Exigen PAN y PRD candados a la Ley de Coordinación Fiscal

Mireya Cuéllar y Ciro Pérez Silva Ť Los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática cuestionaron ayer desde la tribuna de la Comisión Permanente la ``competencia'' de los gobernadores de los estados para acordar una interpretación de la Ley de Coordinación Fiscal -vía una comisión especial que se creó a propuesta del Presidente de la República el 5 de febrero en Querétaro- por considerar que es una facultad del Poder Legislativo, mientras que el PRI, si bien no los descalificó, reconoció que el Congreso ``tiene mano'' en el tema.

El asunto del reparto de los recursos federales que el Congreso aprobó para este año a los municipios, y de los cuales los gobernadores están ``disponiendo'' (según la oposición), fue ayer nuevamente centro del debate, cuando Acción Nacional denunció que en Tamaulipas Manuel Cavazos tiene ya también su ley Bartlett, a través de la cual manipulará los dineros del ramo 33.

Como respuesta a la queja del panista, el perredista Alfonso Ramírez Cuéllar fue hasta la tribuna para proponer a los partidos reconocer que la Ley de Coordinación Fiscal tiene ``errores'' y el Presupuesto de Egresos de 1998 carece de ``candados'' y, como dejaron ``hilos sueltos y lagunas'', los gobernadores están utilizando ``a su antojo'' los recursos que se adicionaron a las arcas municipales.

Ramírez Cuéllar dijo que el Congreso no puede aceptar que sea una comisión de gobernadores la que les enmiende la plana, porque no les corresponde ``ponerse de acuerdo para determinar cuáles serían las interpretaciones de la Ley de Coordinación Fiscal y evitar los enfrentamientos en la aprobación de lo que pudieran ser las legislaciones reglamentarias en los estados, las legislaciones hacendarias o de planeación''.

El procedimiento, apuntó, tiene que ser revisar y reformar el capítulo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal; ``aceptar que ahí hubo equívocos; que tiene que someterse a revisión el presupuesto en esta materia para ponerle controles y evitar que los gobernadores hagan y deshagan''.

Agregó, dirigiéndose a los panistas, que si no se hacen los ajustes legales sus quejas contra los gobernadores seguirán siendo ``lamentaciones al aire'' y el Congreso (senadores y diputados) ``no puede aceptar que una comisión nombrada por el Ejecutivo, sean gobernadores o no, nos vengan a decir cuál es la interpretación de la ley y vengan a dictar incluso cuál será el contenido y los criterios para modificar las leyes estatales''.

Y propuso un punto de acuerdo: Que la Comisión de Hacienda de la Cámara, tomando en consideración los conflictos suscitados en diversas entidades federativas en torno a la aplicación de los recursos del ramo 33 y la interpretación de la Ley de Coordinación Fiscal, considere la oportunidad de revisar y, en su caso, modificar esta ley en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión.

Los gobernadores harán y desharán

Advirtió que si el Congreso no toma cartas en el asunto, sindicalizados o no, los gobernadores podrán ``hacer y deshacer con una cantidad millonaria de recursos públicos, que estaban destinados a darle autonomía económica a los municipios''. ( 6 mil 732 millones 100 mil pesos, según el presupuesto aprobado en diciembre pasado para el rubro Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, FAFMDF, ramo 33), cuya asignación no quedó regulada ni en la Ley de Coordinación ni en el Presupuesto. El decretó sólo dice que la SHCP las entregará a cada entidad, ``y a través de éstas a los municipios''.

Ya encarrerado, Ramírez Cuéllar recriminó a los panistas sus ``acuerdos de trastienda'' con un Ejecutivo que sólo los emboletó en la aplicación de un paquete económico y luego no les cumple, y los reconvino a ``convencerse'' de que más vale fortalecer al bloque opositor.

La priísta Laura Alicia Garza Galindo tomó la palabra para explicar que la Comisión de Gobernadores debatirá con la Secretaría de Hacienda para ver cómo se compensa a los municipios ``que fueron afectados con menos participaciones este año con respecto al anterior'' y que la Cámara deberá discutirlo hasta diciembre próximo, cuando sea revisado el presupuesto para 1999.

Fue hasta en una segunda ronda de oradores, cuando la priísta argumentó que dado el ámbito territorial del problema, los gobernadores tienen ``competencia'', aunque el Congreso ``por supuesto, tiene mano, y por supuesto continuaremos discutiendo este tema''.

Y admitió como válida la postura de la diputación perredista -que para entonces ya había defendido también Pablo Gómez-, sobre la ``necesidad de que esto se trabaje en el Congreso federal, porque lo considero del más alto interés''.

El panista Felipe de Jesús Cantú Rodríguez no aceptó que haya habido un error en la aprobación del Presupuesto de Egresos y de pasó refutó la acusación perredista de que Acción Nacional hizo acuerdos de ``trastienda con el PRI''.

Estuvo de acuerdo con el PRD en que debe modificarse la ley de Coordinación Fiscal y también puso en tela de juicio la competencia de la Comisión de Gobernadores; ``yo no digo que sea mala, es un coadyuvante del perfeccionamiento del sistema y hasta donde yo sé no tiene la competencia que usted les atribuye'' (dijo refiriéndose a las explicaciones de Garza Galindo''.

Recursos para el ``clientelismo político''

Apuntó que la facultad para discutir la constitucionalidad de los reglamentos que se están aprobando en los estados -para la distribución de los recursos del ramo 33- es precisamente el Congreso Federal y ``evidentemente a los gobernadores habría que ver si les compete'' consensar una interpretación de la Ley de Coordinación Fiscal.

Pablo Gómez Alvarez, del PRD, explicó que el asunto debe ser atendido por el Congreso porque se trata de la aplicación de recursos que la Federación asigna a través de una ley, y en lugar de que intervengan los legisladores, Bartlett ``convoca a los gobernadores a acciones político legislativas tendientes a la utilización de estos recursos para la creación de estructuras políticas y el desarrollo del clientelismo político''.

Además, señaló Gómez, el presidente Zedillo, ante las protestas por lo que están haciendo los gobernadores con los recursos de los municipios ``piensa que puede aclarar algo formando una comisión de gobernadores, y yo me pregunto ¿qué cosa es eso de comisión de gobernadores? ¿De dónde se inventó el Presidente de la República esta figura o este mecanismo para abordar un asunto de esta naturaleza y yo diría que de cualquier otra? Este asunto, remató, es del Congreso.

El debate de este asunto tuvo muchas aristas, no sólo porque se tejió en torno a las reformas a la Ley de Planeación de Tamaulipas aprobadas el pasado 31 de enero (sobre lo cual se expresaron puntos a favor y en contra), sino que salió a relucir la soberanía de los congresos locales para aprobar sus propias leyes -al diputado priísta Rafael Oceguera le pareció que la Permanente cometía ``un acto de profesión intervencionista'', discutir lo que hacen los legisladores de Tamaulipas o cualquier otra entidad-. La propuesta de Alfonso Ramírez fue turnada a la Comisión de Hacienda.