A fines de 1996 hubo gran indignación en Baja California Norte contra la maestra Julia Carabias y sus más inmediatos colaboradores. El motivo: dos meses antes, la titular de la Semarnap se había comprometido públicamente a no subastar permiso alguno para cazar ejemplares de borrego cimarrón, en tanto no se tuvieran los estudios que permitieran saber la situación de tan maravilloso animal. No fue así, y a fines de noviembre el Instituto Nacional de Ecología expidió permisos para cazar tres ejemplares que, gracias a la protesta ciudadana, fueron suspendidos. Lo que tuvo que ir a desenredar a Mexicali la maestra Carabias fue un episodio más en la larga lucha por evitar la depredación de una especie legendaria, regular su explotación con fines cinegéticos, y dar un poco de congruencia y coordinación al quehacer gubernamental. El asunto de nuevo es noticia al autorizarse la subasta de tres permisos, uno de los cuales ya se hizo efectivo en el hotel Hilton de Reno, Estados Unidos. Las autoridades del INE esperaban venderlo en 300 mil dólares, pero sólo obtuvieron 129 mil.

Hace por lo menos un cuarto de siglo el también llamado Ovis canadensis cremnobates figura en la agenda gubernamental, en la de los interesados en evitar su extinción y en la de los que aspiran a matar algún ejemplar.

Precisamente en 1974, el gobierno federal estableció un programa destinado al aprovechamiento del recurso mediante la caza deportiva y la vigilancia para limitar la furtiva. Desde entonces las partes interesadas en el asunto han buscado sacar adelante sus iniciativas. En 1990, a petición de la sociedad bajacaliforniana, el presidente Salinas decretó por dos años la veda total sobre dicha especie, ante el temor de que su número estuviera decreciendo peligrosamente. Se acordó también que la universidad estatal efectuara estudios a fin de conocer un diagnóstico certero sobre el borrego. La veda se cumplió, pero no así los estudios, debido a la carencia de apoyos para realizarlos.

Sólo hasta noviembre de 1996, el asunto volvió a ocupar la atención pública con motivo de los permisos de caza referidos al inicio de este artículo. Este hecho sirvió para mostrar procederes encontrados entre funcionarios de una misma dependencia, pues mientras la secretaria Carabias decía una cosa, el entonces presidente del INE, Gabriel Quadri y su equipo, hacían lo contrario. Ello molestó a la sociedad de Baja California y obligó a un viaje relámpago de la maestra Carabias a dicho estado para aclarar situaciones y establecer políticas consensadas que garanticen la vida del borrego. Hubo frutos positivos de esa visita. Por ejemplo, el gobierno estatal apoyó a la universidad local a realizar parte de las investigaciones tantas veces postergadas; se instaló un Consejo de Vida Silvestre y se elaboró un programa de diversificación y protección para las áreas rurales donde habita el animal.

Pero ahora surge otro problema: mientras los cuatro ejidos que se beneficiarán con los dineros de las subastas no quieren saber de estudios y vedas que afecten su nueva e invaluable fuente de ingresos, los universitarios y diversos grupos ciudadanos insisten en que debe protegerse el área donde habita el borrego, a fin de evitar la invasión de su territorio por asentamientos humanos que alientan la caza furtiva y destruyen los recursos que sustentan al cimarrón. Agregan que el censo reciente, elaborado por especialistas en el tema, muestra que no hay en las zonas estudiadas suficientes ejemplares como para autorizar permisos de caza: solamente 64 borregos en 10 mil kilómetros cuadrados.

En su última reunión, el Consejo Universitario de la máxima casa de estudios de Baja California, acordó seguir la lucha contra los procedimientos que sigue el Instituto Nacional de Ecología para otorgar los permisos de caza; incluyendo, de ser necesario, la protección de la justicia por estar el INE violando acuerdos que hablan de concluir los estudios que muestren el estado real que guarda el cimarrón, antes de conceder permiso alguno.

Al acuerdo mencionado se sumó el fin de semana pasado un amplio apoyo de diversas instancias políticas y sociales del estado. De todas formas, en Baja California confían en que la maestra Carabias cumpla la promesa que formuló hace más de un año y evite, de paso, los desatinos que sus inmediatos colaboradores del INE cometen otra vez con el borrego cimarrón.