Un empate técnico libró a Cervera Pacheco del juicio político

Mireya Cuéllar Ť Un empate técnico al interior de la subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados frenó anoche, y pospuso para la próxima semana, la decisión de iniciarle o no juicio político al gobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco.

El voto del ecologista Jorge Emilio González Martínez fue el fiel de la balanza al decidir unirse al PRI y no al llamado bloque opositor.

Todo parecía indicar que la subcomisión aprobaría el dictamen con el que se abriría el largo proceso de juicio político contra Cervera Pacheco, cuando apareció por la reunión González Martínez y frenó el proceso al aliarse con el PRI.

De los 14 miembros que integran la subcomisión, al inicio de la sesión había tan sólo trece, de los cuales siete estaban a favor de iniciar el proceso (PAN, PRD y PT) y seis (PRI) en contra. El anuncio del ecologista de que votaría con el PRI hizo el empate.

A Cervera Pacheco el PAN y el PT lo acusan de violar el artículo 116 de la Constitución, donde señala que los gobernadores no podrán durar en su encargo más de seis años, sin embargo aquél asumió en 1984 como gobernador interino en lugar de Graciliano Alpuche Pinzón, y ejerció como mandatario estatal tres años, once meses y quince días. Posteriormente, en agosto de 1995 fue electo gobernador constitucional en las urnas y su periodo termina el 30 de julio del año 2001.

Según trascendió, González Martínez, coordinador de la fracción parlamentaria del PVEM, fue llamado por el PRI para lograr el empate. Sin embargo el joven legislador negó que haya recibido presiones para votar con el PRI en relación con la demanda penal que el Instituto Federal Electoral presentó contra el Verde Ecologista por mala comprobación de los recursos que recibió para la campaña pasada. La denuncia ``no me asusta'', dijo González Martínez, quien a lo largo de la sesión fue sacado varias veces de la reunión por los panistas para increparlo por su actitud.

En el patio de San Lázaro, González Martínez discutió con Santiago Creel, presidente de la comisión, y con Francisco José Paoli, quienes trataron en distintos tonos de persuadirlo para que votara a favor de abrir el proceso. Los panistas le argumentaron que era necesario mandar un mensaje político a los gobernadores, dejando claro que la Cámara de Diputados no se quedará cruzada de brazos ante actitudes caciquiles.

En tanto, los priístas Rafael Oceguera y Fidel Herrera -aunque no son miembros de la subcomisión de Examen Previo- estuvieron pendientes de toda la discusión- señalaron que la actitud del PAN tiene más características de venganza política que de proceso jurídico. El veracruzano señaló que PAN y PRD habían llegado a un acuerdo para impulsar ahora el juicio contra Cervera y, posteriormente, hacerlo contra Roberto Madrazo Pintado, gobernador de Tabasco.

Al final de la reunión la subcomisión decidió que dentro de una semana se volverá a reunir para entonces determinar si el dictamen se da por desechado, o se somete a la consideración del pleno de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, para que sea éste quien diga la ultima palabra. La subcomisión de Examen Previo está formada por miembros de las dos instancias antes señaladas y, según el reglamento, cuando hay un empate, los presidentes de la comisión tienen voto de calidad. Sin embargo, en este caso, el presidente de la Comisión de Gobernación dio su voto a favor de iniciar el juicio, y el de la de Justicia, en contra. Así que no se pudo recurrir a este mecanismo.

El diputado Santiago Creel, presidente de la Comisión de Gobernación, y como tal encabeza también la subcomisión de Examen Previo, informó que el plazo de una semana que se dieron los legisladores para tomar una decisión tiene por objetivo tener tiempo para hacerse llegar elementos de juicio, los cuales permitan tomar una determinación muy bien pensada, ``porque esto es un hecho que puede ser histórico para el país''.

Durante la sesión, que duró seis horas y media, fueron desechadas solicitudes de juicio político en contra de José Vicente Aguinaco Alemán, presidente de la SCJN; Carlos Madrazo Limón, alcalde de Atizapán de Zaragoza, y Mireille Roccatti, presidenta de la CNDH, entre otros.