Niega el mandatario estatal que le hubieran pedido un millón

Manuel Enríquez, corresponsal, Querétaro, Qro., 6 de febrero Ť El gobernador Ignacio Loyola Vera se deslindó de toda responsabilidad de la ``artera agresión'' de ayer al gabinete legal del presidente Ernesto Zedillo y a ``periodistas'', y dijo que se trata ``definitivamente de un complot'' posiblemente para ``aparentar que en México hay ingobernabilidad''.

Tras señalar que no se procedió a detener en flagrancia a los responsables para no provocar un problema mayor, Loyola informó que la Procuraduría General de la República (PGR) ha ejercido la facultad de atracción para investigar ``a fondo por qué se dio y quién está detrás'' de esos hechos.

Por la noche TV Azteca informó que el procurador eneral de la República, Jorge Madrazo, ya tiene identificados a algunos de los reponsables, pero no dio a conocer los nombres. Los cargos que enfrentan son lesiones, daños, motín, insultos a la autoridad y privación ilegal de la libertad.

--¿Fue contra el presidente Zedillo lo que usted llama complot?

--Hay volantes contra el presidente municipal, gritos contra mi persona, había mantas sobre el problema de Chiapas, no había una causa justa para hacer lo que hicieron. Esta es una manipulación para hacer a lo mejor lo que dijo el secretario de Gobernación en su discurso, aparentar ante México y el mundo que hay ingobernabilidad, cosa de la que ni siquiera hay asomo en el estado de Querétaro.

Subrayó que los responsables de los acontecimientos de violencia de ayer, cuando fue apedreado y averiado el autobús, donde se transportaban ocho secretarios de Estado, están perfectamente ubicados y que ``pronto'' se girarán las órdenes de aprehensión correspondientes.

``Nosotros --dijo Loyola--, no cambiaremos de actitud. No habrá endurecimiento'', pero no hemos sido gobierno débil, advirtió. El gobernador reconoció que lo ocurrido ayer después del acto del 81 aniversario de la Constitución General de la República ``es un evento de extrema gravedad para México''.

También negó que el FIOZ le hubiera solicitado un millón de pesos:

``No tengo ventanilla para que me pidan a mí manejo de dinero, a mí no me lo pidieron, pero sí hay evidencias de que estas personas solicitan efectivo y hay evidencias de que en el pasado sí se les daban recursos''.

Luego de señalar que la policía del estado cumplió eficazmente con su objetivo al rescatar a los secretarios de Estado, no responder a las agresiones y cuidar a la ciudadanía, precisó que de la seguridad del Presidente y de los funcionarios federales se encarga el Estado Mayor Presidencial. ``El costo político no existe puesto que yo no soy responsable'', expresó.

No obstante que hasta el momento no hay ningún detenido, desde esta mañana se desconoce el paradero de Gerónimo Sánchez y Anselmo Robles, líderes del Frente Independiente de Organizaciones Zapatistas (FIOZ), el cual rechaza las acusaciones de haber iniciado los hechos de violencia.

El FIOZ no participa en el FZLN

Ese grupo ``no pertenece'' al Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) afirmaron hoy, categóricamente, integrantes de los comités civiles de Querétaro, en los cuales sí participan algunos agremiados del FIOZ, informó por su parte Fernando Corzantes, delegado por esta entidad para los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

``EL FZLN -subrayó-reprueba los hechos de violencia porque nuestra posición ha sido la lucha por métodos pacíficos y legales''. Integrantes de los ocho comités civiles en la entidad, indicó, estuvieron en la manifestación política ante el presidente Zedillo para exigirle el cumplimiento de la Ley de Concordia y Pacificación y, por lo tanto, de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, Chiapas, ``pero en ningún momento -aclaró- participamos en el enfrentamiento''.

En la delegación de la Procuraduría General de la República hubo hermetismo entre los funcionarios, pero trascendió que estuvieron toda la mañana en reuniones ``urgentes'' para proceder ``conforme a derecho'' sobre los responsables de lo acontecido. El Frente Zapatista de Liberación Nacional exige respeto a los derechos humanos y garantías de que no se violenta la legalidad en caso de que haya detenidos.