``Los hechos cuentan'', es el lema actual del gobierno. Un hecho es que el gobierno federal no ha cumplido los acuerdos de San Andrés; otro es que, en lugar de atender las condiciones del EZLN para la reanudación de las pláticas, a finales del año pasado el gobierno desató una ofensiva contrainsurgente más compleja y prolongada, en la que la fuerza y el asesinato tuvieron como objetivo, otra vez, a los hombres y mujeres de las comunidades indígenas rebeldes y a otras que optaron por el caminar pacífico: ``Las Abejas'' del municipio de Chenalhó.

Efectivamente, los hechos cuentan y la ofensiva gubernamental --que aún no concluye-- ha alejado la posibilidad de reanudar las pláticas. No es posible sentarse a dialogar con los que firman un acuerdo y no lo cumplen, con los que responden a la movilización política con incursiones militares, o con aquellos que garantizan la impunidad de las bandas armadas que asesinan a hombres, mujeres y niños.

Por no cumplir la ley, las autoridades son, por lo menos, cómplices de la creación, entrenamiento y sostenimiento de los grupos paramilitares en las regiones Altos, Norte y Selva de la entidad. Por no cumplir la ley, los grupos paramilitares siguen armados en diez comunidades de San Pedro Chenalhó y en otras de los municipios colindantes de Oxchuc, Cancuc y Pantelhó.

Algunos dirigentes indígenas afirman que no cumplir es parte de los ``usos y costumbres'' del gobierno. Práctica que lo ha hecho ilegítimo, por lo cual, cuando no le funciona la retórica y el desgaste, utiliza la violencia de manera desmedida y brutal. Esa es la experiencia de los últimos meses en Chiapas.

A ras de suelo, en la cotidianidad de la lucha indígena y campesina forjada en la década de 1970, por el incumplimiento del artículo 27 Constitucional, Chiapas registró el mayor rezago agrario. Peor que esto son los centenares de indios y campesinos de las organizaciones independientes, presos, desaparecidos o asesinados por las guardias blancas.

A principios de la década de 1980, el gobierno estatal firmó un compromiso con el Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas, en el cual las autoridades aceptaron garantizar el retorno de 10 mil indígenas expulsados y evitar que los caciques indios realizaran nuevas expulsiones. Diez años después del incumplimiento gubernamental, se estimó en 30 mil las personas desterradas de sus comunidades. En consecuencia, a finales de 1994, un grupo de 500 expulsados decidió retornar bajo la protección de sus grupos armados de autodefensa. Durante los dos años siguientes, éstos se enfrentaron a tiros con las bandas armadas de los caciques de San Juan Chamula para poder sobrevivir en sus comunidades de origen.

En septiembre de 1996, el gobierno de Chiapas firmó con el Comité de Desplazados de Bachajón el compromiso de indemnizar a las mujeres que quedaron viudas, al ser asesinados sus compañeros por los Chinchulines, y de ejecutar por lo menos 15 órdenes de aprehensión. Por el incumplimiento de la ley y de ese convenio, los asesinos se encuentran libres y las viudas desamparadas. Un detalle: como testigos, también estamparon su firma en ese documento dos funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

Los indios dicen que el incumplimiento hecho ``uso y costumbre'' gubernamental tiene en su base la ``certeza'' de que los indios no tienen futuro en este país. Con razón dicen los y las zapatistas que del gobierno no esperan nada.