La Jornada 7 de febrero de 1998

Continúa el hostigamiento de paramilitares en el norte del estado, denuncian

Jesús Ramírez Cuevas, San Cristóbal de las Casas, Chis. 6 de febrero Ť Continúa la violencia en el norte del estado contra las comunidades indígenas que simpatizan con el EZLN.

En Sabanilla, fueron detenidos 11 hombres de la comunidad de Shushupá, al encontrárseles tres pistolas. Uno de ellos intentó huir y resultó herido en una pierna. Todos ellos están libres; tres bajo caución. Los hechos ocurrieron el pasado 22 de enero.

Shushupá y otras comunidades de la zona fueron afectadas recientemente por desastres naturales. ``Ha habido muchos derrumbes y el agua levantó la tierra y se llevó las matas de maíz'', cuenta Mariano López Cruz. Hay escasez y hambre en estas tierras habitadas mayoritariamente por indígenas choles. Por si esto fuera poco, miles de campesinos tienen que enfrentar el ``estado de sitio'' no declarado por el grupo paramilitar Paz y Justicia, que impide el libre tránsito y el acceso de comida y medicinas para muchas comunidades.

``Fui herido al huir de los soldados porque tenía miedo''

El gobierno del estado ha dado ayuda a los afectados por tormentas e inundaciones. Ha distribuido maíz, frijol, bombas aspersoras, detergentes, pollos y matas de café. ``El presidente municipal de Sabanilla nos mandó una carta a Shushupá invitándonos a ir para recoger la ayuda'', dijo Emilio Juárez Cruz, quien resultó herido ese día por los elementos del Ejército al querer huir.

Entrevistado en el hospital, Juárez cuenta que el día 22 de enero una comisión de Shushupá se trasladó a la cabecera municipal. ``Fuimos a Sabanilla. Eramos 11 hombres y recogimos las matas de café. Cuando entramos no había retén militar. En el pueblo estaban Samuel Juárez Encino y Leopoldo Vázquez Méndez, regidores y dirigentes de Paz y Justicia en Sabanilla. Pensamos que ellos nos señalaron con los militares como zapatistas'', señaló.

``A la salida del pueblo nos detuvieron los soldados en un retén donde también había policías estatales y algunos miembros de Paz y Justicia. Nos registraron y nos encontraron tres pistolas. Nosotros llevamos esas armas para defensa propia porque en el camino asaltan y matan los de Paz y Justicia'', relató Emilio, mientras caminaba un poco con sus muletas.

``Cuando nos registraron preguntaron por los dueños de las armas, pero ninguno quiso decir de quién era. Eran dos pistolas calibre .38 y una .22; las compramos porque no podemos caminar en veredas ni caminos. Los soldados nos amenazaron: `si no nos dicen de quién es la pistola, los vamos a llevar al bote', así dijeron.

``Tuve miedo de (que) me golpearan, probé escapar y me eché a correr. Me dispararon por la espalda; la bala entró por la cadera y salió por la pierna. Caí y sangré mucho. Uno del Ejército federal amarró mi pierna para que no saliera más sangre; me llevaron al centro de salud de Sabanilla.

``El doctor revisó mi herida y me dijo que era seria. Me dio un pase para ir al hospital de Yajalón, pero los soldados pidieron el traslado a Palenque, al hospital federal. A los otros diez compañeros se los llevaron detenidos a Palenque acusados de portación ilegal de arma de fuego'' señala.

De los detenidos, ocho salieron libres, los otros tres --incluyendo al herido-- tuvieron que pagar mil 500 pesos de fianza (además, los tres acusados debieron pagar una fianza de 4 mil 500 pesos cada uno). Lacónico, Emilio denunció: ``Los de la PGR me dijeron que cuando estuviera más sano me llevarían a Playas de Catazajá, no sé si para encerrarme o fusilarme''.

En el hospital de Palenque dieron de alta a Emilio ante la insistencia de sus familiares para trasladarlo a otro nosocomio, debido a lo caro de los servicios. ``Me fui a otro hospital porque estaba muy caro y no podía pagar; por cuatro días me cobraron 800 pesos''. Emilio Juárez Cruz, de 26 años, continúa hospitalizado y convalece de una herida producida por una bala de alto calibre. Su hermano Roberto externó los temores de que los vuelvan a detener y explica que en Shushupá la policía de Seguridad Pública hizo disparos en las inmediaciones de la comunidad el pasado 30 de enero. ``Las pistolas que traíamos son para defensa propia, ya que nos han agredido mucho los de Paz y Justicia. Tenemos miedo que nos maten como a otros compañeros'', señala.

``Hace cinco meses, Paz y Justicia entró a Shushupá y disparó contra mujeres y niños. Iban acompañados por policías, los mismos que les prestan los trajes para atacar las comunidades'', acusa Emilio Juárez: ``Denunciamos, pero el gobierno no hizo caso. Aunque lloremos no hay solución, así nos dijeron los del gobierno''.

El 22 de junio, los de Paz y Justicia atacaron la comunidad de Emiliano Zapata De Shushupá fueron las mujeres a ver qué había pasado y las balearon en el camino; tres muchachas resultaron heridas.

``Ese día mataron a Mariano Pérez López, que fue a comprar medicina para curar a las mujeres heridas. Lo emboscaron en el camino sobre un arroyito. Los agresores iban trajeados de Seguridad Pública'', recuerda Emilio.

``Es muy triste lo que está sucediendo. Hace poco, el presidente municipal está ofreciendo carreteras y luz eléctrica, nosotros aceptamos'', prosigue Emilio. ``Nos pidió los últimos papeles para hacer el trato y mandamos a un comisionado, pero fue emboscado en el camino; el compañero se salvó en el hospital. Los de Paz y Justicia en Sabanilla son como unos 30 paramilitares. Están en Paraíso, Buenavista, Chilintiel de Juárez, Castellanos Domínguez y Emiliano Zapata. Ellos entrenan en El Crucero y se visten de Seguridad Pública. Se coordinan con el diputado del PRI, Samuel Sánchez Sánchez; les pagan a los paramilitares 2 mil pesos mensuales. Las armas y los uniformes los da la Seguridad Pública'', dijo Roberto Cruz, vecino de Shushupá.

``Tenemos mucho miedo porque hay rumores que quieren hacer lo mismo que en Acteal'', acepta Emilio Juárez.

Cifras de víctimas

Desde 1996 suman 41 los muertos, entre ellos dos muchachas estudiantes. Hay siete desaparecidos. Se han girado mil cien órdenes de aprehensión en contra de indígenas simpatizantes zapatistas. Hay 45 presos en los penales de Cerro Hueco, Yajalón, Salto de Agua y Tacotalpa, resume Artemio Ramírez, vocero de La Voz de Cerro Hueco, que agrupa a las bases de apoyo del EZLN que se encuentran presos.