Uno de los cambios verdaderamente trascendentes que implica y exige la transición democrática en el DF es la participación ciudadana.

Este tema fundamental, propio de la reforma política avanzada que demandamos mayoritariamente en las elecciones del 6 de julio, tendrá que abordarse con profundidad y plenitud, a partir del compromiso y la acción común por parte de todas las representaciones partidarias y legislativas, así como del gobierno de la ciudad y la sociedad civil. Emprender esta gran tarea política supone partir de una visión de cambio integral y a fondo, como lo espera la ciudadanía.

Si únicamente resolvemos el ámbito de la participación ciudadana en términos de la representación vecinal; es decir, de presidentes de colonias y jefes de manzana, estaríamos reduciendo, aislando y limitando los derechos ciudadanos y la oportunidad excepcional de insertar una participación social, con mayores facultades como lo fueron los consejos vecinales.

Hay que ir mucho más allá redefiniendo el marco jurídico de la presencia ciudadana en el gobierno de la ciudad. Y por ello, no bastará establecer una ley de participación ciudadana o una ley electoral del DF, por más importantes y necesarias que éstas sean.

Es preciso desde ahora concebir cambios estructurales en el ámbito Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la propia ciudad de México. Así por ejemplo tenemos que revisar el artículo 122 constitucional, su alcance y facultades, adecuándolo a la realidad del cambio democrático, para lo cual se deberán establecer criterios que generen encuentros y mecanismos de diálogo que conduzcan a compromisos ante los ciudadanos por parte de los diputados del Distrito Federal en la Cámara de Diputados y el Senado, junto con los diputados locales de la Asamblea Legislativa.

Un ejemplo claro que justificaría, de entrada, la necesidad de establecer esta nueva relación entre las diferentes instancias del Poder Legislativo es la Ley de Participación Ciudadana, que está por dictaminarse y que conllevará nuevas elecciones vecinales, bien sea a mediados o finales de este mismo año. En este caso debe evitarse una ley deficiente y al vapor debido a las presiones de tiempo. Es preferible esperar un poco más para tener ahora sí una legislación adecuada en función de las aspiraciones ciudadanas. Si para ello, mientras tanto, hubiera que ampliar la vigencia de la estructura vecinal actual, podría ser una alternativa aceptable.

Lo importante no son las fechas, sino la definición de los tiempos de la reforma política del Distrito Federal. Los temas e interrogantes pendientes son múltiples. He aquí algunos: ¿cómo sustituiremos a los consejos ciudadanos?, ¿tendremos cabildos?, ¿cuándo existirá un congreso local?, ¿se podrá municipalizar la ciudad antes de erigir el Estado 32?...

Hay que revisarlos juntos, incluyendo partidos políticos, Asamblea, Cámaras, gobierno de la ciudad, organismos sociales, Organizaciones No Gubernamentales, y una amplia consulta popular.

Por eso, ahora que se discuta la Ley de Participación Ciudadana y la Ley Electoral del DF, merece una reflexión el hecho de ver, de una vez por todas, la reforma política que se quiere, se puede y se requiere hacer, aunque nos lleve un poco más de tiempo, digamos todo 1998.

Pero no más parches legales, ni decisiones timoratas o visiones parciales y limitadas. Optemos por un cambio posible, consistente y benigno para la ciudad de México antes del año 2000.