La Jornada 6 de febrero de 1998

Esencial, mantener la gobernabilidad, dice

José Gil Olmos y Rosa Elvira Vargas, enviados, y Manuel Enríquez, corresponsal, Querétaro, Qro., 5 de febrero Ť Frente a las posibles reformas constitucionales que puedan derivarse de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, advirtió que nadie puede exigirle al Poder Ejecutivo que presente un proyecto de ley y garantice ``la realización de una reforma que le corresponde a otro de los poderes del Estado mexicano''.

El Congreso de la Unión ``es soberano'', aseveró en la ceremonia de celebración del 81 aniversario de la promulgación de la Constitución. Asimismo, destacó el compromiso del gobierno federal por continuar el diálogo nacional para la reforma del Estado y mantener la gobernabilidad del país, como condición indispensable del proceso democrático.

El secretario de Gobernación, orador oficial en el Teatro de la República, donde se reunieron la mayoría de los gobernadores, el presidente Ernesto Zedillo y el gabinete en pleno, dedicó tres párrafos al tema de Chiapas. Afirmó que en la propuesta de ley sobre derechos y cultura indígenas que se discute desde hace más de un año y medio ``parece olvidarse que las iniciativas para las reformas legislativas pueden ser presentadas por el titular del Poder Ejecutivo, o por los integrantes del Poder Legislativo, o por las legislaturas de los Estados''.

El orador quiso destacar que al Congreso de la Unión le corresponde legislar y que, para transformar un proyecto de reforma en decreto de ley, se necesita el voto favorable de la mayoría calificada del propio Congreso y de las legislaturas de los estados.

``Respecto de las posibles reformas constitucionales que deberán derivarse de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, es conveniente recordar el espíritu y la letra de nuestra Constitución'', estableció Labastida Ochoa.

Luego de expresar la posición del gobierno federal en cuanto a la discusión sobre la iniciativa de ley de derechos y cultura indígenas, elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) con base en los acuerdos de San Andrés, Labastida advirtió que la Constitución ha sido sensible a la demanda de transformación. ``Los mexicanos hemos demostrado que no le tememos a los cambios políticos, económicos y sociales'', opinó.

La democratización, inviable sin la gobernabilidad

No obstante, afirmó que, para alcanzar los grandes objetivos nacionales, se debe mantener la gobernabilidad.

``El país necesita tener la certeza de que su desarrollo jamás será interrumpido. En esto consiste la gobernabilidad; es el medio efectivo para consolidar la democracia'', señaló luego de sostener que para asegurar la gobernabilidad ``es necesario diseñar y ejecutar una estrategia que nos permita encauzar con certidumbre la normalidad democrática que México requiere y demanda, con la suficiente estabilidad política y social que lo haga realmente efectivo''.

Asimismo, expresó que democratización y gobernabilidad no son necesariamente procesos concurrentes y, por lo tanto, ``nos corresponde hacerlos coincidir''.

La democratización, dijo ``es inviable sin la gobernabilidad. Esta carece de sentido si no está orientada hacia la democracia, el crecimiento económico sostenido y el desarrollo social''.

La gobernabilidad, insistió, ``requiere prever los mecanismos indispensables que eviten que la nueva realidad rebase la norma y que esta se anticipe para dar una conducción serena hacia donde el pueblo la quiere llevar''.

Sobre la reforma del Estado, el secretario de Gobernación refrendó el compromiso del presidente Ernesto Zedillo en cuanto a emprender un amplio diálogo nacional con la participación de los gobiernos estatales y municipales; con los legisladores, los partidos políticos, las organizaciones sociales y los empresarios.

``El gobierno de la República propone que esta reforma sea un proceso acorde con los principios con que nos hemos constituido: un ejercicio políticamente incluyente y de amplio espectro social'', afirmó.

L reforma del Estado debe fortalecer al Estado mexicano y a los poderes públicos y las instituciones, renovar la cooperación de los tres poderes de la Unión, dar vigor y expresión plena a un nuevo federalismo, hacer del municipio libre la célula básica de la organización gubernamental y recoger el legítimo derecho de la participación ciudadana para reflejar, de mejor manera, los cambios que vive el país y los que se desea efectuar.

Al finalizar, Labastida Ochoa habló de hacer de la Constitución un instrumento para el cambio, para la reforma del Estado y para preservar lo fundamental: la unidad de los mexicanos.