Quienquiera que lea esto habrá de recordar, si puede, que pasado mañana, a las cuatro de la tarde y dondequiera que esté, lo mejor será guardar un minuto de silencio en honor de nuestra memoria colectiva. Ese día, 9 de febrero otra vez, nuestro planeta acabará de dar la tercera vuelta sobre el camino de su órbita alrededor del Sol, desde que el presidente Ernesto Zedillo mandó que la Policía Judicial Federal y las tropas del Ejército Mexicano avanzaran contra las posiciones de los zapatistas en las montañas de Chiapas y arrestaran a sus principales dirigentes.
Casi tres años después de aquella fecha, y mientras corren las primeras semanas del quinto año de la rebelión indígena, el tiempo histórico parece estar a punto de cerrar un nuevo ciclo y regresar a las vísperas de la ofensiva militar gubernamental de 1995 que obligó al EZLN a volver a la mesa del diálogo.
Es obvio. El nuevo secretario de Gobernación ha confirmado lo que una amplia porción de la opinión pública empezó a sospechar desde el momento que Francisco Labastida Ochoa asumió su cargo el 3 de enero de este año: que no fue llamado al gabinete presidencial porque tuviese en sus manos un proyecto político capaz de reordenar el supuesto proceso de pacificación en Chiapas, sino porque después de la matanza de Acteal, que liquidó a Emilio Chuayffet, resultó beneficiado por la guerra que los dueños del país libran sin éxito en la cúpula del régimen.
Anteayer, en Querétaro, Labastida, al anunciar que el Ejecutivo federal enviará al Congreso de la Unión los acuerdos de San Andrés, para que éste les dé ``forma jurídica'', demostró que el ingenio tampoco figura entre sus atributos más notables. Lo que sigue, como bien se anticipó a señalarlo desde su Astillero el columnista Julio Hernández López, es una ``derrota histórica'' del presidente de la República ante los legisladores.
Un presidente de la República, vale subrayarlo, que nunca ha perdido una sola batalla en el Congreso, ni siquiera en estos momentos en que el PRI ha dejado de tener la mayoría absoluta.
La ``jugada maestra'' de Labastida Ochoa, sin embargo, desconoce que el gobierno se comprometió en San Andrés a incorporar los acuerdos alcanzados con los zapatistas en los términos en que fueron suscritos. Las formalidades procedimentales quedaban superadas por un pacto implícito: el régimen presidencialista se valdría de sus instrumentos y mecanismos habituales para modificar el cuerpo de la ley. Es decir, utilizando para ello a su fracción legislativa, persuadiendo a sus contrincantes circunstanciales para que no entorpecieran esta reforma esencial, sino al contrario, y manejando su enorme, aunque torpe, aparato de propaganda para crear una atmósfera adecuada en la opinión pública.
Claro está que nada de eso fue convenido pero, insiste el tonto del pueblo, estaba implícito: el gobierno apelaría a todos sus recursos para alcanzar el objetivo estratégico de replantear radicalmente -y eso significa ``desde la raíz''- la relación del Estado mexicano con los pueblos indios.
Nadie, en consecuencia, podrá reclamarle a Zedillo que para insertar en la Constitución los acuerdos sobre derecho y cultura indígenas, no hubiese actuado como lo hizo, por ejemplo, para impedir que el Congreso de la Unión redujera en tres puntos el impuesto al valor agregado, o para defender su proyecto de presupuesto de egresos de 1998, que semanas más tarde el propio Ejecutivo alteró aplicando recortes que poco antes le parecían intolerables.
Lo que la historia indudablemente le reprochará, y por siempre, es no haber reconocido la inmensa deuda del régimen que preside con los habitantes originales del país: al negarles la posibilidad de contar con un espacio legal que proteja a quienes ninguna ley jamás ha protegido, no hará sino complicar más y más el problema. Si el Congreso de la Unión aprueba una caricatura de los acuerdos de San Andrés, perderá cualquier sentido la simple noción de diálogo con nuestros actuales ``gobernantes''. ¿Y entonces?
Catálogo de problemas que el gobierno federal se ha esmerado en complicar más y más, y que esta semana hicieron crisis.
a) La aplazada democratización interna del PRI y su más reciente consecuencia: la profunda división de ese partido en Zacatecas, donde el candidato natural para el gobierno del estado fue puesto al margen porque no era ``el hombre de todas las confianzas del señor presidente'', y ahora, con alta probabilidad, se convertirá en gobernador de la oposición.
b) Las desoídas y reiteradas quejas sobre la complicidad del gobernador de Morelos con las bandas de secuestradores y las ligas de éstos con la policía local, que les brindaba algo más que impunidad. Hoy, la caída del superinvestigador judicial Jesús Miyazawa y todo el expediente de horrores que éste encubría y explotaba en su beneficio, colocan a la puerta de los tribunales al señor gobernador, Jorge Carrillo Olea.
c) La complicidad de la cúpula del régimen con ese foco de infecciones públicas llamado Oscar Espinosa Villarreal, quien en esta misma semana recibió una orden judicial para presentarse ante los tribunales por los innumerables fraudes que se le atribuyen en Nacional Financiera, casi al mismo tiempo que era señalado por el gobernador del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, como presunto jefe de una ``organización criminal'' que robó más de mil millones de pesos de las arcas del gobierno capitalino, cargo que dejó el 5 de diciembre para convertirse en secretario de Turismo. Hoy, el presidente Zedillo empieza a vislumbrar que deberá ir pensando en otra pieza para sustituirlo, si Espinosa Villarreal es enviado a la cárcel.
4) La renuencia a comprender que la política económica, férreamente sostenida, sólo beneficia a una élite de banqueros parasitarios y de especuladores financieros que no le reportan beneficios productivos a una población que día tras día empobrece y pierde el control. Sean cuales fueren los móviles políticos que los impulsaron con rabia y desesperación, ésta fue la causa última por la que una multitud de hombres, mujeres y niños apedrearon el jueves el autobús del gabinete presidencial en Querétaro.
Esta semana, le digo al tonto del pueblo, estuve en Tabasco. No está de más, de vez en cuando, dar una vuelta de reconocimiento por Tabasco para constatar cómo avanza la rapiña sistemática que por allá se autodenomina ``gobierno de Roberto Madrazo Pintado''.
El lunes por la noche, le cuento, después de un largo recorrido por la región de la Chontalpa, estaba tomando un café en la terraza del hotel Miraflores, donde suelen concurrir los periodistas a intercambiar las basuras del día.
De repente, en el lado opuesto de esa pequeña calle peatonal, noté, notamos, que había un cierto desorden en el interior de un famoso restaurante de mariscos, al que sin embargo no acostumbro a ir porque me caen gordos el dueño y los meseros.
Cuando se aclaró un poco la confusión, vi que una mujer era arrastrada hacia la calle por dos jóvenes; a primera vista parecía totalmente borracha. No obstante, cuando sus acarreadores estaban a punto de sentarla en una silla de plástico sobre la vereda, la mujer, una muchacha de 25 años y hermosos pechos, comenzó a sacudirse como un cable de alta tensión, que no daba toques sino lástima.
El terrible déficit educativo de la gente que iba acumulándose alrededor hizo que la mayoría reaccionara con risitas nerviosas. Nadie, o casi nadie, alcanzaba a reconocer que aquello era un ataque de epilepsia.
-Y te metiste -me dice el tonto.
-Nada más para decirles que le cogieran la lengua.
La mujer sufrió tres nuevas convulsiones, semisentada, cayéndose. Al principio de la cuarta vi que en los teléfonos públicos había gente llamando al 06, el número de la Cruz Roja. Pero la respuesta que salió de allí nos dejó tan furiosos como atónitos: ``Que sólo hay dos ambulancias, en toda la ciudad, y que las dos fueron a un accidente que hubo en la carretera a Nacajuca''.
Y eso que, en 1997, la Secretaría de Salud Pública del ``gobierno'' de Roberto Madrazo dispuso de un presupuesto de 300 millones 304 mil 685 pesos, y para 1988 solicitó 413 millones 172 mil 008 pesos.
La fuente de todos los grandes negocios de Madrazo Pintado es la construcción de obras públicas. Lo último en este rubro es un fastuoso paso a desnivel, pensado con inocultable voracidad pero con increíble falta de visión arquitectónica, que ha ocultado por completo un viejo y espantoso monumento en honor de los héroes locales de la independencia: un conjunto escultórico en el que destacan dos mujeres indígenas con unas descomunales tetas de piedra, un general realista-socialista y su respectivo caballo.
-¿Sabes cómo le dicen ahora a ese puente? El brassier.
-¿El brassier?
-Porque tapó a las chichonas. Pero en Villahermosa hay también un reloj hipócrita y un puente sangrón.
-¿Un reloj hipócrita?
-Sí, porque tiene tres caras.
-¿Y lo del puente sangrón?
-Porque nadie lo pasa -le digo-. Es el puente José María Pino Suárez que levantó el ex gobernador Manuel Gurría Ordóñez, primo de Madrazo, y que va desde el centro a la colonia La Gaviota. Pero la gente sigue usando la lanchita para cruzar el Grijalva.
-¿Y tú sabías por qué a Villahermosa le dicen la ciudad de las mentiras? -pregunta el tonto, y casi tan aburrido como los lectores que han sido capaces de llegar hasta aquí, y desde luego tan aburrido como yo, se contesta con fastidio-: Porque ni es villa y de hermosa tiene lo que Madrazo de hombre de Estado.
Mañana, a las 10 de la mañana, en el Hemiciclo a Juárez arranca el Defetón por Chiapas, una iniciativa del Comité Democrático al Tercer Milenio, formado por organizaciones sociales y ciudadanos de la delegación Tláhuac, así como por diputados locales como Francisco Ortiz Ayala, Rigoberto Nieto, Sara Murúa, Francisco López de la Cerda y Vicente Cuéllar Suaste, y diputados federales como María de la Luz Núñez, Antonio Pratts, Patria Jiménez, Alejandro Ordorica, Bruno Espejel y Gilberto López y Rivas. Asimismo, participarán los ex miembros de la Cocopa, José Narro y Jaime Martínez Veloz, en nombre del Colectivo por la Paz.
Allí se instalará un módulo de acopio y se recogerán los primeros donativos, y luego habrá una marcha simbólica, en la que todos los participantes desfilarán vestidos de blanco alrededor de la Alameda Central, para exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, disolución de los grupos paramilitares, retiro del Ejército Mexicano y que retornen los desplazados a sus lugares de origen.
El Defetón se prolongará por todo el tiempo que sea posible, pues lo que pretende no es sólo apoyar a los de Chiapas sino a todos los grupos indígenas del país, para difundir sus demandas y luchas. El objetivo central de ese movimiento es construir una red que se mantenga alerta a todas las emergencias políticas que se produzcan en el país.