La industria de la caña de azúcar en México enfrenta un dilema: se diversifica en un plazo breve con nuevos productos de alto valor agregado o perece a manos de la competencia de los jarabes fructosados, mucho más baratos por estar producidos a partir de los grandes excedentes exportables de maíz, subsidiados por el gobierno de Estados Unidos.

Hace unos 20 años, diversas empresas de ese país pusieron en práctica la tecnología de conversión del almidón de maíz en jarabes llamados fructosados. Estos son soluciones del azúcar glucosa, producido por degradación del almidón, mezclada con el azúcar fructosa, obtenido por una conversión bioquímica de la glucosa. Para ello se utilizan catalizadores biológicos o enzimas que se obtienen de microrganismos especializados, cultivados a escala industrial y aislados mediante técnicas de microbiología y genética. Esa producción enzimática cambió el mercado azucarero mundial, pues los países de clima templado con excedentes de almidón, derivados de sus cereales, pudieron obtener jarabes tan o más dulces que los de la sacarosa, obtenida ésta de la caña o la remolacha.

Hasta 1994, la importación de jarabes fructosados de Estados Unidos estaba limitada por barreras arancelarias, pero al firmarse el Tratado de Libre Comercio (TLC) se acordó desgravar gradualmente la importación de sus productos agrícolas, e implícitamente se aceptó una competencia desigual. México produciría materiales agrícolas sin subsidio, pero Estados Unidos y Canadá seguirían subsidiando a su agricultura. Este problema ha dado lugar a una reclamación antidumping de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera ante la Secretaría de Comercio, la cual ha fallado a favor de un arancel para esos jarabes. Sin embargo, las empresas estadunidenses exportadoras han promovido una reclamación ante el Consejo Mundial de Comercio que podría revertir esa protección.

En el comercio globalizado, los países con mayor tecnología tienen ventajas considerables porque pueden diversificar el uso y destino de sus materias primas o aun prescindir de ellas, ya que sus industrias son capaces de transformarlas en productos con mayor valor agregado. Por lo tanto, las posibles ventajas comparativas derivadas del clima, la mano de obra barata o la diversidad biológica se desvanecen frente a las del conocimiento moderno.

A pesar de esos problemas, la industria de la caña de azúcar podría competir con la de los derivados del maíz si procediera en forma decidida y acelerada a integrar un programa de investigación y desarrollo para diversificar el uso de sus materias primas. Y una de las ventajas que tendría nuestra industria cañera, frente a la maicera de Estados Unidos, sería la conversión del bagazo o fibra en productos para la industria química y textil, cuyo precio es mucho mayor que el del azúcar. Ahora, la mayoría del bagazo se quema en las calderas. Sin embargo, la tecnología química mundial de las fibras ofrece procesos para transformarlas en celulosa, resinas fenólicas y furfural, que se usan en la industria química para producir fibras textiles, pegamentos y plásticos.

Pero, la conversión del bagazo en nuevos productos químicos requiere importantes inversiones de la industria, empezando por mejoras importantes a la ingeniería térmica de los ingenios que permita ahorrar hasta 20 por ciento del bagazo usado ahora como combustible. Algunos consorcios azucareros nacionales ya empiezan a utilizar las ventajas de la ciencia y la tecnología locales, empleando sumas modestas de sus presupuestos para mejorar sus procesos, pero una industria que produce más de 10 mil millones de pesos en ventas al año bien podría dedicar hasta 2 por ciento de ese dinero para comprar su vida futura en forma de una industria diversificada.

Para el futuro de México es vital desarrollar progresivamente la sustitución de la petroquímica por la sucroquímica. Las tendencias de largo plazo la favorecen porque el petróleo es perecedero y la caña es un recurso renovable. Para eso se requiere arrojo y decisión de los industriales, y una mejor visión del fomento industrial por parte del gobierno, que es el principal acreedor de los ingenios ahora privatizados.

Una política prudente y a la vez visionaria de fomento de la sucroquímica nacional sería la clave para evitar un desastre financiero y comercial de nuestra industria azucarera. El ahorro a corto plazo de unos cuantos cientos de millones de pesos, no invertidos en desarrollos tecnológicos necesarios, puede ser precisamente la causa de un desastre que tenga que ser subsidiado con deudas nacionales por miles de millones de dólares. El gobierno y los industriales tienen la palabra y el público espera, que esta vez, no tropecemos con el mismo tipo de obstáculos como los que ahora estamos viviendo en los casos de los adeudos bancario y carretero.

* Profesor-investigador de la UAM-Iztapalap