Tras la ley Bartlett, Núñez plantea volver a debatir la coordinación fiscal

Mireya Cuéllar Ť ¿Debe mantenerse el sistema de coordinación fiscal o reformarse la Constitución para delimitar qué impuestos cobran los estados y cuáles la Federación? La nueva realidad política y los problemas surgidos entre estados y municipios --el más reciente entre Bartlett y los panistas poblanos-- hacen necesario reabrir esa discusión, plantea el coordinador de los diputados priístas, Arturo Núñez.

Actualmente, explica, el gobierno federal carga con el costo político de mantener el cobro de ciertos impuestos --como el IVA--, mientras las tesorerías de los estados se instalan cómodamente como cajas receptoras de participaciones federales ``y no agarran ninguna bronca con los contribuyentes'', o los municipios exigen una distribución de recursos en función de su conveniencia, pero no actualizan el catastro porque no quieren líos con el ciudadano.

El tema fiscal, dice, enmarcado en todo lo que tiene relación con el federalismo, será --aventura-- uno de los más polémicos y complicados a la hora de desglosar la agenda de la reforma del Estado. El debate está ya sobre la mesa. Hay una disputa por el control de los recursos fiscales. Ahí esta Puebla y otros casos de gobiernos municipales en conflicto con el estado por la distribución fiscal -Tamaulipas y Coahuila tienen casos en la corte-- , así es que quizá sería ya necesario entrarle al tema. ``La coordinación fiscal fue una necesidad en determinada etapa de la historia del país, cuando había que centralizar, pero la realidad política ahora es distinta, y creo que es un debate que debemos dar'', señala.

La Constitución, explica, permite a estados y Federación gravar los mismos conceptos (ingresos, gastos), y establece algunas especificidades para los municipios, como el cobro del predial. Cuando se optó por el sistema de coordinación fiscal (la Federación cobra todos los impuestos y entrega participaciones de ellos a los estados de la República, los cuales distribuyen entre los municipios), los estados no renunciaron a su facultad fiscal, sino que la dejaron en suspenso.

El tema, ahora, sería delimitar ámbitos de competencia tributaria, apunta. Ya se intentó en las convenciones fiscales de 1925, 1932 y 1949, pero como no hubo acuerdo, se decidió mantener la coordinación fiscal. Antes como hoy --añade--, habría que definir si la Federación cobra el ISR y los estados otros impuestos como el IVA, por ejemplo. Esta decisión implica reformas constitucionales para establecer facultades exclusivas para cada una de las partes --los estados y la Federación--, así que deberá haber acuerdo de una mayoría calificada en el Congreso. La coordinación, señala, simplificó trámites al contribuyente, quien hoy no tiene que hacer una declaración estatal y otra federal, y permitió mejores sistemas de fiscalización, pero también generó algunas deformaciones y, algo fundamental, la realidad del país ha cambiado.

Hoy cada estado tiene su propio criterio de cómo deben repartirse los impuestos: ``algunos quieren que se dé más a quienes lo generaron, pero a veces se genera por razones naturales, por ejemplo donde hay petróleo; otros quieren entregar más recursos a las zonas más pobladas, y yo digo, bueno, pero con un criterio demográfico vamos a seguir generando concentraciones bárbaras. No, dicen otros, debe ser redistributivo: darles más a los que menos tienen, con un criterio de justicia social. No, brinca otro, debe ser en función de la capacidad de ejecución de proyectos... Entonces, nos topamos con todos los criterios. Y lo que hay es una disputa por el control de los recursos fiscales.

--¿Cómo conciliar todos estos criterios?

--Es un debate que vale la pena dar. Hoy quien lleva todos los costos políticos de la tributación es el gobierno federal y los estados se ven relevados de entenderse con los contribuyentes; ellos nada más son caja receptora de participaciones. Y entonces se dan casos muy cómodos, como el que acabamos de ver, de gobernadores de partidos distintos al que gobierna a nivel federal que dicen: ``Por mí, quiten el IVA'' . Y así, el gobierno federal carga el costo de mantener el IVA, y los gobiernos estatales se benefician de la recaudación. ¿Tendrían la misma actitud si ellos tuvieran la responsabilidad de conseguir sus propios recursos? Es muy cómodo no tener que agarrar ninguna bronca con los contribuyentes que además votan. Mejor demando participaciones conforme al criterio que más me conviene''. Este es un tema, insiste, como otros varios de la agenda de la reforma del Estado, que ya están sobre la mesa y es necesario empezar a discutir para ajustar la norma jurídica a la nueva realidad del país: la pluralidad política.