Julio Boltvinik
En pañales

El asunto de la llamada ley Bartlett y de sus secuelas, como las reformas a la Ley de Planeación en Tamaulipas, sigue caldeado. El Presidente tomó la iniciativa de crear una comisión de gobernadores que, según la legisladora priísta Garza Galindo, ``debatirá con la Secretaría de Hacienda para ver cómo se compensa a los municipios que fueron afectados con menos participaciones (sic) este año con respecto al anterior''. Según Pablo Gómez, del PRD, esta comisión se la sacó de la manga el Presidente, pues éste es un asunto del Congreso.

Aclaremos algo. Los cambios recientes a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) no están referidos a las participaciones en ingresos fiscales, recursos normados en los capítulos preexistentes de la ley, sino de aportaciones federales que tienen otro carácter. Mientras las participaciones son recursos no condicionados, que pertenecen a los estados, las aportaciones son recursos federales condicionados o etiquetados. Según David Colmenares, ``los recursos del ramo 33, en tanto no sean transferencias no condicionadas, no deberían estar en la LCF''. Otra manera de ponerlo es que mientras las participaciones son recursos estatales, las aportaciones son recursos federales descentralizados. Si es así, cabe entonces preguntarse si la cesión que la Federación hizo a los estados, al otorgarles la facultad de normar ``técnicamente'' el uso de los recursos, es correcta. La iniciativa de la LCF señala expresamente que los recursos ``serán administrados y ejercidos por los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios'' y que ``serán las propias autoridades locales de control y supervisión del ejercicio del gasto en cada entidad federativa quienes tendrán la responsabilidad exclusiva de ejercer la vigilancia directa que corresponda a los ejecutores del gasto, a fin de constatar la correcta aplicación de los recursos recibidos''.

Administradores y contralores, sí, pero de fondos etiquetados, ya que no podrán ``destinarlos a fines diversos a los que, para cada Fondo limita la Ley'', rezaba la iniciativa. Además, en el Fondo de Infraestructura Social se creó un vacío técnico.

Hasta 1997, la Secretaría de Desarrollo Social normaba, mediante un manual de operación, el ejercicio del gasto. En la iniciativa de LCF se había incluido un artículo transitorio que preveía la aplicación de este manual, ``en tanto los estados y municipios determinen, con base en la legislación local respectiva, la normatividad para el adecuado uso de los recursos''. Sin embargo, éste fue excluido del texto aprobado en el Congreso, por lo que existe un vacío de reglamentación que de seguro será llenado casuísticamente. El PAN teme que gobernadores como Bartlett utilicen la normatividad técnica con fines políticos.

Buena parte de la discusión ha girado en torno a la distribución de los recursos entre las entidades y los municipios. El 30 de enero se publicó en el Diario Oficial el ``acuerdo que da a conocer la distribución y calendarización para la administración de los recursos correspondientes al ramo 33'' entre las entidades federativas. Se distribuyen casi 98 mil 850 millones de pesos. El estado de México es la entidad federativa que recibe una mayor aportación: 8.7 por ciento del total. Sin embargo, la aportación federal por persona es tan sólo de 738 pesos, menos de la mitad que la recibida por los tres estados más pobres: Guerrero, mil 598; Chiapas, mil 517, y Oaxaca mil 507 pesos. Al Distrito Federal, excluido de los fondos de educación y de infraestructura social, sólo le tocan 241 pesos por persona.

Como dijimos, Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los tres estados de mayor pobreza promedio, mientras Veracruz es el de mayor masa carencial total. En los tres primeros habita 10.7 por ciento de la población nacional y a ellos se canalizará 15 por ciento de los recursos totales del ramo 33, mostrando un sesgo positivo, favorable a los más pobres. Esta asignación es, sin embargo, desigual entre fondos, reflejando los diversos criterios que para la distribución utiliza cada uno. Así, corresponden a los tres estados alrededor de 15 por ciento tanto en educación como en salud; 20.9 por ciento en pobreza y el mismo porcentaje que su población en el de fortalecimiento municipal (el menos equitativo, creado por el Congreso de la Unión). Las vicisitudes de esta ley, el bajo nivel de la discusión y la fragmentación de criterios entre fondos, así como la falta de coordinación entre ellos, muestra que en materia de política social estamos en pañales.