio de dos comandantes y un efectivo de la Policía Judicial estatal que fueron descubiertos por la Federal de Caminos cuando pretendían deshacerse de un cadáver, para que el gobernador y la Procuraduría General de la República tomaran cartas en el asunto de la descomposición policial en Morelos. El tema ha cobrado ya relevancia nacional, en la medida en que la procuraduría de Guanajuato ha aportado testimonios que incriminan a efectivos morelenses como cómplices de secuestradores.

En estas circunstancias, es claro que la PGR tiene ante sí el deber de llevar a cabo una investigación rigurosa, satisfactoria y a fondo sobre todo el aparato de procuración de justicia de Morelos, y de llevar a juicio a los delincuentes que se encuentran incrustados en él, sin importar su rango o nivel. Por su parte, la administración de Carrillo Olea está obligada, de cara a la sociedad morelense y a todo el país, a emprender un saneamiento y una moralización de gran escala en las corporaciones policiales de la entidad.