Hace más de dos años que las organizaciones sociales de Morelos y los defensores de los derechos humanos denunciaban sin cesar la complicidad del personal policial, incluidos altos jefes del mismo, en la ola de secuestros, chantajes y violencias que hicieron tristemente famoso a ese importante estado situado, para colmo, a las puertas de la capital del país. Las autoridades, sin embargo, prestaban oídos sordos a ese clamor, que unió al obispo de Cuernavaca con los partidos, las organizaciones empresariales y más de 60 grupos, hasta que el jefe del Grupo Antisecuestros y algunos de sus hombres fueron sorprendidos en flagranciae cuando trataban de deshacerse del cuerpo, torturado, de un hombre e intentaron disculparse diciendo que éste era un narcotraficante y había muerto de un infarto cuando buscaban auxiliarlo.

Tardíamente, a varios días de este hecho y por intervención directa de la Procuraduría General de la República y no de las autoridades locales, fueron colocados bajo arraigo domiciliario, por su presunta complicidad en torturas y en el homicidio mencionado, el procurador y el subprocurador de Justicia, el jefe de la Unidad de Servicios Periciales y el director de la Policía Judicial de Morelos, mientras 24 policías judiciales se han amparado contra una orden de aprehensión o de arraigo domiciliario y otros once están fugitivos y se desconoce su paradero. Esta necesaria y correcta medida coloca ahora en entredicho al propio gobernador morelense, ya que el caso de los secuestros convertidos en mal endémico ha implicado incluso a ese importante funcionario contra el cual la oposición y buena parte de la sociedad piden un juicio político, alegando que no es verosímil que desconociese la actividad de sus subordinados y sosteniendo que, además, es incluso sospechoso que haya nombrado como jefe de los judiciales del estado -contra viento y marea y desoyendo toda crítica- a un hombre sumamente controvertido y con un pasado por lo menos oscuro y marcado por anteriores violencias.

La sociedad morelense se encuentra así conmocionada y movilizada ante la confirmación de sus continuas denuncias sobre la participación de altas autoridades en aberrantes delitos que, desgraciadamente, han tenido repercusión internacional y dañan la imagen no sólo del estado de Morelos, sino también la del país todo. Este caso adquiere así un carácter político general y escapa del orden exclusivamente judicial, pues pone en tela de juicio la estructura misma del poder local. Si se agrega a esto que, recientemente, un ex gobernador de Jalisco ha sido implicado en el narcotráfico, el escándalo que envuelve ahora a otro gobernador del mismo partido plantea igualmente la cuestión de los apoyos y coberturas con que cuentan muchos políticos para una actuación al margen de la ley y, por consiguiente, el problema aún más preocupante de la descomposición creciente de partes importantes del estado y de la inexistencia de un estado de derecho, dado el carácter delincuencial de quienes deberían construirlo y defenderlo.

La última palabra, naturalmente, debe corresponder a la justicia en éste como en los demás casos -en el resto del país- de continuo abuso del poder y de alianza con el crimen organizado o de solapamiento del mismo (recordemos sólo, entre los últimos, el de la participación de la policía chiapaneca en el apoyo a los paramilitares culpables de la matanza de Acteal o, antes, el de la matanza de campesinos guerrerenses en Aguas Blancas). Pero, para que aquélla pueda incluso resistir a las grandes presiones que intentan desviar hacia unas pocas piezas menores de todo un sistema la investigación y el castigo, es necesaria una continua movilización de los afectados, o sea, de los morelenses de todos los sectores y clases sociales, cuya seguridad personal ha carecido de garantías.

Ahora es urgente e indispensable que se haga justicia a fondo, inmediatamente y sin fijarse en quién puede caer en la limpieza profunda y ejemplar del estado de Morelos, no sólo para hacer respetar la ley, sino también porque la difícil situación del país no admite nuevas dilaciones y tergiversaciones cuando están en juego la credibilidad y la legalidad de nuestra vida política y estatal como nación que aspira a ser civilizada y democrática.