Con elecciones en 14 estados de la República --diez de ellas para elegir a otros tantos gobernadores--, en este año estaremos viviendo una intensa actividad política, con resultados que incidirán seguramente en el cambio de gobierno del año 2000.

No obstante que un número creciente de líderes de opinión señala el deterioro continuo de las instituciones y el riesgo de que el país se vea envuelto en una crisis política mayor, que no descarta una guerra civil, preferimos seguir pensando aquí en la continuación de una transformación democrática, a través de los próximos procesos electorales.

Al iniciar el año, y con él las primeras campañas políticas, los antecedentes electorales le dan una importante ventaja estadística al PRI, de alguna manera similar a la que tenía el año pasado en las entidades donde se realizaron elecciones. Pero también con el mismo gran peso en su contra: los electores de esos estados, muy en particular los de sus zonas urbanas, continúan profundamente disgustados con la realidad económica y social del país, de sus regiones y de sus familias, y ello por fuerza se reflejará en las urnas.

Las encuestas realizadas por la Fundación Arturo Rosenblueth a lo largo del territorio nacional durante los últimos meses, siguen mostrando la enorme preocupación de la población por el empleo y su demanda de generación de trabajos como primera prioridad, en franca contraposición con el discurso y las cifras oficiales, que hablan de la recuperación del empleo y la superación de la crisis económica.

La situación de pobreza de amplios sectores de la sociedad --reconocida incluso por los más altos funcionarios del gobierno como una realidad imposible de resolver en los próximos 20 años--, difícilmente puede ser entendida por la población, que observa con rabia la acumulación de riqueza en unos cuantos. La visión generalizada en todo el país es la de la corrupción asociada al gobierno federal y al PRI; como en 1997, esa imagen que los priístas poco hacen --o poco pueden hacer-- por cambiar, sin lugar a dudas les restará muchos votos.

En cuando menos cuatro de los diez estados que tendrán elecciones, las sociedades locales han visto de cerca el significado real y los riesgos del narcotráfico. Influyente y fuerte por los recursos económicos que maneja, esta forma de crimen organizado tiene pocos simpatizantes y menos adeptos. No más de un adulto por cada 10 mil participa de alguna manera en sus actividades; los otros 9 mil 999 prefieren no tener nada que ver, y entienden al narcotráfico como un peligro que debe ser eliminado. Un porcentaje importante de los votantes de esos estados asocia a personajes del gobierno y del PRI con esas redes de delincuencia.

Pero seguramente el mayor costo electoral para el PRI estará en Chiapas, y muy concretamente en Acteal. Para amplios sectores de la sociedad y en algunos estados más que en otros, los ejecutores directos de estas atrocidades están ligados al PRI, mientras al gobierno de la República, y en particular al Presidente, se le responsabiliza de haber obstaculizado y retardado el proceso de paz, hasta llegar al actual grado de descomposición. La imagen global es la de un gobierno desatento y tramposo, en el que poco se puede creer, y que necesariamente está asociado al PRI.

En estas condiciones, los votos para él necesariamente irán a la baja, no importa qué candidatos tenga. Sus únicos recursos posibles estarán en el voto corporativo de la zonas rurales (importante en varios estados), y en el uso de recursos y programas gubernamentales para comprar votos. Otra opción difícilmente pensable, es deslindarse del gobierno federal y sus políticas perversas y contrarias al país, para ofrecer compromisos nuevos, distintos y creíbles.

Para los partidos hoy de oposición en los diez estados, el escenario es de avance y triunfo, en la medida que sepan captar los reclamos legítimos de la sociedad y transformarlos en propuestas políticas viables y atractivas. El escenario previsible es de cambio, pero no de un partido por otro, sino de una forma de hacer política basada en amarres y alianzas de poder, por otra sustentada en el voto y en el compromiso con la gente. La experiencia de 1997 se repetirá así en este año, y conformará el marco de referencia del año 2000. Un escenario en el que no puedan imponerse el voto comparativo ni los votos del miedo y la propaganda.