El gobierno, ``sin una brújula'' para normar su trato con iglesias: Roqueñí

José Antonio Román Ť El gobierno federal carece de una brújula para normar su relación con las iglesias, prueba de ello es el carácter eminentemente político que le ha dado a la Subsecretaría de Asuntos Religiosos y a la larga lista de 12 funcionarios que han pasado por ese organismo en tan sólo cinco años, afirmó Antonio Roqueñí Ornelas, miembro de la Comisión Jurídica de la Arquidiócesis de México y juez eclesiástico de la curia.

Dijo que las reformas constitucionales en materia religiosa resultan ``obsoletas'', por lo que es necesario pensar en una nueva revisión e incluso, en una ``nueva Constitución'' que no sólo replantee el tema religioso, sino al Estado mexicano.

Apoderado legal de la Arquidiócesis de México en época del cardenal Ernesto Corripio Ahumada, y ahora asesor jurídico del arzobispo Norberto Rivera, Roqueñí vaticina: ``Los líderes religiosos, no sólo los obispos católicos, tendrán un papel fundamental en las elecciones presidenciales del año 2000, pues el mismo gobierno no sabe qué hacer en materia religiosa.

Largo desfile de funcionarios

En entrevista, Roqueñí da una larga lista de nombres, cargos y fechas de quienes han estado al frente de los asuntos religiosos en la Secretaría de Gobernación. De diciembre de 1992 a febrero de 1998, han pasado tres subsecretarios, seis directores generales, un coordinador y dos encargados. Esto, sin contar a los secretarios que han pasado desde la época de Fernando Gutiérrez Barrios hasta Francisco Labastida Ochoa. Seis en total.

Estos números, agregó, son una muestra clara de que el gobierno no tiene un brújula precisa. Además, por los perfiles de los funcionarios que han pasado por esa oficina, se desprende que ha sido y es un puesto eminentemente político, más que un cargo técnico o de desarrollo social, que es donde las iglesias podrían tener mayor influencia.

Agrega que el propio presidente Ernesto Zedillo le ha dado al tema religioso un cariz político, pues en su Plan Nacional de Desarrollo lo ha colocado dentro del capítulo de desarrollo democrático.

A juicio de Roqueñí Ornelas --perito también en derecho canónico-- la participación de los obispos en materia política se debe fundamentalmente a que el gobierno los ha metido justamente en ese terreno, ya que dependen de una secretaría cuya responsabilidad principal es conducir la política interna del país.

``Yo creo que los obispos y los líderes religiosos se meten mucho en política porque el propio gobierno los tiene ubicados ahí, y obviamente los medios de información --que lo único que hacen es reflejar la realidad nacional-- ubican muy a menudo a los obispos en cuestiones de tipo político'', dijo el prelado en entrevista.

Consideró también que esta falta de brújula del gobierno y la incorporación de las iglesias dentro del campo político, traerá como consecuencia inevitable el que los líderes religiosos, incluidos los obispos, jueguen un ``papel importantísimo'' en las próximas elecciones presidenciales.

Subrayó que esta injerencia de los obispos se ve evidentemente favorecida por el propio gobierno y la estructura misma de la ley. Además, es significativo que los obispos estén buscando otra interlocución que no sea el gobierno mismo, por lo que ahora también dirigen su mirada hacia el Congreso de la Unión, es decir, a la representación nacional y los partidos políticos. ``Es aquí donde empieza a cambiar el rumbo, como que la democracia la está conduciendo ahora la propia sociedad y ya no el gobierno''.

Durante la entrevista, Roqueñí insistió en el papel que han jugado primero el Departamento, luego la Dirección y posteriormente la Subsecretaría de Asuntos Religiosos. ``Ha servido para llenarse de papeles, son más de cinco mil registros de asociaciones religiosas; esto quiere decir papeles, documentos y burocracia, pero sin conducir a nada''. Destacó que no hay un programa política de desarrollo social donde pueda sumarse la ``fabulosa fuerza'' que en este sentido tienen las iglesias, como por ejemplo en el terreno educativo, de salud y asistencial, de recreación y de cultura, entre muchos otros. Aquí, dijo, las iglesias podrían depender más de la Secretaría de Desarrollo Social que de una instancia política, como hasta ahora ha sido.

Respecto de la falta del reglamento a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, luego de seis años de reformas constitucionales, considera que es una señal evidente de que la ley ``nació prácticamente obsoleta'', con márgenes de desarrollo sumamente estrechos y con problemas planteados que todavía no han quedado resueltos, como lo es el de la propia libertad religiosa, la administración de los medios de comunicación a iglesias y la prohibición a los clérigos de participar en política.

``Tal parece que la corriente desborda los márgenes que estableció el legislador'', afirma. Incluso, considera que muchos sectores piensan más en una nueva reforma constitucional, y por lo tanto en una nueva ley, que en un reglamento que norme la ``caduca y obsoleta'' legislación vigente.