La Jornada 8 de febrero de 1998

Secuestros y violencia, ``hechos aislados'' en Guerrero: Aguirre

Jesusa Cervantes Ť El gobernador de Guerrero, Angel Heladio Aguirre Rivero, afirmó ayer que no encubrirá a ``pillos, delincuentes o servidores públicos'' de su gobierno que hayan brindado protección a secuestradores de Morelos o del mismo estado.

Lo anterior fue dicho en respuesta al anuncio que hizo la Procuraduría General de la República en cuanto a que ampliaría sus investigaciones hacia Guerrero, para detectar a funcionarios y agentes judiciales involucrados en las industrias del secuestro y el narcotráfico que existe en Morelos.

El gobernador guerrerense reconoció que en 1997 el índice delictivo en materia de secuestros y asaltos se incrementó 30 por ciento respecto del año anterior, aunque consideró que algunos esos hechos, que han culminado de manera trágica, como el asesinato del cónsul egipcio, ``son casos aislados'' y que, incluso Acapulco y Zihuatanejo, son los lugares turísticos que brindan mayores garantías de seguridad.

Comentó que en Guerrero no se tiene información sobre la operación de nuevas organizaciones guerrilleras, a excepción del Ejército Popular Revolucionario (EPR), pero que ``es muy fácil ponerse una capucha y decir que `soy guerrilero', para cometer ilícitos''.

Los guerrerenses están de acuerdo con la presencia del Ejército

En el estado, afirmó, se trabaja para que ``se olviden del estribillo ramplón que neciamente quiere identificar a Guerrero con la violencia''.

--Si sólo es un ``estribillo ramplón'', ¿por qué la militarización del estado?

--Bueno, yo no hablaría de la militarización; el gobierno es civil y lo encabeza Angel Aguirre. Ciertamente hay presencia del Ejército, que viene cumpliendo con una serie de programas para combatir la siembra de enervantes. El ejército ha tenido una función social muy importante -respondió.

--¿Cómo perseguir a presuntos miembros del Ejército Popular Revolucionario?

--No diría que sólo la persecución del EPR... Los guerrerenses, la mayoría, están totalmente de acuerdo con la presencia del Ejército; sólo ha habido algunas máscaras de organizaciones que obviamente responden a otro tipo de interés de orden político, para decir que el Ejército salga de Guerrero.

--¿Qué organizaciones?

--Bueno, no podría en este momento darles nombres.

--Pero si usted las menciona es porque existen.

--Bueno, las menciono porque existen; no le doy el nombre porque en este momento no lo recuerdo, pero sí hay este tipo de organizaciones, que aparecen constantemente en un periódico y que realmente...

--¿El PRD?

--No, yo no estoy hablando de un partido político; puede ser que tengan vínculos con algún partido político -respondió riéndose.

El gobernador, que inauguró la casa guerrerense en esta ciudad, saludó minutos antes a Marcelino Díaz de Jesús, diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y miembro del Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, quien se reunirá con él el próximo lunes para demandarle nuevamente la salida del Ejército del estado.

Porque desde que apareció el EPR, comentó el legislador, el Ejército invadió las zonas indígenas, y ha habido por lo menos 25 detenidos y constantes intimidaciones hacia las comunidades''.

Con el pretexto de aplicar la Ley de Armas y Explosivos, explicó, miembros del Ejército Mexicano han intentado desarmar a un grupo comunitario que se organizó como policía de la localidad con la aprobación del gobierno estatal, ante la ineficiencia de la policía motorizada para combatir el crimen.

Comentó además que la desaparición de profesores indígenas mixtecos ha sido constante y que las zonas más militarizadas son la Costa Grande, la Costa Chica y la Montaña.

Labastida Ochoa se reunió con Jorge Carrillo Olea

En otro orden, el gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea, se entrevistó ayer por más de dos horas con el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.

Durante la entrevista trataron, según se supo, la conflictiva situación que se vive en esa entidad, donde crecen las denuncias que implican a funcionarios y directores de la Policía Judicial del estado en la protección al crimen organizado.

Carrillo Olea llegó a la Secretaría de Gobernación antes de la 10 de la mañana, protegido por un aparatoso equipo de seguridad que impidió a los reporteros acercársele para entrevistarlo.

El mismo equipo de guardaespaldas ayudó después a Carrillo Olea a salir y alejarse, para no responder a las preguntas sobre la renuncia del director de la Policía Judicial de Morelos, Jesús Miyazawa, y las versiones propaladas en el sentido de que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga también al procurador estatal, Carlos Peredo Merlo, y a otros funcionarios que podrían estar relacionados con la protección a bandas de secuestradores que operan en esa entidad y en Guerrero.