En secreto, los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) preparan el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) para eliminar las barreras al libre flujo de capitales. Es el acuerdo más importante y potencialmente nocivo que se haya preparado sobre inversiones extranjeras. La semana próxima se decide el formato de las negociaciones futuras.

El AMI busca, entre otras cosas, proporcionar trato nacional a inversionistas extranjeros (cualquier incentivo para desarrollar empresas nacionales está prohibido), y otorgar un estatus análogo al de ``nación más favorecida'' a corporaciones e inversionistas. El AMI prohíbe requisitos de desempeño en la política industrial: ningún gobierno podrá imponer condiciones a la inversión extranjera directa (IED) sobre integración con proveedores locales, creación de empleos o exportaciones.

El AMI otorgará el derecho a los inversionistas para demandar a los gobiernos de los países receptores. Además, el AMI busca eliminar restricciones sobre propiedad extranjera en regiones o sectores estratégicos y será un instrumento clave en la ofensiva del capital extranjero sobre privatizaciones.

En síntesis, el AMI pretende eliminar toda reglamentación sobre inversiones extranjeras. Prohíbe a países receptores imponer controles y requisitos de permanencia en su espacio económico para inversiones de cartera. En el contexto de la crisis en Asia, y la de México en 1994, esta prohibición carece de sentido. En la economía mundial se llevan a cabo transacciones no comerciales por 1.3 billones de dólares a diario, principalmente en los mercados de divisas. La mayor parte de este movimiento se realiza con fines especulativos, y el AMI impediría cualquier intento por regularlo.

Sólo un acuerdo comercial ha avanzado tanto en la eliminación de controles sobre inversiones extranjeras: el Tratado de Libre Comercio en sus capítulos sobre inversiones y servicios financieros. Ni los acuerdos derivados de la Ronda Uruguay llegaron tan lejos. Por esa razón, sabiendo que la negociación del AMI en la Organización Mundial de Comercio levantaría fuerte oposición, sus promotores prefirieron el marco (más discreto y controlable) de la OCDE. Se busca así que el acuerdo sea suscrito inicialmente por los países miembros y después sea abierto a la adhesión de los demás. En la perspectiva de Estados Unidos, al resto de la comunidad internacional no le va a quedar más remedio que la adhesión al AMI.

Sin desconocer el papel que la inversión extranjera directa puede jugar en el proceso de desarrollo, frecuentemente presenta innumerables problemas en materia de derechos laborales y normas sobre medio ambiente. El TLC elimina la posibilidad de utilizarla como eficaz instrumento de desarrollo industrial. Por su lado, los flujos de corto plazo (cartera) han sido factor de volatilidad e incertidumbre, afectando negativamente la política monetaria y cambiaria en muchos países, mientras los beneficios de esta modalidad de financiamiento no acaban de realizarse. El AMI promoverá los efectos más negativos de la globalización e intensificará el aumento de disparidades en ingresos y riqueza, la creciente concentración industrial y financiera, y la violación sistemática de legislaciones en materia laboral y ambiental. Al igual que el TLC, el AMI será otro obstáculo para una política económica sana e independiente.

En su contenido actual, el AMI no define obligaciones para inversionistas. Sin algunos de los mecanismos de verificación y regulación que el AMI busca eliminar, los gobiernos receptores perderán el poco control que todavía tienen sobre inversiones extranjeras y flujos de capital, y no habrá manera de fincar responsabilidades a los inversionistas.

El AMI se está negociando en un marco secreto al que sólo tienen acceso unos cuantos funcionarios y los lobbies financieros y comerciales más poderosos del mundo. El acuerdo se está diseñando a espaldas de la nación y sin el escrutinio público que requiere.

Nuestro país como miembro de la OCDE será uno de los primeros signatarios del AMI, y ni la Secofi, ni la SHCP han informado sobre este nuevo acuerdo. Cuando México ingresó a la OCDE se dijo que no era un tratado y que sólo era un club que tenía ciertas reglas. Los compromisos que México contrajo en su momento, y los que se desprenderán del AMI, contradicen esa falsa y desorientadora información.