La Paca, detenida una vez más; formal prisión a El Chucky

Juan Manuel Venegas Ť Francisca Zetina, La Paca, fue sentenciada en primera instancia a 6 años de prisión y multa de 4 mil 920 pesos, por los delitos de violación a las leyes de inhumación y exhumación en agravio de la sociedad y falsedad en declaraciones proporcionadas a una autoridad distinta de la judicial.

Otros involucrados en el caso de la osamenta hallada en la finca El Encanto también fueron sentenciados ayer. La española María Bernal a 3 años de prisión y multa de 2 mil 948 pesos por el delito de encubrimiento; Ramiro Aguilar Lucero, quien elaboró el croquis de la finca de Raúl Salinas de Gortari, a 5 años 7 meses y multa de 5 mil 346 pesos por encubrimiento y falsedad en declaraciones.

Al tiempo en que se hacían públicas estas sentencias en el juzgado 16 del fuero común, Zetina fue capturada por agentes de la Policía Judicial Federal en cumplimiento de una nueva orden de aprehensión por el delito de fraude a la nación, que habría cometido en complicidad con el ex fiscal Pablo Chapa Bezanilla.

Por esta nueva acusación de la PGR, desde ayer por la tarde La Paca está de regreso en el Reclusorio Oriente a disposición del juzgado octavo de distrito en materia penal federal.

El caso de la osamenta hallada en El Encanto sigue abierto, y paralelamente a las sentencias dictadas ayer a Zetina y coacusados, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal rindieron su declaración ministerial el director de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, Eduardo González Mata; el ex director de Investigaciones de Delitos contra la Seguridad de las Personas de la PGJDF, Eduardo del Pino Estrada, y el ex director de área de la Dirección de Consignaciones, Mario Roldán Quirino.

Los tres deberán aclarar cuál fue su participación en la investigación que concluyó que los restos de El Encanto pertenecían a Joaquín Rodríguez Ruiz y que, según el ex procurador de la República, Antonio Lozano Gracia, incurrieron en diversas irregularidades y omisiones, además de la presunta prefabricación de pruebas.

Por otra parte, en el juzgado noveno de distrito del Reclusorio Sur, Fernando Rodríguez González --principal testigo contra Raúl Salinas de Gortari-- se negó a contestar un cuestionario de más de cien preguntas que pretendían plantearle los abogados del hermano del ex presidente.

Rodríguez González dijo ante el juez Cuauhtémoc Carlock Sánchez que la pretensión del abogado Eduardo Luengo Creel de interrogarlo ``sólo tiene la intención de manipular lo que yo diga''.

Dijo que no tiene ``interés'' de seguir declarando en torno al homicidio de José Francisco Ruiz Massieu e insistió en que Luengo Creel ``lo único que ha hecho durante todo este tiempo es manipular todo lo que los testigos hemos dicho''.

Respecto de las sentencias que decretó ayer el juez 16 del fuero común, Enrique Gallegos Garcilazo, resultaron culpables Francisca Zetina, su hermana Patricia, sus hijas Sandra Regina y Mayra Susana, María Bernal, Ramiro Aguilar Lucero, Francisco Godínez y Joaquín Rodríguez Cortés.

Bernal Romero fue sentenciada a 3 años de prisión y multa de 2 mil 948 pesos por el delito de encubrimiento.

Francisco Godínez y Patricia Zetina fueron sentenciados a 2 años 8 de meses de prisión y multa de 2 mil 712 pesos cada uno, por falsedad en declaraciones dadas a una autoridad distinta de la judicial.

Por el mismo delito fueron sentenciadas Sandra Regina y Mayra Susana Hernández Zetina (hijas de La Paca), a 2 años y 8 meses y multa de 2 mil 712 pesos.

Joaquín Rodríguez Cortés (yerno de La Paca e hijo de Joaquín Rodríguez Ruiz, de quien según la PGJDF son los restos de El Encanto), fue sentenciado a 1 año 2 meses de prisión por violación a las leyes de inhumación y exhumación.

Los sentenciados a menos de cuatro años pueden conmutar la pena de prisión por una multa de 20 mil pesos, además de pagar la sanción económica que se les impuso en el decreto judicial.

En el caso de Francisca Zetina y Aguilar Lucero, se trata de sentencias de primera instancia y la defensa presentará una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Daniela Pastrana Ť El juez 20 penal en el Reclusorio Oriente, Alejandro Sentíes Carriles, dictó auto de formal prisión a Alfonso González Sánchez, El Chucky, como presunto responsable del delito de robo calificado, al considerar suficientes los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público para iniciar el juicio.

Sin embargo, González Sánchez apeló la resolución del juez, por lo que el expediente será enviado a la novena sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la cual tiene 10 días hábiles, a partir de la recepción del documento, para emitir una resolución definitiva.

Aunque el proceso judicial en el juzgado 20 queda suspendido mientras los magistrados de la sala determinan la legalidad del procedimiento, González Sánchez permanecerá en prisión, ya que por tratarse de un delito grave no tiene derecho al beneficio de la libertad bajo fianza.

En una audiencia de 20 minutos, el secretario de acuerdos, Jorge González Villano, informó a El Chucky de la resolución del juez, con la cual quedó abierta la causa penal 3/98, para procesarlo por el delito de robo calificado en contra de dos turistas venezolanos.

A partir del auto dictado por el juez, el Ministerio Público y la defensa tendrían siete días para aportar las pruebas de cargo y descargo antes de fijar la fecha de la primera audiencia.

Sin embargo, González Sánchez -quien se ha negado a declarar , y se acogió a la defensoría de oficio adscrita al juzgado, hizo valer su derecho a apelar la determinación del juez.

La defensa de El Chucky tiene ahora cinco días para argumentar su inconformidad ante la sala, que a partir de que reciba el expediente tiene un plazo máximo de 10 días para resolver el fallo.

``Intrascendente'', la jurisdicción donde el inculpado fue detenido

A pregunta expresa de la prensa, González Sánchez aseguró que fue detenido afuera de su casa en Cuautitlán-Izcalli, Estado de México, versión que ha sido difundida por sus familiares y rechazada reiteradamente por las autoridades de la Procuraduría de Justicia capitalina.

Al respecto, el director de la Policía Judicial del Distrito Federal, Mauricio Tornero Salinas, aseguró que ``es intrascendente, legal y jurídicamente, en donde se le aprehendió'' por que ``la prioridad era el cumplimiento del mandamiento judicial''. En conferencia de prensa, el funcionario reiteró que la reaprehensión de El Chucky se realizó en Vallejo y participaron únicamente agentes de la corporación a su cargo. Aclaró que ``si hubiera sido'' en el estado de México no habría ninguna ilegalidad, porque existe un oficio de colaboración.