Pasado criminal en dos directores de la SSP, acusa asambleísta

Raúl Llanos Samaniego Ť El vicepresidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Víctor Manuel Soto Camacho, dijo ayer que por lo menos dos mandos superiores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que formarían parte de la hermandad de policías, están relacionados con hechos ilícitos como la venta de estupefacientes, robo, lesiones y abuso de autoridad, y que a pesar de que las procuradurías General de la República y de Justicia del Distrito Federal iniciaron las investigaciones del caso, nunca se conocieron los resultados.

Rodomiro Ruiz Rodríguez, segundo superintendente y actual director de la región II centro, así como Pablo Jaime Mendoza Alvarez, también segundo superintendente y hoy titular de la región III oriente de esta ciudad, son los mandos señalados por el diputado y quienes tuvieron diversas comisiones y cargos ``durante la siniestra y temible'' administración de Arturo Durazo Moreno. El primero estaría activo desde 1970 y el segundo a partir de 1975.

El legislador pidió que a esos funcionarios se les suspenda de sus cargos y sean sometidos ``a una profunda, vasta e imparcial investigación'', ya sea para que queden definitivamente fuera de toda sospecha o bien para que se les sancione por la responsabilidad y cargos que pudieran resultarles.

En el caso de Ruiz, con clave policiaca Apolo, precisó: ``según constancias que deben obrar todavía en los archivos de la PGR, de conformidad con la averiguación previa 246/MPINCD/95, mediante oficio MET/064/95, de fecha 26 de enero de 1996, fue citado a declarar en relación con la supuesta venta de drogas prohibidas por y entre elementos bajo su mando.

``Acerca de este asunto, se ignoran los resultados de las investigaciones del Ministerio Público Federal adscrito al desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), lo cual debe aclararse debidamente en atención a las graves responsabilidades que desempeña''.

Por lo que hace a Mendoza, clave Dragón, destacó que ``de conformidad con la averiguación previa 6327/93, le resultó orden de aprehensión como presunto responsable en la comisión de los delitos de robo, lesiones y abuso de autoridad en pandilla, habiéndose consignado el expediente ante el juzgado 15 de lo penal, bajo el número de partida 95/93.

``Se ignora la suerte que corrió el proceso judicial correspondiente, cuando al parecer y quedando por confirmarse la versión, existe el antecedente de que en el año de 1997 estuvo involucrado en hechos de sangre y por lo cual pasó alrededor de un año de encarcelamiento preventivo'', indicó.

De hecho, Soto Camacho mostró una copia de la orden de aprehensión que giró la titular del juzgado 15, Leticia Elie Peralta, el 15 de julio de 1993, al entonces procurador general de Justicia del Distrito Federal, Humberto Benítez Treviño, para que se cumpliera el caso y se proporcionaba la dirección del aludido, a quien debería trasladársele al Reclusorio Oriente.

Frente a estos hechos, el diputado consideró que ``resulta indispensable que las autoridades competentes investiguen los casos, ya que de ninguna manera deben ser silenciados o pasados por alto, sin contemplaciones ni concesiones de ninguna especie''.

Luego de hacer esta denuncia pública, el perredista responsabilizó de cualquier agresión a su persona, familiares o bienes a los ``siniestros personajes que integran la dichosa hermandad y cuya identidad es ya, en gran medida, del conocimiento público''.