Propone congelación inmediata de bienes de cárteles mexicanos

David Aponte Ť La DEA, el FBI y la oficina del zar antidroga Barry McCaffrey propusieron a México el congelamiento e incautación inmediata de las cuentas bancarias y las propiedades de narcotraficantes mexicanos, a petición de jueces estadunidenses, en el marco de la negociación para un nuevo acuerdo de compartición de bienes provenientes de actividades criminales.

De esta forma, los gobiernos de México y Washington podrían asegurar de manera instantánea los depósitos bancarios y los bienes de los familiares y jefes de los cárteles de la droga, a solicitud de las partes, según los datos de la iniciativa de Washington presentada a la cancillería y a la Procuraduría General de la República.

El nuevo acuerdo entre las autoridades mexicanas y estadunidenses supliría o complementaría al protocolo firmado en mayo de 1995, indican.

Las agencias antinarcóticos de Estados Unidos enviaron a México una propuesta encaminada a mejorar los mecanismos de congelamiento y aseguramiento del efectivo y propiedades de las mafias dedicadas al tráfico de drogas. La iniiativa también incluye otros ilícitos cometidos por el crimen organizado.

En su argumentación, la DEA, el FBI y la oficina del zar antidrogas, general retirado Barry MacCaffrey, mencionan que el acuerdo suscrito en mayo de 1995 --mecanismo para compartir bienes y activos-- establece la necesidad de que las autoridades mexicanas apoyen las investigaciones o dirijan las persecuciones de los narcotraficantes.

``Aunque el Tratado Mutuo de Asistencia Legal ya ha establecido las bases para la compartición de bienes decomisados, el gobierno de México necesita precisar un acuerdo de esta índole para sustituir las leyes internas, que permitan que los fondos (asegurados) sean depositados en el tesoro general (la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), en lugar de destinarlos para propósitos específicos orientados a las agencias encargadas de la aplicación de la ley'', exponen.

Desde la perspectiva de las autoridades estadunidenses, el acuerdo de mayo de 1995 --documento solicitado a la Secretaría de Relaciones Exteriores y que no fue entregado hasta la elaboración de esta nota informativa-- resultó útil porque facilitaba la posibilidad de monitorear la utilización de los fondos, principalmente en las acciones antinarcóticos.

En la revisión del acuerdo bilateral, las agencias estadunidenses esperan que haya una total reciprocidad sobre la disponibilidad total de los recursos incautados, en beneficio de las dos partes. ``El gobierno de Washington considera que el (nuevo) acuerdo debe aplicarse también a casos que no están relacionados con el tráfico de drogas'', indican.

De conformidad con las iniciativas presentadas por los responsables del combate a las drogas de Estados Unidos, las dos naciones requieren de un protocolo en la materia, con asistencia legal, que haga posible la confiscación inmediata de los bienes, cuando sean requeridos por los jueces estadunidenses y mexicanos.

``El gobierno de Estados Unidos espera negociar un amplio acuerdo de cooperación y compartición de bienes confiscados, una vez que México promulgue las leyes necesarias que proporcionen las bases para la cooperación judicial total entre los dos países'', agregan.

Con el actual Acuerdo Bilateral para Compartición de Bienes Decomisados a Narcotraficantes, la parte estadunidense entregó al entonces canciller José Angel Gurría cheques por 6 millones de dólares el 5 de octubre de 1995. El efectivo fue utilizado para la adquisición de equipo y el financiamiento de programas para la lucha contra el tráfico de drogas y la farmacodependencia.

Durante 1997, la Procuraduría General de la República se incautó de aproximadamente 160 millones de dólares en bienes de narcotraficantes que operan en territorio nacional, según datos de la dependencia.