Según cifras oficiales del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en México la comunidad científica está integrada por unas 6 mil personas, que representan a una parte importante de la sociedad desde el punto de vista cultural e intelectual. Esa comunidad tiene un peso específico también en ámbitos esenciales de la vida nacional como la economía, la educación y la política. En este último caso están, aunque contados, algunos científicos mexicanos que recientemente han ocupado posiciones importantes en el gabinete presidencial, en diversos puestos directivos del gobierno federal o hasta en la administración de las universidades.

Aun cuando la participación política de algunos personajes de la ciencia constituye una tradición en el país, esa actividad no ha contribuido al desarrollo científico nacional ni a la redefinición de sus políticas en general. Por eso, justamente cabe preguntarse: ¿qué han hecho los científicos para influir en la orientación de esas políticas? ¿Por qué se toman determinaciones de política sectorial en ciencia y tecnología sin su concurso? ¿Dónde están los científicos? ¿A quién le interesan las políticas del Estado mexicano en materia de ciencia y tecnología?

Hay reconocer que existe todavía un vacío en la confección y aplicación estricta de políticas, estrategias y programas para favorecer el desarrollo de la ciencia en México. Los hechos advierten que las administraciones del Conacyt han sido ineficientes e insensibles para conducir los destinos de la investigación científica y tecnológica. Los burócratas de la ciencia más bien se han encargado de esbozar, desde el escritorio, programas nacionales de ciencia y tecnología que carecen de una planificación de largo plazo, o se han ocupado de redactar objetivos ambiguos e inviables, o han hecho desfilar propuestas de austeridad financiera sin sustento e inclusive tendencias oscilantes y absurdas para guiar la formación de investigadores, entre muchos otros problemas.

Los asuntos de la ciencia en México poco importan a los círculos del poder público. Y en ese desinterés están mezcladas dos situaciones: 1) los científicos, en general, al parecer no están interesados en participar de las decisiones que impone el Ejecutivo en materia de investigación, y 2) los políticos dan trato de olvido y marginación a los centros, institutos o universidades que desempeñan funciones de investigación. ¿De qué otra manera podemos explicar la falta de recursos financieros o la deserción de los jóvenes de la carrera de investigador o la escasa efectividad de las becas del SIN para estimular a la gente, propiciar una vida digna y mantener activos a los especialistas dentro de la labor científica?

En el campo de la divulgación también corremos el mismo riesgo quienes escribimos sobre los asuntos de la ciencia, su pasado y su futuro, las personas dedicadas a esas actividades, es decir, acerca de sus obras. Si bien sabemos que hombres y mujeres, de diferentes nacionalidades y durante distintas épocas, han hecho esfuerzos por publicar sus trabajos científicos en periódicos, revistas o folletos de divulgación dirigidos al público en general, esos esfuerzos no se han convertido en prácticas constantes y los resultados han sido exitosos sólo en casos excepcionales. Por lo tanto, es preciso aceptar que entre la ciencia y la prensa existe también una relación distante e irregular.

Es evidente que son pocos e infrecuentes los espacios que se destinan en el país a la divulgación científica o al análisis de la planeación y evaluación del mundo de la investigación. No obstante, y sobre todo durante los últimos 10 años, se ha desarrollado una intensa lucha para hacer frente a esa situación.

El nuevo reto para la prensa, escrita o electrónica, consiste en acercar cada vez más el trabajo del investigador en ciencias y humanidades a las necesidades de una sociedad que demanda más información; por eso es importante analizar las decisiones de los gobernantes sobre asuntos que afectan a la comunidad científica y a su trabajo cotidiano. Sería un grave error dejar de informar o participar en esos foros, o mantenerse al margen sin ocupar espacios para analizar y proponer cambios; por el contrario, es legítimo ejercer el derecho a la palabra y manifestar nuestras ideas sobre los asuntos que conciernen a las políticas públicas en general, y sobre la administración y desarrollo de la ciencia en lo particular.

Reflexionar y debatir acerca de aspectos como el financiamiento o la distribución de los recursos humanos; los planes, programas y proyectos oficiales, o sobre la participación de los grupos, fuerzas o instituciones, etcétera, en la orientación de las políticas científicas, son tareas pendientes que no pueden aguardar más el paso del tiempo ni del silencio.

* Profesor asociado de la UPN-Querétar