Objetan el informe de Cárdenas 12 ex colaboradores de Espinosa

Ricardo Olayo Ť En un documento que enviaron al gobierno capitalino 15 ex funcionarios que ocuparon cargos de primer nivel en el DDF, afirman que siempre estuvieron a la altura del compromiso asumido con la ciudadanía y hacen 35 ``consideraciones'' al informe que entregó el jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, el 4 de febrero, sobre el estado en que recibió la administración.

En la mayoría de los puntos sostienen que se entregó información detallada como parte de los trabajos de la comisión de enlace y que ``después de tres años de dedicarnos enteramente a la gran ciudad de México, nada más alejado de nuestras intenciones que quedar pasivos ante posibles situaciones que, siendo fácilmente subsanables, pudieran llevar a desinformación o acciones que por desconocimiento llevaran a afectar los intereses de la ciudadanía en el cotidiano trabajo de gobierno''.

Los firmantes indican que ``más allá de los factores políticos que hoy explicarían el uso y abuso de información inexacta, es un deseo compartido'' de ellos hacer las precisiones, pero sin interés de iniciar una polémica.

Al frente de los ex funcionarios aparecen en el listado de nombres: Jesús Salazar Toledano, ex secretario de Gobierno, quien hoy es subsecretario de Gobernación, y el ex titular de Finanzas, Javier Beristáin, quien se desempeña como responsable de la Afore Siglo XXI del IMSS.

Respecto de la existencia de un oficio en el que por ``órdenes superiores'' se pidió borrar la documentación confidencial, el escrito de los ex funcionarios indica que la Secretaría de Gobierno fue entregada a las actuales autoridades con estricto apego a las disposiciones legales, ``incluyendo los archivos documentales, el resultado del manejo de los recursos y los inventarios actualizados''.

Salazar Toledano ``nunca instruyó a nadie para retener información, por el contrario, la indicación fue entregar completa y ordenadamente toda la documentación generada durante la gestión''.

Sin respuesta

El documento obtenido está dirigido al contralor general, Gastón Luken, y en su presentación es distinto al que dio a conocer el jueves pasado a la ``opinión pública'' el ex coordinador de la comisión de enlace del DDF, José Ignacio Casar Pérez.

Primero se enuncia parte del texto que leyó Cárdenas el 4 de febrero, y luego se hacen apuntes que no presentan juicios de valor. Nada comentan sobre la denuncia de Cuauhtémoc Cárdenas de que hay un adeudo de mil millones de pesos que no fue notificado al gobierno entrante.

En respuesta a la consideración de Cárdenas de que hubo una administración carente de valores, con feudos y duplicidad de nóminas, entre otras ``anomalías'', subrayan que la anterior administración reconoció el grave problema de la normatividad anacrónica y ``diseñó e instrumentó diversos programas para enfrentar la corrupción''.

A los policías se les pidió el requisito de educación secundaria a partir de 1993, lo cual se cumplió, pero precisa que los uniformados que ya estaban en la corporación no tenían esa condición, por lo que no se puede indicar que se incumplió la meta.

Del cierre del hospital pediátrico de Iztapalapa, el documento precisa que ``nunca fueron cerradas (las instalaciones)'', pero está en revisión la estructura debilitada y sólo en algunas áreas la atención fue suspendida.

Se informa que el uno por ciento de la recaudación en la Tesorería tiene problemas por cheque sin fondos, lo cual es común, pero hay un mecanismo que corresponde aplicar a las actuales autoridades para recuperar el dinero y el cuál funcionó en el trienio anterior; asimismo, aseveran que los 16 mil vehículos del DDF fueron asegurados y las primas se pagaron; en todo caso, toca ahora al mandato de Cárdenas hacer las gestiones para resarcir los daños.

Rechazan que se haya hecho un mal manejo de los inmuebles, pues algunos de ellos que se cedieron a la federación fueron, por ejemplo, el de la Presidencia de la República, además de que las construcciones prestadas al PRI no son las únicas en esa circunstancia, pero sí lo que citó Cuauhtémoc.

Todo se precisó, afirman

De un adeudo no informado de 10 años del ISSSTE, se indica que quedó precisado en el acta de entrega-recepción; en la Secretaría de Desarrollo Económico no hay desaparición de documentos; se indica que el equipo de control de vehículos ostensiblemente contaminantes se utilizó hasta que servía a las normas de verificación en vigor; que no hay suspensión de cobros por más de 3 millones de pesos por primas de animales asegurados, pues por primera vez se aseguraron y la ley establece plazo de dos años para pagar este tipo de coberturas.

Los ex servidores públicos --muchos de ellos trabajando en dependencias del gobierno federal-- aseguran que no hay más de tres inmuebles propiedad del DF que puedan servir para oficinas y que se avanzó en el control de las construcciones; que los manuales operativos existentes guardan relación con la estructura y que los cambios del 30 de noviembre fueron notificados; que la la actividad turística recibió apoyo y que hubo sanciones para los malos funcionarios.

Ricardo Olayo Ť La secretaria de la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados, Sandra Segura, dijo que sería positivo un encuentro con el ex regente Oscar Espinosa a fin de que hable sobre las presuntas irregularidades que se han mencionado durante su gestión.

Si bien no hay facultad para llamarlo a comparecer, planteó la necesidad de que Espinosa ofrezca información sobre su desempeño, ya que ha sido cuestionado no sólo en el DDF, sino también en Nafinsa.

Pero también hacen falta precisiones del titular del gobierno capitalino, Cuauhtémoc Cárdenas, en torno a las anomalías que encontró. Para la legisladora federal, no corresponde al gobernante, sino a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, la tarea de denunciar con nombres a los malos funcionarios; de otro modo se debilita esta instancia para fortalecer a Cuauhtémoc, precisó.

El acercamiento o el intercambio de opiniones con el ex regente sería sano, dijo la panista en entrevista telefónica. Podría pensarse que si hubo hechos fuera de la ley, debieron ser conocidos por Espinosa, estableció.

Dijo que como militante del Partido Acción Nacional (PAN) pidió al delegado Ricardo Pascoe que precisará acusaciones que hizo de la gestión de la ex responsable y también panista Esperanza Gómez Mont, pero la respuesta no fue satisfactoria.

``Esperemos que no ocurra lo mismo con el resto de los funcionarios'', dijo, y anticipó que en la reunión que sostendrán los diputados integrantes de la Comisión del DF con Cárdenas el próximo 23 de febrero, podría pedírsele precisiones.

No es el momento: Ordorica

A su vez, el presidente de la citada comisión, el perredista Alejandro Ordorica, informó que el encuentro con el jefe de gobierno será para abordar puntos concretos de una agenda ya acordada, y que se trata de una invitación y no de una comparecencia, pues no hay facultades para ello.

En el mismo sentido, no sería posible citar a Espinosa. En este momento, lo que conviene es que las pruebas, los expedientes, se turnen a la Contraloría Interna del DF y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en caso de ilícitos.

Lo que podría abrirse es un espacio para la reflexión entre los integrantes de la comisión del beneficio de tener contacto directo con Espinosa, pero subrayó que este no es el momento.

Del informe de Cárdenas donde expuso las anomalías, dijo que no hay objetivos partidistas, que su presentación es legal y responde al ofrecimiento de dar a conocer el estado en que recibió las oficinas del gobierno de la ciudad.