Juventino V. Castro y Castro, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene razón: las autonomías de tipo político para los pueblos indígenas son inadmisibles (La Jornada, 11-II-1998).

Sus ideas se sitúan dentro del discurso jurídico-político que, en el siglo pasado, dio origen al Estado y a la sociedad mexicana. Esta ideología estableció, como principio jurídico, que las personas serían consideradas en igualdad de condiciones ante los tribunales. Y como principio político, que las ``órbitas de poder'' serían tres: la federal, la estatal y la municipal. En estos principios establecidos en un acuerdo expreso se basa la unidad del orden jurídico y político.

La unidad de la que usted habla, señor ministro, se concibió sin la participación de los pueblos indígenas. La unidad que usted defiende es la de la cultura mestiza, la ladina, la occidental. De esta unidad los pueblos indígenas nunca han formado parte. Por eso tiene razón de estar en contra de la demanda de los pueblos indígenas a tener sus propios territorios, leyes, autoridades y jueces independientes, porque en el acuerdo fundacional del Estado (con sus tres ámbitos de gobierno) y del Derecho (con su principio de igualdad jurídica), no se tomaron en cuenta los territorios, leyes y autoridades indígenas.

¿En dónde se encuentra la seguridad jurídica que otorga el principio de igualdad ante los tribunales, para la persona que no fue tomada en cuenta en la aprobación de las normas existentes y, por tanto, desconoce su contenido, su procedimiento de aplicación y los valores que vehicula? Este desconocimiento no se refiere a la ignorancia de la ley (la cual no excusa su cumplimiento, como reza el refrán), sino a la diferencia cultural. En este país hay más de diez millones de mexicanos cuyo idioma materno no es el castellano, ni sus leyes son escritas ni los valores que vehiculan son occidentales.

¿En dónde se encuentran representados los derechos políticos de los pueblos indígenas, como mexicanos que son, en las tres órbitas de gobierno? El acuerdo o pacto que crea el sistema de gobierno federal fue concebido, discutido, aprobado y aplicado por los jefes políticos de las provincias y sus descendientes (criollos y mestizos). En este sentido, sólo los no indígenas han tenido el derecho de crear no uno sino muchos ``Estados dentro del Estado''. Esto nunca nos ha resultado inadmisible. Cuando el Distrito Federal se convierta en un estado más dentro del Estado, ¿se tomará en cuenta a los indígenas? Desde el siglo pasado los representantes políticos de los gobiernos federal, estatales y municipales no han sido indígenas. Benito Juárez culturalmente dejó de serlo. Los diputados y senadores de origen indígena en los Congresos representan no a sus pueblos sino a los partidos políticos.

Tiene razón en considerar que una nueva órbita de poder plantearía problemas de jurisdicción, de competencia, de límites y de ejercicio de políticas concretas. ¿Acaso los juristas y gobernantes no estamos para solucionar los problemas? Lo ``muy difícil'' que resulta colocar la autonomía política entre lo federal, estatal y municipal, ¿no debería estimularnos a encontrar soluciones en lugar de inventar obstáculos?

Tiene razón, señor ministro, cuando hace un esfuerzo por la unidad del país. Este espera su propuesta de una entidad que ``no sea difícil de manejar'', que se base en un principio que no anuncie ``que más adelante el país se va a dividir'', que respete lo que los indígenas quieren, ``sin pulverizar''.

Tiene razón, no se puede discutir este tema si no se toma en cuenta su buena fe. También la del otro, la mía, la de los pueblos indígenas.

Tiene razón, señor ministro, ``no podemos jugar con las ideas''

* Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.