Relator de la ONU sobre los acuerdos de San Andrés, demanda el Consejo Nacional Indígena

Martha García Ť La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos confió en que cada uno de sus más de 200 integrantes se conducirá con ``prudencia'' para evitar ser expulsados del país durante su misión en Chiapas, hacia donde viajarán este martes.

En conferencia de prensa, el organismo señaló que el gobierno mexicano le dio al grupo todas las facilidades para internarse por un mes, al otorgar a los observadores extranjeros la categoría migratoria FM-3.

La delegación --formada por europeos y latinoamericanos-- permanecerá en el país dos semanas, para lo cual integró ocho comisiones de trabajo en el Distrito Federal y en Chiapas; su informe final y declaraciones se difundirán una vez que abandonen México.

En las respectivas visas se acota que la ``actividad autorizada'' como miembro de esta comisión, es recabar información necesaria para la elaboración de un informe sobre derechos humanos. Además, se precisa: ``El interesado no deberá inmiscuirse en asuntos políticos del país''.

Marco Aparicio, representante de la Universidad de Barcelona, comentó que a través de los visados especiales se garantiza su estancia, y agregó que los delegados conocen el marco legal dentro del cual podrán realizar sus labores.

A su vez Ignacio García, de la Secretaría de Coordinación de Barcelona, apuntó que el reporte estará a disposición de cualquier grupo civil, político u oficial, así como medios de comunicación. Informó además que se enviará al Parlamento Europeo, en la coyuntura de revisión del tratado comercial con México.

Explicó que cada uno de los representantes de diversos sectores de la sociedad civil de Italia, Francia, España, Dinamarca, Grecia, Nicaragua, Argentina y Canadá financia su viaje con recursos propios o de sus organizaciones. García señaló que solicitarán entrevistas a los secretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de la Defensa. Asimismo, dijo que en Chiapas se reunirán con oficiales de la VII Región Militar, integrantes de la Conai y quizá con la comandancia zapatista y con el negociador gubernamental, Emilio Rabasa.