Los recientes desalojos por la fuerza pública de ocupantes irregulares de terrenos, o de inquilinos deudores morosos de vivienda en renta, tienden a convertirse en motivo de desencuentro entre el gobierno del Distrito Federal y el Movimiento Urbano Popular, parte importante del cual ha sido base de apoyo del PRD y del actual jefe de gobierno capitalino durante una década. Sin duda, se trata de la inevitable manifestación coyuntural de un grave problema estructural de la ciudad y la sociedad de la capital, presente durante cinco décadas y agudizado por 15 años de políticas neoliberales aplicadas por gobiernos priístas.

El campo mexicano, en crisis durante más de 20 años, no ha dejado de expulsar población campesina hacia las ciudades; hoy, la migración continúa como efecto de la contrarreforma agraria salinista y el libre comercio agrícola, así como de la violencia reinante en muchas regiones del centro y sur del país. En las ciudades se junta al crecimiento demográfico de la gran masa de población urbana. Esta gente, mayoritariamente desempleada, subempleada, informalizada o empobrecida por un modelo económico excluyente, e incapaz de superar sus propias contradicciones, carece de recursos y viabilidad como ``sujeto de crédito'' para acceder a terrenos o viviendas en propiedad o renta en el mercado privado, eminentemente especulativo y carente de oferta adecuada para estos sectores sociales. A su vez, el Estado, incapaz o sin interés de entender y resolver los problemas del sector, ha desarrollado una acción viviendista muy limitada, insuficiente, mal localizada y también fuera del alcance de los sectores mayoritarios. Hoy, las instituciones estatales de vivienda actúan como simples promotoras o bancos hipotecarios, prisioneros de la misma relación mercantil excluyente.

La alternativa de los nuevos pobres urbanos ha sido hacinarse en vecindades insalubres, donde son objeto de la usura de los casatenientes; u ocupar irregularmente terrenos públicos o privados y autoconstruir viviendas, también insalubres y hacinadas, carentes de servicios esenciales. Así se ha construido, durante más de medio siglo, cerca de la mitad de nuestras ciudades, dando lugar a un crecimiento extensivo e incontenible, depredador de la naturaleza. La irregularidad conduce inevitablemente al conflicto entre ocupantes y gobiernos que han defendido normas jurídicas y políticas que, carentes de sustento en la realidad, se hacen inoperantes, legales pero socialmente ilegítimas.

En este marco aparecieron empresarios formales e informales que lucran con la escasez y la necesidad de los pobres, promotores y líderes, gestores y organizaciones sociales democráticas o autoritarias, que se insertan y defienden intereses justos o abiertamente espurios. El corporativismo, propio del régimen político de partido de Estado aún vigente, instrumento de control social del PRI, fue el contradictorio cordón umbilical entre las dos partes del conflicto; el sistema resultante también atrapó en sus redes a las organizaciones populares independientes y a los partidos de oposición.

En una relación marcada por la irregularidad y la permanencia del problema social, en medio de la escasez de tierra urbanizable y oferta de vivienda popular, la corrupción política (votos cautivos, liderazgos impuestos, apoyo acarreado, etcétera) y económica (mordidas y gratificaciones, cesión ilegal de terrenos, préstamos o donativos ocultos, enriquecimiento ilícito de funcionarios y líderes, etcétera) germinó ``naturalmente'' como forma de negociación de los conflictos, dando lugar a una telaraña de relaciones ilícitas toleradas o asumidas por ambas partes, pero contrarias al interés colectivo de los ciudadanos y a un desarrollo urbano racional, social y ambientalmente sustentable. El desalojo por motivos legales, políticos o urbanos, o la violencia abierta se han mantenido como salida discrecional a lo que la razón o la justicia social no resuelven.

En esta antidemocrática estructura se entrelazan todos los niveles del poder estatal y los ámbitos territoriales, en lo agrario, lo urbano y la vivienda. Por ello, el problema de la vivienda y los conflictos que genera son producto histórico e involucran al gobierno local, al de los estados vecinos y al federal, que define las políticas económicas, salariales, habitacionales y territoriales que inciden en cada uno de los lugares y controla instituciones nodales para la atención al problema, como Infonavit, Fovissste y Fonahpo.