Desautorizan los diputados panistas a los gobernadores de su partido que participan en la comisión sobre recursos federales

Mireya Cuéllar y Ciro Pérez Silva Ť La bancada panista de la Cámara de Diputados advirtió ayer a los gobernadores blanquiazules que participan en la comisión especial creada el pasado 5 de febrero en Querétaro para definir el criterio como serán usadas las aportaciones federales a los municipios, que sus acuerdos no tendrán el respaldo de la fracción y que el PAN considerará que su participación en dicha comisión es ``a título personal''.

El diputado Rogelio Sada Zambrano, subcoordinador de política económica de la fracción panista, informó que el tema ya fue discutido entre los diputados y que la propuesta presidencial de que sea una ``junta de gobernadores'' la que defina criterios de reparto de recursos ``es absurda'', porque en el Presupuesto de Egresos se estableció que serían distribuidos con base en la densidad poblacional (a mayor número de habitantes, mayores recursos).

(En la comisión, presidida por Diódoro Carrasco Altamirano, de Oaxaca, están los panistas Francisco Barrio Terrazas, de Chihuahua, y Fernando Canales Clariond, de Nuevo León).

En tanto, el coordinador de los diputados priístas, Arturo Núñez Jiménez, dijo que de ninguna manera la junta de gobernadores le va a ``enmendar la plana al Congreso'', sino que revisará con la Secretaría de Hacienda la mejor forma de distribuir las aportaciones federales a los municipios que resultaron afectados con los criterios que el Legislativo introdujo este año en el presupuesto.

Descartó que de momento se pudieran hacer modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, ya que ``conforme a la experiencia que derive de su aplicación este año se podrá mejorar'', y dijo que el problema que se ha derivado de la nueva distribución de los recursos no es de vacíos legales sino de ``interpretación''.

En el mismo sentido, la priísta Laura Alicia Garza Galindo propuso la creación de una comisión especial de diputados que discuta el problema a fondo y haga propuestas concretas de cómo resolver la controversia.

El panista Rogelio Sada, quien citó a conferencia de prensa para abordar el tema, explicó que el gobernador Manuel Bartlett quiere distribuir las ``aportaciones'' federales con el mismo criterio que se reparten las ``participaciones'', cuando se trata de dos cosas distintas.

En el primer caso, dijo, el gobierno federal entrega a los estados el 20 por ciento de lo recaudado vía cobro de distintos impuestos, y el Congreso de cada uno de ellos decide el mecanismo de reparto, mientras que las ``aportaciones'' aprobadas este año para los municipios (ramo 33) ``van etiquetadas; se distribuyen con un criterio demográfico''.

Lo que está haciendo el gobernador de Puebla, apuntó, es un ``precuartelazo'' con miras al año 2000 contra el presidente Zedillo, que empezó cuando impuso una ley estatal que contraviene lo que habían acordado los diputados con el Presidente y continúa con sus últimas expresiones ante un grupo de priístas.

El regiomontano recordó que fue Acción Nacional el que impulsó la creación de un fondo de aportaciones con recursos que llegarían directamente a los municipios (ramo 33), y que ahora los ``gobernadores duros, aferrados a sus viejas tradiciones'', quieren controlar. Sin embargo, sentenció, ``Bartlett está dando los estertores propios de la agonía de un dinosaurio, y nada me complacería más que fuera el candidato del PRI en el año 2000 porque me parece que sería un buen enterrador, muy propio para la ocasión''.

Por otra parte, fuentes del PRI señalaron que en el fondo de la discusión del reparto de aportaciones federales está un problema de tipo político, que tiene que ver con que el Ejecutivo no consultó a los gobernadores cuando acordó con el PAN la creación del ramo 33 a cambio de su voto a favor del paquete presupuestario para este año.

Entregar recursos en función de la densidad de población no fue una propuesta ni de Hacienda ni del PRI, comentó la fuente, sino de los panistas que frente a un año electoral vieron en la entrega de recursos a los municipios más grandes una fuente de apoyo para su partido, que precisamente gobierna las grandes ciudades. Y ahora que los gobernadores están maniobrando para que los municipios pequeños no se queden sin aportaciones, los panistas están muy molestos.

La discusión jurídica es muy compleja, apuntó la fuente, porque cada quien encuentra en la ley elementos para apuntalar sus juicios y de manera inevitable unos y otros revisten el debate jurídico con argumentos políticos. (Ciertamente, este medio tuvo problemas para encontrar diputados que pudieran hacer un deslinde entre el aspecto jurídico del debate y la parte política).