La elección del primer jefe de gobierno del DF, el 6 de julio pasado, fue sin duda un primer paso fundamental en el proceso de consolidación de la democracia en la metrópoli y en la rehabilitación de los derechos políticos de sus ciudadanos. Sin embargo, aún se encuentra pendiente la realización de una reforma que, de manera amplia e integral, siente las bases para las importantes transformaciones legales, políticas, cívicas y morales que se requieren para afrontar, con plena capacidad, los múltiples retos que enfrenta la capital en materia de derechos y prerrogativas políticas de la ciudadanía, seguridad pública, combate a la corrupción, vivienda, trabajo, educación, salud, mejora y cuidado del medio ambiente y fiscalización y vigilancia del manejo de los recursos públicos, por sólo citar algunos.

En esa perspectiva, el llamado del gobierno del DF a todos los actores políticos y sociales a iniciar el diálogo para la reforma política de la urbe es un acontecimiento alentador que debe ser atendido y respaldado por los partidos y las instancias legislativas y de gobierno -federales y capitalinas-, por un lado, y por las organizaciones sociales, vecinales y ciudadanas, por el otro.

La agenda política del DF es larga y demandará, para su resolución, un amplio proceso de debate y consenso. Entre los puntos que deberán considerarse durante las discusiones públicas y en el posterior debate, tanto en la Asamblea Legislativa como en el Congreso de la Unión, destacan la redacción de un nuevo estatuto jurídico para la metrópoli que otorgue plenas facultades a las instancias Ejecutiva y Legislativa de la ciudad; la transformación del DF en el estado 32 y la redacción de una Constitución local; la elección de cabildos y consejos ciudadanos que, junto con la de delegados, permitan la consolidación y el fortalecimiento de un régimen democrático en la ciudad, y la integración de un nivel de gobierno metropolitano que posibilite la atención eficaz de las necesidades y reclamos de un conglomerado urbano que excede los límites del DF, y cuya problemática no puede ser atendida sin una coordinación eficaz y jurídicamente definida entre las autoridades de las entidades federativas del valle de México.

Son igualmente importantes las propuestas para la promulgación de una ley electoral para el DF que garantice que los futuros procesos comiciales se desarrollen en un clima de equidad y transparencia, permita las coaliciones y las candidaturas independientes e imponga sanciones en los terrenos penal y electoral a quienes desvíen recursos públicos para sus actividades proselitistas. La creación de un tribunal electoral propio, la reglamentación de la iniciativa popular y el plebiscito y la incorporación al marco legal del referéndum, la consulta popular, la rendición de cuentas y la revocación de mandato son otros aspectos que deberán abordarse en el diálogo para la reforma política, con el fin de que ésta recoja a cabalidad las demandas y reivindicaciones de la ciudadanía y se traduzca en un nuevo régimen jurídico más equitativo, democrático y participativo para el DF.

La oportunidad para restaurar los derechos políticos de los capitalinos y emprender una reforma jurídica y electoral no debe ser desaprovechada, máxime si se cuenta, como actualmente sucede, con la disposición y las propuestas propicias para alcanzar tales metas. Por ello, cabe exhortar a todos los actores y organizaciones políticas y sociales que participen en las consultas y los debates a que, lejos de posiciones extremistas o refractarias, se desenvuelvan en un clima de apertura, consenso y civilidad.