La Jornada 7 de febrero de 1998

Los manifestantes de Querétaro querían cohechar al gobernador: SG

Alonso Urrutia, Juan Manuel Venegas y Elizabeth Velasco Ť El secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, calificó de ``bastante preocupantes'' los sucesos violentos -de ``barbarie'', precisó- ocurridos el pasado jueves en Querétaro, y subrayó que está ``convencido de que el país regresará al régimen de derecho'', si se estructura un plan de seguridad para todo el país que genere resultados en el corto plazo.

Labastida Ochoa enfatizó que ante la gravedad del problema se determinó que la Procuraduría General de la República atraiga la investigación al fuero federal para aplicar la ley con todo rigor. En tal sentido, adelantó que hoy por la mañana se reunirá con el procurador general de la República, Jorge Madrazo, para evaluar los avances en la investigación.

Por su parte, los presidentes nacionales de PRD y PAN, Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa, respectivamente, ``lamentaron'' los sucesos violentos en Querétaro, en tanto que el coordinador parlamentario del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, señaló que fue una muestra más de la ingobernabilidad ``a la que nos pretende arrastrar un gobierno sin conducción''.

Entre tanto, legisladores de PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados condenaron enérgicamente los hechos de violencia contra miembros del gabinete presidencial. Arturo Núñez, coordinador del PRI, demandó la aplicación de todo el rigor de la ley.

A su vez, la Confederación Patronal Mexicana señaló que la violencia sólo genera más violencia, por lo que uno de los reclamos más sentidos de la ciudadanía es la seguridad pública y la paz. En tal sentido demandó el ``desarme de paramilitares: los del EZLN y los no zapatistas''.

Para reconstituir la paz es indispensable el desarme, subrayó el organismo patronal y agregó que la ley promulgada para que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional pudiera usar armas era sólo de carácter transitorio para poder dialogar, pero al perpetuarse el problema generó mas violencia, pobreza y marginación en el estado.

La versión de Labastida

El secretario de Gobernación manifestó que en los sucesos de Querétaro los agentes de seguridad del estado fueron rebasados ``no por la cantidad del contingente, sino por su belicosidad, pues estaban armados de barras y fierros''.

-¿Qué significan para la seguridad nacional estos sucesos?

-No sólo para la seguridad nacional, para el país este acto de barbarie es reprobable. Tratar de resolver un problema por la vía violenta no sólo lo debemos reprobar, sino que no lo debemos permitir -respondió Labastida Ochoa.

-¿No hubo la suficiente seguridad?

-Fueron rebasados -enfatizó.

Por la tarde, entrevistado afuera de sus oficinas una vez que recibió al presidente en turno de la Cocopa, Luis H Alvarez, el secretario de Gobernación precisó que la seguridad del presidente de la República, Ernesto Zedillo, era responsabilidad del Estado Mayor Presidencial, pero el acordonamiento de la zona le correspondía a los granaderos de la policía estatal.

El funcionario aseguró que entre los diversos grupos que se manifestaron a las afueras del Teatro de la República, uno pretendió chantajear al gobernador del estado, Ignacio Loyola, con un millón de pesos para no hacer manifestaciones violentas ese día.

Reacciones en los partidos

Para el dirigente perredista, los acontecimientos, además de lamentables, tienen también que ver con la política ``del no ceder, con la política de no aceptar la nueva realidad del país, con la política de querer mantener a como dé lugar la nueva realidad que vive el país''.

López Obrador deslindó a su partido de las agresiones sufridas por el gabinete, pues en ellas sólo participaron organizaciones sociales. ``Se trató de un movimiento espontáneo que no quiero juzgar, pero sí quiero decir que no debe repetirse, pues las cosas deben resolverse por medio del diálogo''.

A su vez, Calderón Hinojosa exigió que la autoridad estatal y federal apliquen todo el rigor y el peso de la ley y consignen a los responsables de los hechos violentos.

Deslindó al gobierno panista de Querétaro, encabezado por Ignacio Loyola, de cualquier versión que pretenda involucrarlo, pues quienes promovieron la agresión pertenecen a grupos políticos que estaban recibiendo millonarios recursos de los queretanos para beneficiar a unos cuantos líderes, pero les fueron suspendidos.