El secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, mencionó --durante su intervención en el acto conmemorativo de la Marcha de la Lealtad-- una serie de premisas que, aplicadas al conflicto de Chiapas, podrían sentar las bases para el establecmiento de un clima propicio para la reanudación del proceso de paz y para la reconstitución de la armonía y la convivencia social en ese estado del sur de la República.

Las palabras del general Cervantes en el sentido de que en el Ejército Mexicano existe la convicción de no involucrarse en enfrentamientos ni en luchas fratricidas resultan pertinentes, así como sus exhortaciones a la reactivación de la comunicación, el diálogo y la pacificación. Cabe recordar que tales señalamientos forman parte de las demandas formuladas por múltiples instancias de la sociedad y que deben traducirse en hechos y no quedarse en el ámbito de las palabras mediante la realización de acciones concretas que propicien la distensión militar en Chiapas y la atención, a cabalidad, de los justos reclamos de las comunidades indígenas.

El retiro a sus cuarteles de los efectivos del Ejército Mexicano que se encuentran en Chiapas sería un primer paso para el establecimiento de un clima de armonía en la zona de conflicto, ya que la presencia castrense en las comunidades indígenas --aunque puede traducirse en acciones de apoyo y asistencia social-- trastoca sus ciclos de trabajo y de cuidado de la tierra, introduce factores de miedo y tensión entre la población y es uno de los obstáculos más importantes --como lo han señalado en reiteradas ocasiones la Cocopa y la Conai-- para la reanudación del diálogo entre el gobierno y el EZLN.

No carecen de razón las exhortaciones del general Cervantes para que las controversias suscitadas por la existencia de ``proyectos distintos'' se diriman en los campos de la política, el derecho, las prácticas comiciales y los medios de comunicación, pero es claro que, en el caso de Chiapas, la principal barrera para el reinicio del proceso de paz y para dar comienzo a la solución de las causas profundas que originaron el levantamiento zapatista es la negativa gubernamental para validar a cabalidad los acuerdos de San Andrés y la iniciativa de ley de la Cocopa en materia de Derechos y Cultura Indígenas. Tanto el contenido de los acuerdos como el documento de la Cocopa han superado ya, con un amplio respaldo social, todas las instancias necesarias de discusión, debate y análisis que se le han planteado, y ha quedado claro que ninguna de sus premisas vulnera la soberanía o la integridad territorial de la Nación, ni supone el restablecimiento de fueros o normas contrarias a los derechos humanos y a las garantías constitucionales.

La paz digna y justa en Chiapas es un reclamo social que no puede ser demorado --el estancamiento del diálogo y la descomposición resultante han cobrado ya demasiadas vidas de mexicanos-- y que debe ser asumido, en su amplitud, por todas las instancias oficiales, políticas y ciudadanas. Por ello, en las circunstancias actuales, no existe mayor muestra de lealtad hacia México que restablecer el proceso de pacificación en Chiapas con base en la distensión militar, la aceptación sin cortapisas de los acuerdos de San Andrés y la interpre- tación jurídica que de ellos realizó la Cocopa y la atención de la marginación, la miseria, la insalubridad y la carencia de derechos efectivos que agobia a las comunidades indígenas del país.