El IFE enfrenta una muy real posibilidad de crisis. Si ocurre, los ciudadanos perderemos una de las más valiosas instituciones que la sociedad ha creado, para sí misma, en mucho tiempo. Tirios y troyanos reconocieron con amplitud el valor del IFE el pasado 6 de julio y hoy, sin embargo, un antigobiernismo obcecado, miope y antidemocrático ha comenzado a crecer dentro mismo de esta institución que esperábamos ejemplar por mucho tiempo, corroyéndolo y orillándolo a la crisis.

Hoy el IFE no tiene más defensores que los ciudadanos, dado que es una buena parte de los propios consejeros y, en distinto grado, de los propios partidos políticos, la que está empujándolo al barranco.

El IFE, señores consejeros, es una institución de los ciudadanos, no, en lo absoluto, de ustedes. Como cuerpo colegiado ustedes representan a la ciudadanía, con el mandato de ley de vigilar con autonomía la autenticidad de los comicios. Eso es todo. En el seno de la institución ni se representan a sí mismos ni a los partidos políticos. Ciudadanizar el IFE consistió exacta y precisamente en despartidizar el órgano electoral.

Consejeros y partidos parecen conducirse de modo de despojar a los ciudadanos de este primer paso en el largo camino de la institucionalización de la democracia, y de aplastar al único árbitro en el que por primera vez han creído los propios partidos.

El deleznable argumento con el que Felipe Solís Acero fue coaccionado para obtener su renuncia, resultaría inverosímil e impúdico en un marco genuinamente democrático.

Al dejar el Instituto, Solís cosechó reconocimientos múltiples al profesionalismo con el que cumplió sus obligaciones. No obstante, los consejeros autores de la coacción no parecen haber sentido ningún rubor, a pesar de que tales reconocimientos no fueron sino reveses a su actuación desleal. El 6 de julio no fue prueba suficiente de que la historia, relaciones o amistades de Felipe Solís, nada tuvieron que ver con su trabajo.

Después de dejar el IFE, Solís dijo: ``con mi renuncia se acabará el pretexto''. No fue así. Puesto que hay más de lo mismo con la designación de su sucesor, preguntémonos entonces ¿debemos exigir la salida del IFE de Emilio Zebadúa dadas sus relaciones y las de su familia con el ingeniero Cárdenas (la madre y el hermano de Zebadúa son funcionarios del gobierno de Cárdenas), o porque antes de esto fue colaborador de Córdoba Montoya? ¿O, como lo acordaron en algún momento los propios consejeros a propuesta del consejero presidente, actos y resultados deben ser evaluados en sus propios méritos?

Si el criterio es lo segundo, entonces, si se prueba que Zebadúa actúa por y para Cárdenas y para el PRD, Zebadúa debe salir del IFE por ello, no por su historia y sus relaciones. Los ciudadanos tendremos que evaluar permanentemente a los consejeros.

¿Debemos exigir la salida del IFE de Juan Molinar dadas sus relaciones orgánicas e históricas con el PAN? Sería necesario evaluar si Molinar actúa con autonomía, o en acuerdo con la derecha política. ¿Debemos exigir la salida de Alonso Lujambio dadas sus relaciones con Juan Molinar? ¿Son claras las posiciones de Jesús Cantú en el IFE dados sus vínculos íntimos con Alianza Cívica?

Los consejeros tienen derecho a tener las preferencias políticas que les venga en gana; pero ellos y los funcionarios del IFE han de colgar en la percha de entrada de sus oficinas sus inclinaciones políticas y representar genuinamente a los ciudadanos aplicando la ley electoral. Varios de los consejeros cometieron un atropello obtuso y antidemocrático con Felipe Solís. No les bastó. Quieren aplicárselo ahora ¡a priori! a Alberto Begné, porque, como los propios consejeros, ha tenido y tiene relaciones con alguien, en este caso con Jorge Alcocer, asunto abiertamente señalado por la senadora Garavito. Aquí no sólo se asoma el antigobiernismo cerril de los consejeros que empiezan a perder el respeto que habían ganado sino, también, la voluta del tufo de una vendettita mezquina y tercermundista del PRD contra Alcocer.