La Jornada viernes 13 de febrero de 1998

Astillero Ť Julio Hernández López

La declaración de guerra emitida el miércoles reciente, en algún lugar del Club Libanés de la ciudad de México, por el Ejército Bartlettista de Liberación Tricolor (EBLT) , mereció ayer en territorio panista una referencia presidencial que puede leerse en dos sentidos, tanto en el más evidente, de una llamada al subcandidato presidencial poblano para que deponga las armas, como una más rebuscada, en la que el gobierno estaría respondiendo positivamente a uno de los puntos generadores de la insurrección.

La mesurada respuesta presidencial a las bélicas palabras pronunciadas 48 horas atrás por Manuel Bartlett Díaz (frente a diputados y ex diputados federales y estatales, todos priístas, por supuesto) se refirió a la controversia desatada por el gobernador poblano al promover y conseguir carácter de ley para una iniciativa con la que, a su decir, se rescata el sentido de la política social y se corrigen las desviaciones en la ley que regula la asignación de partidas federales a municipios aprobada en diciembre del año pasado.

Con Francisco Barrio Terrazas como principal testigo, el presidente Ernesto Zedillo llamó a que la polémica sobre la citada Ley Federal de Coordinación Fiscal no fuese más motivo de disputas estériles entre políticos y, para bien sazonar su discurso, pidió menos discusión y más trabajo, menos pleito y más servicios al pueblo, en una ¿involuntaria? remembranza de la máxima porfirista que recomendaba poca política y mucha administración (el uso de los signos de interro- gación proviene del recuerdo de lo dicho por el Presidente el 21 de octubre del año pasado, en Guadalajara, con directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa, en un acto auspiciado por los tecos, en el que reivindicó en comentarios informales la figura de Porfirio Díaz).

Trampas mortales, traiciones grotescas, borregos: disciplina

La propuesta presidencial de pacificación y concordia entre políticos tuvo como referente la pugna panista contra la llamada ley Bartlett pero, más allá, como telón de fondo, las otrora increíbles palabras pronunciadas por el nuevo mesías priísta que frente a ex diputados pertenecientes a la LIV legislatura federal (convocados por el presidente de la asociación civil que les congrega, Juan Díaz Aguirre) declaró entre otras cosas, según la nota de Wilbert Torre publicada ayer en Reforma:

``Estamos ante una guerra, una lucha terrible que los priístas debemos dar para enfrentar una trampa mortal organizada desde arriba; una serie de traiciones grotescas que no debemos soportar. Si no damos la batalla, el partido estará liquidado.

``Nosotros debemos reaccionar, porque no nos vamos a suicidar caminando hacia el cadalso, como borregos, siguiendo puntualmente la disciplina del partido con el `sí, díganos, ordénenos, oriéntenos'. La disciplina es el arma fundamental del partido, pero si no hay partido, la disciplina es nuestro veneno''.

A la reunión, según Arturo Zárate Vite, de El Universal, asistieron alrededor de 50 ex diputados, entre los que anotó a Jorge Schiaffino, Francisco Galindo Musa, Cuauhtémoc Paleta, Esther Kolteniuk, María Inés Solís, Manuel Carreto, Romeo Ruiz Armenta, Edmundo Martínez Zavaleta, Adolfo Barrientos y Vicente Fuentes Díaz. El reportero Zárate Vite apuntó que la asistencia al desayuno ``fue inusual, incluso hubo necesidad de colocar mesas extras. (...) Un desayuno que no fue gratuito, porque antes de retirarse, una edecán les solicitó el pago de 100 pesos a los ex legisladores, que no todos estuvieron dispuestos a dar''.

La declaración de guerra fue directa contra el ejercicio presidencial vigente, aunque a pesar del uso de referencias absolutamente indudables a su persona (muy en el estilo priísta), nadie mencionó por su nombre al doctor Ernesto Zedillo. De manera subsidiaria, Mariano Palacios Alcocer, de quien sí se pronunció su nombre completo, fue acusado de las congojas actuales del priísmo y, desde luego, se exigió su remoción.

Pues bien, frente a esa declaración de guerra del EBLT se produjo en Chihuahua una conciliadora frase presidencial llamando a terminar con los ``pleitos''. La frase resulta dramáticamente impropia por varias razones conceptuales y circunstanciales.

Un réquiem por la política

En primer lugar, es impropia porque los pleitos, o conflictos, son consustanciales a la convivencia social humana, y justamente una de las vías de resolución de tales diferendos es la política. Pretender que los pleitos políticos terminen mediante invocaciones o buenos deseos personales es absolutamente equívoco, y pareciera tender a una especie de versión local (El fin de la política, sería el título de tal aplicación nativa) de la teoría de Francis Fukuyama de que las ideologías han muerto.

En segundo lugar, es impropia porque pretende ignorar las causas reales y objetivas (no una simple vocación peleonera) que hoy saturan el panorama nacional, en todos los niveles, de esos ``pleitos''. Para no ir tan lejos, la circunstancia específica en la que se produjo el llamado presidencial resulta ejemplar en cuanto a la sobrevivencia y reproducción de conflictos. Mientras Barrio Terrazas fungía como anfitrión y testigo de los dichos presidenciales, en la ciudad de México los diputados panistas le desconocían representación partidista a los gobernadores del blanquiazul que participasen en la comisión creada el 5 de mayo (después del episodio violento contra el autobús en el que viajaba parte del gabinete presidencial) en Juriquilla, para revisar los problemas operativos derivados de la aplicación de la citada Ley de Coordinación Fiscal.

La comisión de gobernadores fue integrada por los panistas Francisco Barrio Terrazas y Fernando Canales Clariond, y los priístas Rogelio Montemayor, Diódoro Carrasco y Fernando Silva Nieto. Ayer, mientras el Presidente hablaba y el gobernador de Chihuahua escuchaba, la diputación panista anunció que los gobernadores panistas que participasen en tal comisión lo harían sin la representación panista, pues este partido buscará resolver los enredos de la citada ley en el ámbito legislativo y no en el de los ejecutivos federal y estatales.

La desautorización de los diputados panistas a lo que hagan Barrio Terrazas y Canales Clariond tiene que ver con la lucha interna por la candidatura presidencial. Veamos: Barrio Terrazas, por ejemplo, ha declinado su eventual aspiración a la candidatura presidencial panista en favor de Vicente Fox. Diego Fernández de Cevallos, por su parte, ha encabezado una cruzada, hasta ahora meramente declarativa, contra la llamada ley Bartlett, a cuyo derrumbe ha apostado todo. Barrio Terrazas, habiéndose declarado, como lo hizo en Juriquilla, contra los puntos débiles de la Ley Federal de Coordinación Fiscal (igual que Alberto Cárdenas Jiménez, gobernador panista de Jalisco), abrió una grieta en el panismo que favorece a Bartlett (si Bartlett gana, y Diego pierde, Fox tendrá más posibilidades). Por eso se deslegitima a Barrio, con la esperanza de que pierda Bartlett y gane Diego.

Ahora bien, en la exhortación presidencial a dejar los pleitos de lado, ¿hay una referencia al subcandidato Bartlett para que se baje de las montañas declarativas y firme la paz, o más bien, a los panistas para que dejen de estar peleando y acepten la ley federal como está y las modificaciones estatales como se vayan dando?

Sea cual fuere la intención presidencial, lo cierto es que hoy, con esas pesadísimas palabras, Manuel Bartlett avanza en su consolidación como el nuevo mesías tricolor, Mariano Palacios Alcocer se tambalea (ya se habla del propio Bartlett como sustituto, lo cual de acuerdo con la tradición priísta parecería un exceso, pues normalmente a quien critica no se le premia con el puesto impugnado) y la faceta partidista del doctor Zedillo comienza a recibir (tercer año, mitad de sexenio, sexenio de tres años, Muñoz Ledo dixit) juicios públicos adversos.

Y mientras tanto, júrelo usted, los pleitos seguirán...