Héctor Aguilar Camín
La ley y la ira

La crisis de la seguridad pública de México es una serpiente que se muerde la cola. Es una crisis que sólo puede resolverse con la intervención de la autoridad para contener y castigar la impunidad y el delito. Pero la sociedad se resiste a otorgarle su aval en la materia a una autoridad cuyas fuerzas públicas son tan visibles incubadoras de delitos e impunidades.

Al final de la ceremonia con que se celebra ritualmente, cada año, la Constitución de México, una oleada de colonos desbordó las vallas de seguridad y lapidó el autobús en que viajaba medio gabinete presidencial. Luego de un forcejeo con la fuerza pública, los manifestantes, miembros de un Frente Independiente de Organizaciones Zapatistas, rompieron los vidrios del vehículo e hicieron bajar a los miembros del gabinete, el secretario de la Defensa entre ellos, en medio de una lluvia de piedras. El incidente es una muestra más de la crisis de seguridad pública y violencia que acompaña la apertura democrática de México.

Una larga crisis de legitimidad política ha inyectado en los gobiernos de México una cautela extrema en el uso de los elementos coercitivos del Estado. La cautela se ha vuelto una especie de prohibición tácita al uso de la fuerza pública como recurso de gobierno. Ninguna autoridad la usa sin sentirse culpable y en riesgo. Una sensibilidad paralela hay en la conciencia pública. Se sospecha de la legitimidad de los gobernantes y de la validez de sus razones para ejercer la violencia legal. Se ha instalado en el país una subcultura política que justifica actos violentos antigubernamentales y pide para ellos comprensión y excepciones. En muchos ámbitos del espectro político nacional, la única violencia sospechosa e inaceptable es la que ejerce el Estado.

Por un lado, hay la tendencia a culpar a la autoridad de las faltas y delitos en que incurren los ciudadanos. Por otro lado, hay la tendencia a justificar las iras populares y políticas dirigidas contra el gobierno como causas portadoras de una justicia inmanente. Todo acaba siendo, de algún modo, culpa de la autoridad, y toda rebelión contra ella es, de algún modo, justa. Véase si no la explicación de los hechos de la Comisión de Enlace del EZLN, algunos de cuyos comités forman parte de la organización de colonos agresores.

La Comisión dedicó dos líneas de su comunicado a decir que sus comités no tuvieron que ver con la violencia. El resto lo dedica a señalar como responsables de esos hechos: 1) al ``clima de enfrentamiento que promueve el gobierno panista local'', 2) a la negativa sistemática del gobierno local a dialogar con los colonos, ``generando con esta actitud un clima de intolerancia y falta de diálogo'', 3) a las autoridades estatales y municipales por ``la agresión y provocación llevada a cabo por las fuerzas públicas, tanto uniformadas como las infiltradas entre las organizaciones sociales que fueron agredidas'', 4) a la Procuraduría General de la República, por ``hacerse cómplice en la campaña política del gobierno del estado de Querétaro''. (La Jornada, 7-II-1998).

Habría que concluir, según está versión de los hechos, que los verdaderos responsables del autobús lapidado y la pedriza no son los apedreadores que vimos en las fotos, sino las autoridades locales, estatales y federales. Como algunas de estas últimas iban en el autobús agredido, si alguien en el autobús hubiera sido herido o muerto, hay que suponer que lo habría sido como consecuencia de su propia provocación: su daño habría tenido una especie de justicia inmanente. Este razonamiento autoindulgente y absurdo, está más generalizado de lo que se cree. Es el mismo que permite condenar en Chiapas la violencia de un bando y justificar e invisibilizar la del otro, llevar una siniestra doble cuenta de muertos buenos y muertos malos.

La autoridad ha hecho la mayor parte del trabajo efectivo en lo que toca a barrenar su crédito como garante del ejercicio legal de la violencia. Las fuerzas públicas de México están desfondadas. En la misma semana del atentado contra los miembros del gabinete presidencial, se supo que, en la ola de secuestros que azota al estado de Morelos, estaban acusados de complicidad 15 miembros de la policía estatal encargada de combatir... los secuestros. Por su parte, la Procuraduría General de la República que investiga la masacre de Acteal, en Chiapas, concluyó en esos mismos días que la dirección general de policía de la zona protegió a los asesinos. El crimen en manos de la autoridad.

Durante muchos años México puso en el centro de su agenda política la búsqueda de elecciones libres. Ya las tiene. Debe privilegiar ahora el tema de la seguridad pública, el castigo a la ilegalidad y la vigencia de la ley. México no sólo está lejos de tener eso, sino que lo poco que hay en la materia se evapora ante nuestros ojos, no como un fantasma, sino como una explosión, en el aire de la impunidad y de la ira.