El aterrizaje de un helicóptero --facilitado por el gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén, a Televisión Azteca-- el pasado 13 de febrero en la comunidad de La Realidad, fue un acto de provocación montado para desencadenar una campaña xenófoba en contra de la solidaridad internacional, la causa de la paz y la exigencia de cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Con ello, se quiso utilizar al periodismo como pretexto para fabricar un escándalo que entierre la matanza de Acteal ante la opinión pública.

Que la aeronave haya bajado en La Realidad, una comunidad indígena cercada por el Ejército, en la que no descienden helicópteros, preocupada por su seguridad y en un clima de tensión permanente, está lejos de ser una irresponsabilidad de un equipo informativo. Un vehículo de esta naturaleza difícilmente podía haberse trasladado hasta ese poblado sin contar, al menos, con la tolerancia del Ejército. Su llegada allí, sin el conocimiento y consentimiento de los habitantes del lugar, pudo haber creado un choque de proporciones mayúsculas. Sólo la sabiduría y paciencia de los pobladores evitó que eso sucediera.

La prisa con la que a raíz del incidente se montó una campaña en contra de presuntos extranjeros, y el involucramiento en ésta de funcionarios gubernamentales de alto nivel, muestra que el hecho estuvo lejos de ser una casualidad. Además de ser inadmisible que se señale que quienes se encontraban ese día eran visiblemente extranjeros (¿desde cuándo la complexión física o el color de la piel son una prueba de mexicanidad que pueda sustituir al pasaporte?), estos hechos constituyen un grave precedente en tanto que crean un clima adverso hacia quienes desarrollan tareas humanitarias y de observación de la realidad nacional y, como sucedió con los obispos de San Cristóbal, pueden incitar que se cometan agresiones en su contra.

Ciertamente, no es la primera vez que se utiliza al periodismo para facilitar una provocación, ni que se promueve en torno a Chiapas una campaña xenófoba. Esto sucedió en los primeros días del levantamiento zapatista, en enero de 1994, cuando se montó una campaña para trata de culpar a individuos y organizaciones extranjeras de manipular a las comunidades indígenas de Chiapas con el supuesto fin de desestabilizar políticamente al país y enfrentar entre sí a los mexicanos. Las acusaciones rápidamente se desvanecieron, y el gobierno debió aceptar que el EZLN era un movimiento integrado por mexicanos mayoritariamente indígenas. Este argumento, cabe recordar, se utilizó también en 1968 con el fin de desacreditar el movimiento estudiantil y justificar la intervención enérgica del Estado en contra de una presunta, e inexistente, ``conjura internacional''.

Resulta muy grave que, en momentos en que múltiples instancias políticas y sociales del país realizan esfuerzos importantes para reabrir el proceso de paz en Chiapas, existan personas o grupos --a todas luces contrarios a la búsqueda de una salida pacífica, justa y digna al conflicto-- que enarbolen la bandera de la provocación periodística y la xenofobia y pretendan desviar la atención de los asuntos realmente importantes de la agenda chiapaneca: la respuesta a las legítimas demandas de los pueblos indios; la aceptación de los acuerdos de San Andrés y de la propuesta de ley de la Cocopa en materia de derechos y cultura indígenas; la distensión militar en la zona; el desmantelamiento de los grupos paramilitares que operan en las regiones de la Selva, los Altos y el Norte de Chiapas, y la revitalización de los canales de negociación entre el gobierno federal y el EZLN.

Como lo señaló el presidente en turno de la Cocopa, el senador Luis H. Alvarez, la presencia de observadores y visitantes de otros países en Chiapas es una circunstancia normal en un conflicto que ha generado una preocupación internacional. Es cierto que corresponde a los mexicanos resolver nuestros asuntos internos. Pero la presencia de personas e instancias defensoras de los derechos humanos e interesadas en prestar ayuda humanitaria no puede ser descalificada ni suprimida. En este sentido, podría resultar fructífera para el proceso de paz la propuesta formulada por el Congreso Nacional Indígena a la ONU en el sentido de que esta instancia internacional envíe un relator especial para verificar el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

Sustraer a México de la preocupación y el interés internacional en estos asuntos, además de ser una pretensión absurda y regresiva, representa una acción contraria a la meritoria y loable política exterior que nuestro país ha mantenido a lo largo de los años y a la búsqueda de una solución pacífica, digna y justa del conflicto en Chiapas.