La reforma indígena es ciertamente ``asunto del Congreso'', como dijo el secretario de Gobernación en la ceremonia del 81 aniversario de la promulgación de la Constitución. Pero ello debería ser sobre la base de las ``propuestas conjuntas que el gobierno federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional'', como bien señala --y se intitula-- uno de los tres documentos firmados el 16 de febrero de 1996, por los representantes del Poder Ejecutivo y los del Ejército Zapatista en San Andrés Sacamch'en.

Lo que está diciendo Labastida Ochoa es entonces, en resumen, que el gobierno desconoce los acuerdos firmados con los rebeldes chiapanecos, y que deja en manos de grupo pripanista de la Cámara de Diputados la decisión (¿?¡!) de aceptar o no la formulación legislativa de la Cocopa, es decir, los propios acuerdos de San Andrés Larráinzar. Ni más ni menos.

Nadie puede exigir al Poder Ejecutivo que presente un proyecto de ley y garantice ``la realización de una reforma que le corresponde a otro de los poderes del Estado mexicano'', remarcó en el acto referido el señor Labastida. Lo que está diciendo el secretario de Gobernación es entonces, en resumen, que considera los ``acuerdos de San Andrés'' como una entre otras de las propuestas que deben colocarse sobre el podio legislativo, para que la trituradora neoliberal conservadora que hoy aún lo domina haga de las suyas y lleve la reforma constitucional sobre el tema indígena incluso atrás de lo que define el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Se desnuda así plenamente la estrategia seguida por el régimen zedillista frente al conflicto chiapaneco: no dará marcha atrás en su decisión de desconocer los acuerdos sanandresianos con el zapatismo, y mantendrá y consolidará el cerco militar que hoy ya ha cobrado miles de víctimas (muertos, heridos, desplazados) y rasgado sin piedad y sin remedio los tejidos sociales de las comunidades indígenas de Chiapas. Guerra militar, pues; guerra de castas, guerra étnica, guerra neoliberal.

Prepara con ello las condiciones para ``arrasar'' en los próximos comicios de la entidad sureña, y revertir --hacia el 2000-- el proceso de democratización que ha abierto la esperanza cardenista en el Distrito Federal y en otros estados de la República.

Que este proceso ``de transición'' sea encabezado por los tecnócratas del zedillismo o por el bloque de los ``gobernadores salinistas'', no modifica las cosas en esencia; lo que está anunciando el secretario de Gobernación es que hoy ya existe una línea básica de acuerdo en torno a la ``vía'' que habrá de seguirse en los siguientes meses y años, por lo menos en lo que respecta al affaire de Chiapas y a las ``exageradas concesiones y libertades que se ha dado'' al perredismo y al movimiento cardenista en otros espacios del país.

Vivimos pues una nueva fase del conflicto político. La que se distingue por el reagrupamiento PRI-PAN de cara a los procesos electorales de 1998 y del año 2000.

Dicha fórmula de ``transición'' dio su sello a la estrategia salinista de transformaciones hacia el Shangri-lá neoliberal, de cara al siglo XXI, misma que tuvo un serio revés con la aparición de la esperanza zapatista y con el avance cardenista de 1997. Pero ahora la derecha se reagrupa.

Alguien en Dublín está de fiesta.

*Apoya la Campaña Arcoiris por los desplazados de Chiapas