Anuncia el EPR campaña insurgente por una nueva Constitución

Matilde Pérez U., enviada, en algún lugar de la Huasteca, 5 de febrero Ť El gobierno federal se niega a cumplir los acuerdos de San Andrés porque su intención es profundizar la ofensiva política y militar contra el EZLN, para obligarlo a renegociar lo firmado y forzarlo al desarme. Ante ello, el EPR inició a partir de ayer, dijo el comandante José Arturo, una ``campaña insurgente por nuevos Constitución, constituyente y pacto social''.

Durante la campaña que el EPR llevará a cabo en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Tabasco, valle de México, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas difundirá que la masacre de Acteal, en Chenalhó, es la continuación de la guerra sucia contra los pueblos indígenas que luchan por la autonomía. También hará un llamado de unidad al EZLN, a los grupos armados que aún no se han manifestado públicamente, a las fuerzas políticas de izquierda y a la sociedad.

Durante una sencilla ceremonia conmemorativa por el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, en la que estuvieron presentes más de un centenar de hombres y mujeres indígenas con el rostro cubierto y una treintena de insurgentes armados, el comandante José Arturo y la teniente Adela leyeron una declaración política de 17 puntos, la mitad de ellos dedicados al conflicto chiapaneco; en el resto, el EPR pide a la sociedad entender ``la legitimidad de los procesos de autodefensa armada revolucionaria'', e insiste en que se requiere una nueva Constitución para plasmar los acuerdos de San Andrés.

Tanto en el comunicado como en entrevista posterior, el comandante José Arturo aclaró que las comunidades indígenas que apoyan al EPR iniciarán la promulgación de ``territorios insurgentes y de sus propias leyes, ligadas a los acuerdos de San Andrés'', porque los apoyan ``y es lo mínimo que esos pueblos merecen''. Al resto de las comunidades indígenas les pidió manifestarse en torno al diálogo suspendido, y al gobierno escuchar y ``someterse a la voluntad popular'' para terminar con el conflicto armado, de lo contrario éste adquirirá ``mayores dimensiones'', con sus respectivas consecuencias.

Al gobierno federal y en particular al gobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco, les aclaró que ``la estructura del EPR no está rota'' en ninguno de los estados donde han hecho actos de presencia, y advirtió que ``no subestimen'' su capacidad de respuesta.

Sin embargo, puntualizó, el EPR no sólo le apuesta a las armas y por eso está dispuesto a participar en un proceso de pacificación nacional si el gobierno da señales claras de que está dipuesto a ello. Por el momento no existen éstas, y eso les hace suponer que el país podría verse envuelto en una mayor violencia social y política.

El EPR, acotó, está dispuesto a establecer un diálogo con la sociedad como lo propuso el Centro de Investigaciones Históricas del Movimiento Armado; en tender puentes de comunicación con la sociedad, por eso la propuesta del pasado 20 de abril para que se conforme una comisión de la verdad, la cual tendría que estudiar la situación actual del estado de derecho.

Descartó la posibilidad de un diálogo con el gobierno, ya que ``el incremento de la militarización en el país y la presión sobre las bases del EZLN revelan su política perversa''.

Insuficientes, los espacios democráticos

Al acto del grupo armado se llegó luego de una caminata de tres horas por la noche y una larga espera de más de medio día. Durante la larga conversación en un claro de la selva, donde destacaba la manta ``Campaña insurgente por una nueva Constitución'', y donde las mujeres erigieron una ofrenda de muertos en honor de los 45 indígenas asesinados en Acteal, ambos mandos del EPR aceptaron que, en el contexto nacional, la lucha armada no es aún el modo fundamental de manifestación del descontento popular pero, justificaron, ``sí una forma legítima y necesaria de defensa ante la agresión sistemática contra los pueblos indígenas, campesinos y de otros sectores de la población''.

Tras considerar que en el país hay un desarrollo político desigual, el comandante José Arturo comentó que los espacios democráticos que se han abierto por decisión del pueblo son utilizados por el Estado para para aparentar una normalidad democrática; empero, ``en el país el estado de derecho está roto''.

En su análisis de la actual coyuntura electoral y las perspectivas para el 2000, expuso que se reactivará la lucha social, habrá una recomposición de las fuerzas políticas de izquierda y se agudizará la pugna entre los grupos gubernamentales que tratan de dar continuidad al proyecto neoliberal y los que intentan retomar las banderas del nacionalismo revolucionario para tratar de darle salida al conflicto armado que hay en el país. Pero, aseguró, a éste ya se le agotaron los tiempos y no constituye una opción real para el pueblo.

Durante el proceso electoral de este año ``se agudizará la pugna entre la parte más dura dentro de la clase gobernante y la menos dura, pero ninguna de las dos son alternativa ni solución. Por otra parte, habrá una recomposición de las fuerzas de izquierda, ya que están inmersas en una reflexión histórica que las obliga a buscar nuevos modelos y formas para solucionar los problemas existentes''.

El EPR, abundó, apoyará desde la ``autodefensa armada'' la apertura de nuevos espacios democráticos, aunque no cree que los resultados de los procesos electorales que favorezcan a la izquierda sean un ``elemento fundamental para terminar con las diferencias entre los dos México''.

-Si gana la izquierda en el 2000, ¿piensan deponer las armas?

-Tendría que darse un conjunto de condiciones. Que gane un sector democrático posiciones dentro del gobierno; es importante, pero eso o consolida nuevas formas de dominación política o constituye verdaderamente una transición a la democracia. En la medida en que el triunfo de la oposición de izquierda garantice una solución real a los problemas, creemos que se abren posibilidades para darle una salida pacífica y política al conflicto armado interno. Pero si la política desarrollada por las fuerzas de oposición democrática en el gobierno no satisfacen las necesidades, estaremos agotando un periodo histórico en el que la salida será que el pueblo recupere de manera real el ejercicio de su soberanía, y eso implica un nuevo constituyente, nueva Constitución y nuevo gobierno, a los cuales nosostros nos subordinaríamos.

-¿Hay una luz al final del túnel?

-Debe tomarse en cuenta que no sólo se trata de México, sino que los rumbos que tome el destino nacional con el pueblo están acotados por los intereses de los capitales extranjeros y difícilmente permitiría esa posibilidad. Esa luz al final del túnel sí la vemos, pero parpadea, no es algo en lo que podamos decir que confiamos. De darse estaríamos en proceso de unidad, del rescate de la soberanía popular, del pueblo en un movimiento armado revolucionario de izquierda que represente sus intereses.

Niega la Limeddh vínculos con el EPR

Triunfo Elizalde Ť La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), solicitó la intervención inmediata de la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura de Naciones Unidas y el Observatorio Internacional de Prisiones, debido a que Diódoro Carrasco Altamirano y Roberto Pedro Martínez Ortiz, gobernador y procurador general de Justicia de Oaxaca, junto con Evencio Nicolás Martínez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), han hecho manifestaciones públicas en las que afirman que dicha ONG forma parte del EPR.

Adrián Ramírez López y Angélica Ayala Ortiz, presidente y vicepresidenta de la Limeddh, luego de negar ``categóricamente cualquier vínculo con el EPR'', manifestaron su preocupación de que los gobiernos estatal y federal pudieran llevar a cabo acciones intimidatorias o de abierta represión contra activistas de la liga que investigan, y denunciaron violaciones oficiales en contra de los derechos humanos de grupos étnicos, ``sobre todo zapotecas de la región Loxicha'', lo cual incomoda a las autoridades.