Suponiendo que el artículo 36 constitucional era el obstáculo real para que todos los ciudadanos pudieran tener derecho al voto, pero considerando que la reforma política de 1996 resolvió ese problema, ¿cómo se justificaría ahora que una parte de los mexicanos no ejerza su derecho constitucional a votar? No hay justificación posible. Pero ingenio antidemocrático no falta.

Sin ir más lejos, el semanario ¡Exito! (19-IX-96) de Chicago, publicó una entrevista con la senadora priísta María de los Angeles Moreno. En ella se señala:

``-Se habla de que el ciudadano mexicano en el extranjero tendrá el derecho a votar. ¿Cómo se va a implementar esta medida?

``-La discusión sobre el cómo, está por darse. Ahorita el cambio en la ley tiene una diferencia muy sutil. El artículo anterior lo que dice es `Todo ciudadano mexicano tiene derecho a votar en su distrito electoral correspondiente'. Y el nuevo artículo dice: `Todo ciudadano mexicano podrá votar en los términos que determine la ley'. Nada más. No dice: `Los mexicanos en el extranjero van a votar'...''

Otra pista es la página del IFE en Internet. La sexta de sus ``25 preguntas'', actualmente dice:

``¿Se permite votar a los ciudadanos que residen o se encuentren temporalmente en el extranjero? Hasta ahora sólo pueden ejercer su derecho al sufragio los ciudadanos mexicanos que (...) se encuentran dentro del territorio nacional el día de las elecciones.''

Otros funcionarios públicos, simulando amnesia, plantean que antes de reglamentar se necesita interpretar cuál era exactamente la intención de la reforma al 36 constitucional. Otra posición, si bien admite que el voto en el extranjero debe reglamentarse, sostiene que será ``prácticamente imposible'' estrenarlo en la elección presidencial del año 2000.

Como reflejo de la modificación del artículo 36 constitucional, el Cofipe también fue reformado. Y como consta en el Diario Oficial de la Federación (22-XI-96), ahora existe un artículo octavo transitorio que en su tercer párrafo dice:

``Con el propósito de estudiar las modalidades para que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero puedan ejercer el derecho al sufragio en las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo General del Instituto Federal Electoral designará una comisión de especialistas en diversas disciplinas relacionadas con la materia electoral, para que realice los estudios conducentes, procediéndose a proponer, en su caso, a las instancias competentes, las reformas legales correspondientes, una vez que se encuentre integrado y en operación el Registro Nacional Ciudadano y se hayan expedido las cédulas de identidad ciudadana''.

Este texto precisa que la intención es que ``los ciudadanos residentes en el extranjero puedan ejercer el derecho al sufragio en las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos''. Pero, de acuerdo a la experiencia mexicana, esto no es suficiente para conjurar el riesgo de que en el 2000 se le quiera sacar la vuelta a la idea constitucional de que todos los ciudadanos mexicanos puedan votar.

Otra pista: la próxima elección presidencial será el primer domingo de julio del 2000, y el registro de nuevos electores se suspende luego del 15 de enero del año de la elección. Réstesele el tiempo que sería necesario para hacer un listado nominal electoral y expedir credenciales de elector en Estados Unidos. Considérese que si el IFE recomendara modificar el Cofipe, la reforma tiene que pasar primero por la Legislatura.

Los tiempos son cruciales, pero hasta ahora el Congreso no ha vuelto a abordar el asunto del voto en el extranjero, y el IFE, a 15 meses de que el Congreso le ordenó hacer la reglamentación, ni siquiera ha integrado la ``comisión de especialistas'' que se encargará de ello.

Si no se forma de inmediato esa comisión y se le pone a trabajar horas extras, el IFE no va a poder proponer a tiempo la reglamentación del voto en el extranjero. Así, el Congreso se podría lavar las manos, echándole la culpa a la omisión del IFE. Y éste, a su vez, podría justificarse en la falta de tiempo. De esta manera, las instituciones tendrán una coartada en caso de que su intención fuera que no todos los ciudadanos mexicanos tengan derecho a votar en el 2000.