Mejor nivel de vida al servidor público, clave

Humberto Ortiz Moreno /I Ť En el sistema de procuración de justicia de la ciudad de México se juega el futuro de una manera diferente de gobernar, afirmó el procurador capitalino, Samuel del Villar.

Al hablar sobre la responsabilidad política de las autoridades policiacas en el porvenir de la capital del país, Del Villar explicó que los habitantes del DF han manifestado, una y otra vez, que la prioridad del gobierno de la ciudad tiene que ser la seguridad pública.

``Si no revertimos la dictadura de la corrupción'' el pueblo ya no nos apoyaría.

Así, estimó urgente revertir la tendencia del pasado reciente en que las asignaciones presupuestales servían para mantener y erigir elefantes blancos onerosos para los capitalinos por su bajísima productividad social, poca transparencia y por ser factores que produjeron niveles de endeudamiento intolerables y, finalmente, condujeron, fundamentalmente, al desarrollo de la criminalidad organizada y la corrupción en el servicio público.

``Esto fue la base de un contratismo no muy transparente'', denunció, ``a cambio de mantener al servidor público en condiciones indignas. Tal situación, resumió, provocó estragos extraordinarios que condujeron al descontrol que experimentó en los últimos años la delincuencia en la ciudad de México.

``Quizá no sería exagerado decir que la política de la administración pública fue un condicionante-determinante de la corrupción en el servicio y de su vinculación con las actividades delincuenciales'', sustentó.

De este modo, el funcionario adelantó que la Procuraduría sufrirá un reajuste y restructuración a fondo de todas las áreas para reasignar recursos y propiciar ahorros que permitan mejorar las condiciones de vida del personal. Al efecto, dijo, es prioridad actual levantar un censo real de los policías capitalinos que permita identificar responsabilidades.

Calcula que desde el 5 de diciembre renuncian de uno a tres policías cada día y recalcó que estas plazas se congelarán.

Por el contrario, enfatizó, será necesario mejorar las condiciones de vida del personal que quede dentro de la institución, eliminando gastos innecesarios y desburocratizando a la PGJDF. ``Tenemos que romper la subordinación indígna de los servidores públicos al crimen organizado'', apremió.

Dijo que el dilema de la PGJDF es reformar y operar con efectividad al mismo tiempo, para hacer en tres años una ciudad segura.

Sí se puede

Esto último, ``conceptualmente se puede'', dijo, y es posible lograr los cambios estructurales fundamentales para asegurar la vigencia del estado de derecho y combatir con eficacia a la criminalidad.

Sin embargo, reflexionó, el cimiento de todo esto es contar con servicios públicos honestos, fundados en la ética y la responsabilidad, especialmente en las policías y, por lo tanto, se pronunció por duplicar a menos los sueldos de los elementos policiacos para que ganen de 8 mil a 10 mil pesos mensuales, con garantías de estabilidad y promoción por mérito objetivamente determinado.

``Este es mi dolor de cabeza'', confesó el procurador Del Villar en entrevista con La Jornada, en la moderna terraza del despacho que, remozado y a todo lujo, le ``heredaron'' las pasadas gestiones priístas en la PGJDF.

Anunció que en breve operará en todas las delegaciones políticas de la ciudad la ``policía de los servicios de seguridad'', que agilizará las diligencia e investigaciones sobre delitos cometidos por servidores públicos, pero insistió en que estas medidas no tendrán éxito si desde el Estado y la sociedad no pueden garantizarse condiciones de vida dignas para los vigilantes y sus familias.

Obstáculos presupuestales

Para conseguir tales objetivos, el titular de la PGJDF observó que, lamentablemente, en la bolsa general presupuestal que se dejó en materia de política de gasto para compensar los aumentos en inflación y salarios, aprobada por la Asamblea Legislativa, la institución fue la única dependencia a la que no se le dejó participación.

En consecuencia, anticipó intensas negociaciones con la ALDF y con la Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino para satisfacer tal necesidad. Y es que, argumentó, ``es muchísimo más importante en estos momentos para la seguridad general de la ciudad y de la población que los servicios policiales tengan niveles dignos para su prestación que contar con un kilómetro de Metro, que implica cargas financieras fenomenales, o 10 o 22 vagones más que cuestan 400 millones de dólares, cuando los recursos son escasos''.

La prioridad de mejorar los ingresos de los agentes judiciales, precisó, costaría al erario capitalino unos 250 millones de pesos al año, monto ``risible'' si se toman en cuenta las cuantiosas licitaciones públicas aprobadas por administraciones pasadas. ``Por sentido común'', remarcó, debe apoyarse más a la institución en los presupuestas públicos.

Del Villar Kretchmar consideró imperativo acabar con la estrategia salinista de calificar como gasto corriente al elemento humano y privilegiar el cemento y las máquinas importadas que generan cargas financieras de usura.

Expresó que dar a un ser humano un trato indigno lo sujeta a relaciones indignas con la sociedad.

Regeneración urbana en zonas criminales

El procurador capitalino subrayó la urgencia de, mediante una acción coordinada entre instancias locales y federales, emprender una regeneración urbana en las áreas con mayor incidencia criminal en el Distrito Federal, como el barrio de Tepito.

Exigió la participación de las secretarías de Educación Pública y de Salud, así como de la Procuraduría General de la República, a fin de cambiar su vocación fundamentalmente delincuencial a una de desarrollo social.

En primer lugar, Del Villar estimó necesario enfrentar el problema de la íntima asociación del consumo de drogas con la actividad criminal. Citó que 30 por ciento de las consignaciones penales tiene que ver con delitos contra la salud.

Punto medular en esta estrategia, resaltó, es combatir la atracción de la población al mercado ilícito de las drogas a través de la venta de estupefacientes en secundarias y preparatorias del Distrito Federal, pues ahí es donde se generan las adicciones.

Y es aquí, puntualizó Del Villar, donde nace la compulsión a robar que, insistió, debe ser corregida mediante un tratamiento completo de salud que, desafortunadamente, no cuentan actualmente con el marco institucional adecuado, tanto a nivel local como federal.

Habló del caso de Tepito como el más señalado por la vinculación entre la expansión del mercado de las drogas y la proliferación de la actividad criminal, lo que hace imperativa una acción decidida del gobierno federal y local para erradicar el consumo de narcóticos de la criminalidad.

Del Villar estableció que la regeneración urbana no puede darse sólo con policías o ministerios públicos o jueces, sino que es menester una planeación concertada y asignaciones de recursos que cambien la vocación de zonas de mayor iincidencia delictiva.

Aquí, el titular de la PGJDF anunció un ambicioso proyecto de instalación de centros de justicia en puntos neurálgicos de la ciudad para satisfacer los requerimientos de seguridad de la población y detonar el cambio en la vocación urbana de esas áreas.

Este proyecto involucra no sólo a la PGJDF, sino también a la Secretaría de Seguridad Pública y al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que armonizarán recursos y esfuerzos para, de entrada, empezar con un centro de justicia en lo que es Tlaxcoaque.

El funcionario capitalino anticipó que para 1999 está previstó modificar el entorno de la colonia Doctores, donde está ubicado el Tribunal Superior de Justicia del DF, para que evolucione hacia una zona de servicios jurídicos y de seguridad. Para ello, ya hay pláticas con las secretarías de Obras Públicas y de Desarrollo Urbano del Departamento del Distrito Federal, a fin de programar las inversiones que contribuyan a cambiar el perfil de dicha área.

Al mismo tiempo, insistió, junto con la Procuraduría General de la República, la Ssa y la SEP, así como con organizaciones civiles y no gubernamentales, combatir la farmacodependencia ligada a la criminalidad.

``Para entrar a esas zonas no se necesitan grandes contingentes con lujo de violencia, sino una investigación eficaz'', aseguró Samuel del Villar.