Otorgan amparos a Jesús Miyazawa contra arraigo y detención

Francisco Guerrero Garro, corresponsal, Georgina Saldierna y Gustavo Castillo Ť El ex director de la Policía Judicial del Estado de Morelos (PJE), Jesús Miyazawa Alvarez, solicitó amparos contra posibles órdenes de arraigo o detención promovidas por la Procuraduría General de la República (PGR), ante los juzgados tercero y cuarto de distrito. Ambas fueron aceptadas y le concedieron la suspensión provisional.

El beneficio judicial fue aprobado en el juzgado tercero bajo el número de partida 104/98-IV, y en el juzgado tercero por el 27/98-III, y en los dos se establece como fecha para la audiencia constitucional el 5 de marzo, en que se dictará sentencia sobre la procedencia de amparo definitivo.

El recurso interpuesto por Miyazawa Alvarez es contra la PGR y el juzgado quinto del Distrito Federal, al presumir que se pueda librar una orden de aprehensión o de arraigo domiciliario, así como por haber sido llamado a comparecer por segunda vez ante el Ministerio Público Federal para ampliar su declaración.

Jesús Miyazawa vive una historia similar a la de hace diez años, ya que en 1988 agentes judiciales a su mando fueron detenidos cuando intentaban desaparecer el cuerpo de un comandante al cual torturaron, hecho que le obligó a renunciar a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Ahora, en 1998, pide licencia para dejar su cargo en la Procuraduría General de Justicia de Morelos, luego de que el director operativo y jefe antisecuestros, Armando Martínez, fue detenido en una situación similar.

Además, la PGR, a través de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, y elementos de la Policía Judicial Federal (PJF) adscritos a la fiscalía especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), investiga el paradero de 20 agentes de la judicial de Morelos, como presuntos miembros de una banda de secuestradores.

De acuerdo con la información obtenida, los 20 agentes morelenses fueron capacitados por la Policía Nacional de Colombia en el combate a secuestradores, y hasta el momento se les considera desertores de esa corporación, ya que se desconoce su paradero.

Fuentes de la PGR aseguraron que el procurador de Morelos, Carlos Peredo Merlo, aún no ha comparecido ante el Ministerio Público pues no se le ha girado ningún citatorio para que rinda una declaración ministerial.

Que comparezca Peredo Merlo, exige el CEN del PRD

En la ciudad de México, en tanto, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática solicitó la comparecencia del procurador Carlos Peredo Merlo ante el Congreso de Morelos, y que se investiguen a fondo los hechos delictivos ocurridos en últimas fechas.

Asimismo, exigió que se deslinden las responsabilidades que el gobernador Jorge Carrillo Olea pudiera tener en esos sucesos, pues es sabido que ha hecho caso omiso ante las denuncias ciudadanas que ahora se revelan como ciertas.

El tema sobre la delincuencia en Morelos fue uno de los puntos que se analizaron en la reunión del CEN perredista, realizado ayer martes, en el que también se discutió acerca del caso Zacatecas y de las elecciones en Durango y Veracruz.

Por medio de un comunicado, la dirigencia perredista resaltó que en los días recientes se ha agudizado la crisis de la seguridad pública en el estado de Morelos, lo que ha generado un ambiente de desconfianza acerca del papel de los órganos encargados de combatir secuestros y asaltos.

Recuerda que en más de una ocasión tanto el gobernador Carrillo Olea como el presidente Ernesto Zedillo han recibido expedientes completos en donde se documentan los vínculos en la participación directa que autoridades y ex autoridades policiacas tienen con las bandas de secuestradores.

``La impunidad y la ilegalidad que recorren a la policía judicial morelense'', lo prueba la salida de Jesús Miyazawa como director de esa dependencia, enfatiza, y señala que sin embargo persisten resistencias para impedir que se haga una investigación completa y se castigue a quien ha sido corresponsable de los secuestros y la violencia en aquella entidad.

Por otra parte, fuentes del gobierno de Morelos confiaron que provisionalmente el comandante Gabriel Arroyo Fuentes --quien fuera brazo derecho de Armando Martínez y que también es investigado por la PGR-- está al mando de la coordinación general de la Policía Judicial.

Confirmaron que la oficina del grupo antisecuestros se encuentra cerrada y todo el personal está a disposición del área de recursos humanos de la PGJE.

En tanto, un grupo de agentes del Ministerio Público Federal arribaron a la sede de la procuraduría estatal para tomar declaración a efectivos policiacos e intervenir archivos.

Por otra parte, trascendió una versión acerca de que el procurador Carlos Peredo Merlo, quien tendrá que comparecer ante la PGR, recurrirá ante un juzgado para promover amparos contra un arraigo o posible detención. Otra versión apunta que tras ausentarse durante tres días, 11 de los 50 agentes judiciales antisecuestros habrían sido declarados prófugos de la justicia, por lo que elementos de las policías Judicial Federal y estatal, estarían tras ellos.

Exigen destituir al procurador

El Grupo Convergencia Democrática, integrado por los dirigentes de PAN, PRD y Partido Civilista Morelense, expresaron que por medio de sus fracciones parlamentarias no darán causa a la iniciativa de ley propuesta por el gobernador Carrillo Olea, en tanto no destituya al procurador y designe al suplente conforme a la ley vigente.

El perredista Julián Vences Camacho declaró que la ``forma en que ocurrieron los hechos dejó entrever de manera cruda la situación de corrupción y falta de confianza que priva entre efectivos y funcionarios judiciales de la procuraduría, que hacen insostenible a Carlos Peredo, y por ello exigen su renuncia y no una salida maquillada protocolaria y digna para él''.

El ex director de la PJE, Martín Landa Herrera, denunció por difamación al ex diputado federal Graco Ramírez Abreu y a la presidenta de Casa Ciudadana Cuautla, Carmen Genis Sánchez, a quienes acusó de causarle perjuicios personales y laborales.

De última hora, trascendió en fuentes de la PGJE la existencia de cuatro secuestros cometidos en Cuernavaca, Cuautla y Amacuzac, cuyas familias no han presentado denuncia ante las autoridades para no entorpecer las labores de rescate.