ASTILLERO Ť Julio Hernández López

El gobierno mexicano ha ido desplegando con cuidado una estrategia para deshacerse de testigos incómodos en el caso Chiapas.

En ese sentido se inscribe la batida oficial contra la presencia de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales extranjeras en aquella entidad, pero, además, hay suficientes indicios que muestran una actitud absolutamente intencio- nal para ir desactivando y quitando materia de trabajo a diversas instancias internacionales cuya presencia en el sureste es institucional y neutra.

El encimamiento militar por el cual ha optado el presidente Zedillo, en espera de que los insurrectos se ``cansen'', conlleva riesgos diversos, entre ellos el de que la presión y el acoso cotidiano puedan salirse de cauce y generar nuevos hechos de sangre.

Un funcionario de la Cruz Roja Mexicana aseguró a esta columna en días pasados algo que, por lo demás, se ha murmurado en repetidas ocasiones y ha ido ganando carta de credibilidad: que la masacre de Acteal pretendió ser ocultada en su momento por mandos gubernamentales de Julio César Ruiz Ferro, y que la presencia del personal de la delegación chiapaneca de la citada Cruz Roja impidió la tentativa desquiciada de cambiar el escenario del crimen y acaso pretender negar los asesinatos.

Esos eventuales testigos incómodos han comenzado a ser desplazados. Por una parte, se ha emprendido una campaña gubernamental abierta para echar del mapa chiapaneco a diversos observadores y defensores internacionales en favor del respeto a los derechos humanos y a activistas en tareas de ayuda social.

El argumento central contra estos desplazados es la reivindicación nacionalista del derecho único e indeclinable para atender y resolver nuestros problemas sin la intervención de fuerzas o personas extrañas.

Sin entrar al análisis detallado del comportamiento entreguista de los tres gobiernos recientes (Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León) hacia los grandes intereses trasnacionales (y la paradoja de que ahora se esgrima el nacionalismo como instrumento de lucha política), la actitud tomada en este momento en Chiapas es, aparte de propagandista, manipuladora.

Ciertamente es obligación de los gobiernos y los ciudadanos preservar el territorio y los asuntos públicos como área reservada tan sólo para los mexicanos, y en ese sentido es correcto expulsar de la zona chiapaneca a extranjeros que se inmiscuyan en nuestros asuntos internos.

Pero, por otra parte, debe tomarse en cuenta que el abandono oficial estructural para con nuestros hermanos indígenas, y el incumplimiento terrible de los compromisos derivados de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, han movido conciencias a nivel mundial y han generado una corriente de apoyo que ha llevado atención médica, alimentos y esperanza a muchos mexicanos abandonados por la mano oficial.

Deben, desde luego, cumplirse las leyes nacionales, e impedirse la intromisión extranjera en nuestros asuntos políticos, pero tales premisas no deben utilizarse para desplazar del escenario chiapaneco a testigos que podrían resultar incómodos en los siempre presentes riesgos de más violencia.

Y algo más: por encima de las historias individuales que las autoridades podrían usar para mostrar a la opinión pública los niveles de intromisión y excesos de algunos de esos observadores y activistas, conviene tener presente que esos casos aislados no justifican acciones globales y, sobre todo, que no deben ser usados como pretexto para desactivar y pretender reducir a observadores de piedra a instancias internacionales de mediación y ayuda que, inclusive, cada día tienen más motivos para estar actuantes en aquella zona hirviente.

Veracruz

La temperatura política ha subido en Veracruz. Conforme a los índices disponibles Miguel Alemán Velasco está a la cabeza de las preferencias estadísticas previas a las elecciones de gobernador.

El vicepresidente de Televisa, según dicen en privado quienes se asumen como estrategas profundos, sería el único candidato priísta capaz de ganar sin problemas las elecciones de aquella entidad.

Frente a Alemán Velasco está el escollo del senador Gustavo Carvajal, quien presiona y exige para que se establezca una consulta directa a las bases militantes para elegir candidato.

Carvajal ha dedicado tiempo y pasión a promoverse como aspirante a la gubernatura que décadas atrás ocupó su padre, y a estas alturas del proceso interno parece dispuesto a forcejear cuanto sea necesario para que en Veracruz no se dé un dedazo presidencial.

En ese camino, Carvajal ha hecho diversas declaraciones en las que amaga con ``alejarse'' del PRI en caso de que la postulación no satisfaga sus aspiraciones de apertura democrática. Más allá de los ambiguos términos declarativos que ha usado para anunciar su eventual enojo, Carvajal está inclusive decidido a explorar los terrenos del perredismo.

Un perredismo, el veracruzano, convertido en una flor exótica más del vivero jarocho. Por un lado, Convergencia Democrática, con las huestes de Dante Delgado, detentadoras de varias posiciones electorales importantes, como la misma capital del estado, pero sin ninguna voluntad unitaria sino, simplemente, metida en un proceso de regateos políticos y de búsqueda de ganancias no para el PRD sino para el grupo del ex gobernador hoy todavía en la cárcel.

Por otra parte, un perredismo local permeado por las clásicas desviaciones de la izquierda mexicana: cerrazón, dogmatismo, vocación opositora de por vida. A esa instancia está sometida actualmente la posibilidad de que su candidato a gobernador sea Ignacio Morales Lechuga, quien fue procurador federal y de la capital del país durante el salinismo y luego embajador en París.

Morales Lechuga ha asegurado que su eventual postulación tiene que darse en un pleno marco de confianza, pues tanto en la cúpula nacional, como en la estructura perredista local existen diversas temores y prevenciones. No sólo hay perredistas que tienen una evaluación negativa (en ocasiones altamente negativa) del paso de Morales Lechuga por los cargos públicos de la procuración de justicia sino, además, temen una venganza gubernamental que más adelante, avanzada la campaña electoral, inmiscuyera al supuesto candidato en problemas judiciales y, en particular, en los temas del narcotráfico.

En ese río veracruzano revuelto son posibles las más disímbolas combinaciones: Miguel Alemán como candidato priísta y Gustavo Carvajal e Ignacio Morales Lechuga peleando la postulación perredista. O el clásico sistema del tercero en discordia que tan malos resultados le dio al PRI en Zacatecas, con Dionisio Pérez Jácome como candidato bien visto en Los Pinos y una opción unitaria que evitara desgarraduras. O, la que menos probable aparece actualmente: Carvajal como candidato priísta y Morales Lechuga en su contra. Y, por el lado del PRD, la opción ajena a las corrientes priístas inconformes, con un candidato propio, de poca presencia y fuerza pero de suficiente confiabilidad. Por el PAN, lo más llamativo son las declaraciones muy al estilo de Luis Pazos, quien hace campaña en pos de la precandidatura blanquiazul.

Y en su casita, esperando el momento de tomar sus maletas rumbo a Dublín, Patricio Chirinos, quien de vez en cuando da señales de vida enviando a Miguel Angel Yunes a hacer declaraciones y a echar pleito.

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