Hay indicios de que en el estado de Morelos se ha tergiversado la política criminal, hasta el grado de poner en marcha una estrategia de ``gestión'' o ``administración'' del crimen, soslayando el objetivo propio de la persecución y prevención del delito. En opinión de Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), el escándalo en el que se confirmó que funcionarios, comandantes y agentes de la Procuraduría de Justicia son responsables de actos criminales, obliga a cuestionar en México la política criminal, de justicia y de seguridad pública.

El 9 de diciembre ACAT, la Comisión Independiente de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos ``Don Sergio'', llevaron a cabo, juntamente con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Poder Legislativo, la mesa redonda titulada ``Desaparición forzada, tortura e impunidad en Morelos'', cuya memoria fue dada a conocer hace un par de semanas. Lo allí expuesto revela la práctica sistemática de graves violaciones a los derechos humanos, y nos ayuda a profundizar en los motivos de la inseguridad prevaleciente, agravada por la falta de justicia. La semana pasada se conoció la participación material del Grupo Antisecuestros de la Procuraduría del estado, incluyendo al comandante Armando Martínez Salgado, en el secuestro, tortura y ejecución de José Nava Avilés, de cuyo cadáver pretendían deshacerse. El caso es investigado por la PGR, que ha prometido ``llegar a fondo''.

Uno de los saldos ha sido la renuncia del ex militar Jesús Miyazawa, director de la Policía Judicial, quien hace años participó en la Dirección Federal de Seguridad, de triste memoria, y en la PGJDF, de donde salió debido a la participación de sus subordinados en el asesinato de un detenido. Las investigaciones prometidas deben incluir la responsabilidad por acción u omisión de otros funcionarios, sin obviar al mismo procurador del estado.

La participación directa de Martínez Salgado confirma las denuncias que ciudadanos morelenses y organismos civiles de derechos humanos habían hecho: la complicidad de miembros de la Procuraduría con los secuestradores; la existencia de casas de seguridad que fungían como cárceles clandestinas y lugares de reclusión de secuestrados, y la tortura como método de investigación judicial. Estas denuncias se sustentan en casos como los de José Alberto Guadarrama García, Aureo Mendoza, Bertha Vázquez, Jorge Aragón, y los hermanos Barragán Serratos, entre otros. Los defensores de derechos humanos sabemos que entre el secuestro y la práctica de la desaparición forzada y la tortura, hay sólo un paso.

La constante impugnación que durante los últimos años se ha hecho de la militarización de la seguridad pública, fue evitada en Morelos pese a la formación militar del gobernador. Aparentemente éste permitió en cambio un esquema de combate a la delincuencia de aplicación selectiva, en el que por algún motivo se permitió el desarrollo de cierta criminalidad, en este caso la llamada ``industria del secuestro''.

En el vecino estado de Guerrero, el secuestro era una práctica relativamente común, que se incrementó en Morelos durante los últimos años, irradiándose de allí a Puebla y el estado de México.

A pesar de sus reducidas dimensiones, es alarmante el aumento de la inseguridad en Morelos, y el incremento de la criminalidad organizada, el secuestro en particular, lo que resulta paradójico si se toma en cuenta que el gobernador fue el responsable de la seguridad nacional durante algún tiempo. Por ello, algunos presumieron que se trataba de una política generalizada que, además de malestar popular, ha provocado la emigración de familias y capitales. El gobierno reaccionó más publicitaria que efectivamente cuando la población protestó. Aumentó la penalización del delito de secuestro, capturó y procesó a un mayor número de secuestradores, aunque no se investigaron las denuncias de participación de agentes judiciales retirados y en activo. Como consecuencia, una porción del control de la industria del secuestro quedó al alcance directo del personal de la Procuraduría. Por ello puede afirmarse que el modelo de combate a la delincuencia incluyó, al menos en cuanto al secuestro, una permisividad, por ineficiencia o por complicidad de miembros de la Procuraduría, que jurídicamente puede ser interpretada como aquiescencia. Se trataría de una política deliberada, que podríamos denominar como ``gestión'' o ``administración'' del crimen, similar a la que en materia de narcotráfico ha privilegiado el desarrollo de algunos cárteles en detrimento de otros.